Cada vez que alguien entra, la puerta insufla una bocanada de aire frío. El saludo es instantáneo, familiar. Por un momento, interrumpe el ruido de la cafetera y el tintineo de las cucharillas. También se escogen algunos chillidos de niños, igual de imprevisibles. Basta temprano para ser un sábado.

Los cincuenta años de la monarquía española ostentando la jefatura del Estado han trinchado el bloque derechista. El acto que debía ser para conmemorar el medio siglo de los Borbones ostentando esta responsabilidad en el Estado desde la muerte de Francisco Franco tendrá la ausencia de la extrema derecha de Vox. El partido de Santiago Abascal ha anunciado este martes que no participará y plantará, de nuevo, al rey Felipe VI. "No vamos a participar en el sainete que tiene preparado el gobierno, que es una oda al régimen totalitario de Sánchez", ha afirmado la portavoz de Vox en la cámara baja, Pepa Millán, que ha evitado pronunciarse sobre el dictador.

Aborto, Francisco Franco y Palestina son comodines que Pedro Sánchez recurrentemente utiliza para movilizar a su electorado y fracturar a la derecha, llevándola a marcos donde la izquierda está cómodo. Pese a que en las filas populares, como en Vox, son conscientes de esta estrategia del presidente español, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no esquiva estos temas y continúa con su cruzada en el aborto. Su negativa a crear un registro interno –no público– sobre los objetores de conciencia en ejercer abortos ya le comportó el aviso este fin de semana del ministerio de Sanidad de Mónica García que acudirían a los tribunales, lo que ha confirmado este lunes el propio presidente del gobierno español, Pedro Sánchez: el gobierno estatal llevará a la Comunidad de Madrid a la justicia para negarse a elaborar el registro de objetores. En un mensaje en la red social X, Sánchez ha indicado que el ejecutivo solicitará este lunes a la Abogacía del Estado que presente un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM): "Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales". La respuesta de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no tardó en llegar y fue tachar a Sánchez de "dictador". "Defenderemos el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia. Sólo un dictador puede obligarles a hacer lo que no quieren hacer", ha escrito en un mensaje a X.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que llevará a la Comunidad de Madrid a los tribunales después de que no haya elaborado el registro de objetores de conciencia que dicta la ley del aborto. Para la responsable de la cartera de Sanidad, esto supone "una rebelión contra la ley, la democracia y las mujeres". En este sentido, García se ha preguntado "qué le ocurre" a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, "contra las mujeres". El anuncio lo hizo después de participar en un acto de Más Madrid, junto al secretario de estado de Sanidad, Javier Padilla, en el que confirmaron que Madrid es la única comunidad autónoma que no ha elaborado el registro. Un anuncio que ha reafirmado este lunes el presidente español, Pedro Sánchez, afirmando que el gobierno español solicitará a la Abogacía del Estado "presentar un recurso contencioso administrativo ante el TSJ de Madrid" para "defender los derechos de las madrileñas".

Gómez Pereira, médico y humanista español, desarrolló en las páginas de su Antoniana Margarita (1554) una tesis paradójica. Primero nos asegura que los animales son solo autómatas sin alma, hechos de carne, sangre y huesos, incapaces de razonar antes de actuar y que se comportan como el imán con el hierro, siguiendo leyes físicas inevitables. Pero a continuación da un giro a su discurso y nos dice que si los animales sintieran "deberíamos admitir que los hombres actúan de una manera inhumana, violenta y cruel. Porque, ¿qué hay más atroz que unas bestias de carga transportando pesos considerables en largos viajes?" ¿Y qué deberíamos decir del espectáculo de los toros, donde el ganado parece pedir "la libertad con mugidos suplicantes"? Solo si los animales no sienten podemos dormir moralmente tranquilos.

Estos son, desde hace días, los dos grandes temas de discusión en una galaxia no tan lejana llamada Madrid. A primera vista puede parecer una vuelta a los tiempos de la Transición y de las películas del destape, tipo Caray con el divorcio. Pero más allá de lo pintoresco, en el trasfondo de estas peleas capitalinas hay una involución en cuanto a derechos fundamentales ya la propia concepción de la sociedad que nos afectan a todos.

Tras constatar las reticencias de algunas comunidades gobernadas por el PP, como la de Madrid, a garantizar el derecho al aborto a las mujeres que lo soliciten, Pedro Sánchez anunció que incorporaría ese derecho a la Constitución para "blindarlo". La vía del gobierno español es reformar el artículo 43 de la carta magna para su incorporación: "Se garantiza el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, se verá garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres". Ahora bien, ¿este camino blinda realmente ese derecho? En las últimas horas han surgido distintas voces del mundo jurídico que lo han cuestionado.

¿Cómo luchar contra el clima global de involución en cuanto a derechos y libertades? Avances conseguidos a lo largo de décadas corren peligro ante la ofensiva de un populismo reaccionario que marca cada vez más la agenda y los debates públicos. Lo estamos viendo en Estados Unidos de Trump y en toda Europa. Cataluña y España no se escapan. Es en este contexto que debe entenderse la pretensión del gobierno español de blindar el derecho al aborto dentro de la Constitución. ¿Pero es un movimiento genuino o una maniobra para buscar el choque con la derecha? La exministra Irene Montero (Podemos) se ha apresurado a denunciar la supuesta maniobra del PSOE por utilizar los derechos de las mujeres para una operación de interés propio meramente partidista.

La misma semana que el escándalo de las mamografías en Andalucía ha escalado hasta provocar una crisis en el gobierno de Moreno Bonilla, Isabel Díaz Ayuso abría otro frente a Alberto Núñez Feijóo invitando a la izquierda a "ir a abortar a otro sitio", es decir, fuera de Madrid. Las palabras de Ayuso, con un lenguaje muy cercano al de los grupos de católicos antiabortistas, han sorprendido porque suponen un cambio en el discurso de la presidenta madrileña, que hasta ahora se alineaba con las tesis más liberales del partido e incluso se desmarcó cuando defendió el derecho al aborto de los menores de edad. Su pronunciamiento obligó a Feijóo a hacer un comunicado para esclarecer la posición del partido, que es la de garantizar el derecho al aborto conforme a las leyes.

Tras la polémica con el aborto en el Ayuntamiento de Madrid, por la aprobación con los votos del PP de José Luis Martínez-Almeida de una iniciativa de Vox por obligar a informar a las mujeres sobre un falso "trauma posturamente", Isabel Díaz Ayuso se ha sumado este jueves a los ataques públicos contra ese derecho. La presidenta madrileña ha rechazado hacer una "lista negra de médicos" que se niegan a hacer abortos y se ha declarado así en rebeldía ante el ultimátum que ha dado el gobierno español a la Comunidad de Madrid para que cumpla la ley estatal y cree en un máximo de tres meses un registro de objetores de conciencia, al que están marchados todas las autos. "Vayan a abortar a otro sitio", ha dicho Ayuso a Más Madrid en la sesión de control de la asamblea autonómica. Ante el alboroto que ha generado esta frase, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha visto obligado a reaccionar unas horas más tarde ya matizar a Ayuso: el PP, ha dicho, "garantiza" el derecho al aborto.

Respuesta de Pedro Sánchez a la ofensiva ultraconservadora del PP y Vox contra los derechos sociales y reproductivos de las mujeres. El gobierno español ha anunciado este viernes que impulsará una reforma constitucional para incluir el derecho al aborto en la carta magna, una medida con la que el ejecutivo quiere combatir "cualquier intento de retroceso que amenace los derechos de las mujeres". Ésta es una reclamación histórica de los grupos feministas y de la izquierda para evitar que los cambios de gobierno y de mayorías parlamentarias puedan recortar derechos, como intentó sin éxito el ministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz-Gallardón, que a raíz de la fuerte contestación social retiró la propuesta y dimitió, en el 2014. el aborto a la Constitución convertiría a España en el segundo país del mundo en dar este paso después de Francia. "En un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas", añaden las mismas fuentes. La iniciativa supone un cambio del artículo 43 del texto constitucional que no es fácil porque requiere una mayoría calificada de tres quintas partes del Congreso y el Senado, es decir, que se necesita el apoyo del PP.

Ni 24 horas ha tardado el PP de Madrid en rectificar y admitir que la supuesto síndrome postaborto carece de consistencia científica. El alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este jueves que no se "obligará" a las mujeres a recibir "ningún tipo de información" sobre el "trauma posturamente" porque, efectivamente, "no es una categoría científica reconocida", como advirtieron entidades feministas y sociedades médicas.

Con la excusa de dar más apoyo a las mujeres que quieren abortar, el Ayuntamiento de Madrid obligará a los profesionales de sus centros de salud y de los servicios sociales a informar sobre un supuesto "trauma posturamente" que no tiene ninguna validez científica y que responde a una propuesta de Vox, con el apoyo del grupo municipal del PP. La iniciativa, que este miércoles también ha avalado la cúpula de los populares, va en la línea de lo que dicta la agenda de los grupos internacionales más ultraconservadores, de reducir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como, por ejemplo, lo fue el fracasado intento de Castilla y León de hacer escuchar a las mujeres el latido del feto antes de someterse a la interrupción voluntaria del embarazo.

En el 2014, una mujer joven llegó a un hospital de Tucumán (una provincia conservadora del norte de Argentina) con intenso dolor en el vientre y pérdida de sangre: había sufrido un aborto espontáneo. La policía encontró un feto en uno de los baños del hospital y, sin pruebas ni análisis, la acusaron de homicidio y la encarcelaron. Belén, que se ha presentado este martes en el Festival de San Sebastián, recrea la lucha por liberar a esta mujer, víctima de una sociedad patriarcal y un sistema judicial corrupto que se pusieron de acuerdo para aplicarle un castigo ejemplar.

A pesar de su orgullosa pertenencia a lo que acostumbramos a identificar como cine de autor de línea dura (planos fijos largos, respeto al tiempo real, imágenes de aire poético, discurso con tono grave, tendencia a un cierto cripticismo…), en algunos momentos deApril se pueden establecer correspondencias con otros géneros cinematográficos. De hecho, este relato sobre una ginecóloga en crisis y bajo sospecha en Georgia empieza ya como un filme de terror: la misteriosa presencia de una figura fantasmal funciona como alegoría del miedo al cuerpo; quizás sobre las decisiones sobre el propio cuerpo vistas como monstruosidad por ciertos ojos externos.

Comisión de Salud acalorada este jueves en el Parlament de Catalunya. La cámara catalana ha convocado a la consejera de Salud, Olga Pané, para que explique en qué punto se encuentra el acceso al aborto en Catalunya y haga balance de la gestión de la epidemia de la gripe el pasado invierno. Pané ha presentado los datos y en el turno de preguntas la diputada de Vox María Elisa García Fuster ha cargado duramente contra el derecho de las gestantes a interrumpir el embarazo si así lo desean aduciendo argumentos inverosímiles. "Yo vengo de unos hospitales donde he visto a mujeres abortar. He visto cómo el bebé huye y cómo intenta defenderse y pone las manitas para intentar que no le claven la aguja", ha asegurado durante su intervención.

Con un mapa en el que la ultraderecha gana peso en los Parlamentos y en los gobiernos y los derechos de las mujeres se ven amenazados en todo el mundo, hemos hablado con cuatro mujeres que batallan contra esta regresión de derechos desde cuatro ámbitos: los derechos sexuales y reproductivos, los derechos laborales, el avance del machismo entre los jóvenes y las nuevas formas de odio. El feminismo, las feministas, como dique de contención contra los discursos antiderechos.

"Entre los científicos fundamentalmente están ganando aquellos que defienden la verdad de la creación frente al relato de la evolución". Esta frase pronunciada el lunes durante la polémica cumbre antiabortista celebrada en el Senado se hizo viral con memes de todo tipo en las redes sociales. El autor es Jaime Mayor Oreja, ex ministro del Interior durante el primer gobierno de José María Aznar. El exdirigente popular (San Sebastián, 1951), que no ha dejado de recurrir al espantajo de ETA pese a la disolución de la banda terrorista contra quien centró su acción gubernamental, se dedica ahora, ya jubilado, a la difusión de ideas ultracatólicas. Aparte de negar abiertamente las teorías de Darwin, otro de los suyos hits fue comparar el aborto con la esclavitud, ambas a su juicio, una "moda dominante".

El Senado ha acogido este lunes una cumbre mundial de entidades y líderes antiabortistas organizada por una llamada Red Política por los Valores cuyo presidente es un conocido pinochetista chileno y como valedor en España el que fue ministro del Interior con José María Aznar Jaime Mayor Oreja, aunque el único partido español que ha participado como tal es Vox. Es evidente que la libertad de expresión debe amparar las opiniones en contra del aborto, tal y como defiende el PP, que dio luz verde a la celebración del acto. El problema es que entre los participantes hay personas que defienden posturas que atentan contra los derechos humanos. Un ejemplo es la diputada ugandesa Lucy Akello, partidaria de considerar la homosexualidad como un delito, de prohibir incluso que pueda hablarse e incluso de castigarla con la pena de muerte en algunos casos. ¿La mesa del Senado habría tenido que permitir algo así?