Después del fracaso de la manifestación de Colón y la derrota de Susana Díaz en las primarias para elegir al próximo candidato a la Junta de Andalucía frente al candidato de Pedro Sánchez, Juan Espadas, la Moncloa ha decidido pulsar el acelerador para la concesión de los indultos. Ya no se habla de finales de julio como se especulaba inicialmente, sino que como muy tarde se concederán dentro de tres semanas.

Las elecciones madrileñas volvieron a brindar la presidencia de la Comunidad a Isabel Díaz Ayuso, doblando los escaños y elevándola a figura nacional, precipitaron la marcha de Pablo Iglesias de la vida política y confirmaron que el proyecto de Cs, lejos de levantarse, se hunde más en cada cita electoral. Pero, a la hora de la verdad, muchas de las consecuencias que puedan derivar del 4-M todavía están por ver. Y una es cómo el PSOE, debilitado al perder el liderazgo de la izquierda y quedarse lejos de gobernar, reaccionará y si cambiará su posición respecto al independentismo. Todavía faltarán unas semanas para que esto se compruebe con hechos –se verá, por ejemplo, cuando llegue a la mesa de la Moncloa la carpeta de los indultos–, pero este jueves ya se ha demostrado con las palabras que los socialistas han subido el tono contra los partidos independentistas. La vicepresidenta primera del gobierno español, Carmen Calvo, ha comparado al independentismo con Ayuso, ha acusado al PP de "consentir" a los líderes catalanes cuando gobernó y ha advertido de que a la Moncloa no le temblará el pulso para ir al Tribunal Constitucional.

De no poder hacer nada sin el estado de alarma a poderlo hacer "casi todo". En seis meses la Moncloa ha cambiado por completo su discurso sobre cómo responder a la pandemia. Y cada día que pasa el gobierno español ve factibles más medidas sin el amparo de la medida excepcional que permite la restricción de derechos fundamentales. Si a finales de octubre el Congreso aprobó un estado de alarma de seis meses para dar amparo al toque de queda y también al confinamiento perimetral entre comunidades, puesto que entonces el ministro de Sanidad, Salvador Illa, decía que esta era la única opción posible, la vicepresidenta primera del gobierno español, Carmen Calvo, ha defendido este jueves que una vez se ponga fin al estado de alarma después del 9 de mayo, igualmente se podrán seguir prohibiendo los viajes entre comunidades, es decir, se podrá decretar el confinamiento perimetral de todo un territorio.

En el choque abierto entre monárquicos y republicanos en el Congreso no hay semana en la que el PSOE, de la mano del PP y Vox –mientras Podemos continúa dudando a veces qué estrategia seguir–, se opongan a peticiones de los partidos independentistas y soberanistas de la cámara. Si bien el martes los socialistas ya avanzaron que vetarían una nueva comisión de investigación sobre la casa real, la vicepresidenta primera del gobierno español, Carmen Calvo, ha avanzado este jueves que también se opondrán a permitir que Felipe VI comparezca en el hemiciclo por los escándalos de su padre. "Sería inconstitucional", ha señalado en declaraciones a la prensa poco antes de un acto con la Federación Española de Municipios y Provincias para anunciar el nuevo plan de exhumación de fosas. A su entender, el actual jefe de estado "no puede comparecer ni lo tiene que hacer" porque es una "figura neutral en política" como "símbolo de la unidad del Estado". Por eso ha tildado de fantasía "de ERC" la petición registrada en el Congreso.

El presidente español, Pedro Sánchez, ha mostrado su "rechazo rotundo a las conductas incívicas" que estamos viendo las últimas horas con la regularización fiscal de Juan Carlos I. Ara bé, con la misma "rotundidad" ha querido mostrar todo su apoyo al actual jefe de estado, Felipe VI, por las decisiones "ejemplares y el buen uso de los recursos" del hijo del emérito. A pesar de su "rotundo rechazo a las conductas incívicas" Juan Carlos I, Sánchez ha negado que esté actuando así gracias a la inacción por parte de la Agencia Tributaria, puesto que ha podido eludir un delito fiscal porque no ha habido una denuncia por parte de Hacienda. "No se puede cuestionar para nada la profesionalidad y la autonomía de la Agencia Tributaria. En esto quiero ser muy claro del mismo modo que he expresado de forma rotunda el rechazo a conductas incívicas", ha dicho.