La semana termina con un anuncio importante: PSOE y Bildu se han puesto de acuerdo para reformar la ley mordaza.

Casi al mismo tiempo que el gobierno de Mariano Rajoy aprobaba la llamada ley mordaza en el 2015, en un contexto de movilizaciones populares y protestas por los recortes, el entonces jefe de la oposición, Pedro Sánchez, prometió que la derogaría cuando llegara al poder. Esto ocurrió en el 2018 y, desde entonces, en las distintas campañas electorales siempre ha sido una promesa del PSOE que nunca se ha materializado. Recordemos que la ley, impulsada por el ministro Jorge Fernández Díaz, tenía como objetivo proteger a la policía otorgando una especie de carta blanca a los agentes para arrestar y multar a manifestantes.

La derogación de la llamada ley mordaza es la eterna promesa del PSOE y ha acordado con EH Bildu un importante paso en este sentido. La formación aberzale y los socialistas han pactado la eliminación de los balones de goma por otros materiales antidisturbios menos lesivos, reducir el castigo a la desobediencia a la autoridad y las faltas de respeto a los agentes y agilizar las solicitudes de asilo para evitar las devoluciones con la reforma de la ley de extranjería. Éstas son algunas de las cuestiones que atascaron en la anterior legislatura la reforma de la ley de seguridad ciudadana, que decayó en la comisión de Interior por el rechazo de Esquerra y EH Bildu, que no veían suficientemente ambiciosa la modificación de PSOE y Sumar.

Técnicamente, se llama 4/2015, pero todo el mundo la conoce como la ley mordaza. Ya hace nueve años que el gobierno popular de Mariano Rajoy la impulsó y, pese a las críticas constantes que ha recibido para poder sancionar con demasiada discrecionalidad, sigue vigente. Ha habido intentos de reformarla, pero todas las policías del Estado pueden seguir utilizándola. El departamento de Interior de la Generalitat no puede hacer nada por no aplicarla, pero en julio del 2022 impulsó un nuevo protocolo para intentar esquivar sus efectos. Principalmente, querían evitar que la policía multara fácilmente a manifestantes o activistas que querían frenar desahucios. En los diez primeros meses de vigencia, el nuevo protocolo logró reducir un 38% las sanciones en este ámbito. Sin embargo, este lunes el sindicato mayoritario de los Mossos, Fepol, ha denunciado que el nuevo protocolo también ha tenido efectos adversos para la policía.

La ley de partidos de 2002 se aprobó con el fin de ilegalizar a Euskal Herritarok y Batasuna, con el argumento de que no habían condenado el terrorismo etarra (el PP nunca ha condenado con claridad los crímenes del franquismo, y Vox les enaltece). También se ilegalizó el Partido Comunista de España (Reconstituido), por su vinculación a los Grapo. La ley de partidos sigue vigente hoy en día. La ley de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza, también sigue vigente, a pesar de las reiteradas promesas de derogarla. Esta misma semana ha servido para que el PSOE dejara a la intemperie a Yolanda Díaz, que se precipitó a anunciar que por fin la derogaban.

"La ley mordaza será derogada, acabamos de cerrarlo con el PSOE", ha anunciado este martes por la mañana la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, desde Bruselas. Horas después, Sumar ha rebajado el contenido del acuerdo, que les socialistas limitan "única y exclusivamente" a las injurias en el Estado. Se trata de una serie de modificaciones del Código Penal "que tienen que ver con la libertad de expresión" y que no forman parte de la ley de seguridad ciudadana, lo que se conoce como ley mordaza. Es lo que han contado María Jesús Montero, vicepresidenta primera, y Pilar Alegría, portavoz del ejecutivo, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. En paralelo, desde Sumar el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha argumentado en La Sexta que lo que han logrado arañar en el PSOE es "un acuerdo político para volver a iniciar los trámites de la derogación de la ley mordaza, que está incluida en varias medidas legislativas".

Ya hace ocho años que entró en vigor la polémica ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza, una norma promovida por el PP y criticada por algunos sectores porque consideran que permite a la policía sancionar con demasiada discrecionalidad. Han pasado los años (y los colores políticos de los gobiernos), pero la ley sigue en vigor a pesar de los intentos fallidos de reformarla. Ahora hace dos meses cayó la nueva norma propuesta por la Moncloa por el desacuerdo con ERC, EH Bildu y Junts. No obstante, la ley no ha dejado de crear revuelo y ha permitido, por ejemplo, que activistas a favor del derecho a la vivienda fueran multados por sentarse en un portal en medio de un desahucio o fotoperiodistas que cubrían una manifestación. En Catalunya, fuentes del departamento de Interior apuntan que los últimos años habían aumentado las actas que los Mossos d'Esquadra levantaban amparándose en la norma. De hecho, Catalunya es la cuarta comunidad con más sanciones impuestas. Ante esta situación incómoda, el departamento encabezado por Joan Ignasi Elena intentó esquivar los efectos de la ley mordaza con un nuevo protocolo interno. Entró en vigor en julio del año pasado y diez meses después se observa que, hasta ahora, ha conseguido reducir el alcance de la norma española.

Hace un mes el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, anunció un nuevo criterio con la aplicación de la ley mordaza para dejar de poner algunas multas. La intención del departamento es dejar de sancionar a las personas que se manifiestan pacíficamente después de múltiples denuncias polémicas al movimiento de la vivienda y a fotoperiodistas. La conselleria ha terminado la instrucción interna que recoge el nuevo criterio jurídico y que, según ha podido consultar el ARA, enumera seis situaciones que ya no se multarán.

Después de la polvareda que han levantado las últimas multas a fotoperiodistas o a activistas por el derecho a la vivienda en desahucios basándose en la ley de seguridad ciudadana, también llamada ley mordaza, el departamento de Interior ha anunciado que cambiará los criterios para valorar la imposición de estas sanciones. La Generalitat no puede rehuir la ley, que es estatal y que el gobierno español recientemente ha decidido mantener, a pesar de suavizarla en algunos aspectos. Pero el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicado que su departamento cambiará los criterios amparándose en la jurisprudencia europea y del Tribunal Constitucional.

Circula una especie de mito recurrente que señala que en Catalunya se reprime menos la protesta social que en España porque muchas de las funciones de seguridad y policiales están transferidas. Es posible que haya sido así en algún momento, pero desde luego no lo parece en relación a la represión del movimiento de vivienda. Desde marzo de 2019 hasta octubre de 2021, los Mossos lo han bombardeado con multas –364 por un importe de 206.000 euros– gracias a la ley mordaza.

Uno de los puntos del acuerdo de investidura entre el PSOE y Unidas Podemos pasaba por derogar la llamada ley mordaza, que había impulsado el último gobierno del PP, e impulsar una nueva normativa de seguridad ciudadana que garantizara "el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica". Casi dos años después de firmar el pacto de gobierno, el PSOE y Unidas Podemos han llegado finalmente a un consenso para sacar adelante un nuevo marco normativo que se escribirá encima de la reforma que ya había entrado en trámite el PNV. Este miércoles los dos socios de gobierno han entrado finalmente todas las enmiendas consensuadas para incorporar a la ley de los jelztales, que ahora tendrán que negociar con ellos y con los socios habituales para sacar adelante la nueva normativa.

El PSOE y Unidas Podemos retoman la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana conocida como ley mordaza. Los dos partidos del gobierno español han llegado a un preacuerdo por escrito que gira alrededor de varios puntos, tal como informan fuentes del grupo confederal. Entre otras cosas, han acordado eliminar los puntos referentes a las sanciones por las manifestaciones que se celebran sin que se haya solicitado autorización previa en las autoridades o la toma de imágenes de policías.

Portazo del Congreso a derogar el delito de sedición. El pleno de la cámara baja ha rechazado tramitar la proposición de ley de la CUP que apostaba por derogar del todo este delito, la ley mordaza y también la reforma del Código Penal del año 2015. El PSOE ha vuelto a alinearse con el PP, Cs y Vox para negar la tramitación de esta proposición de ley. De este modo, ha vuelto a hacer evidente la discrepancia con su socio de gobierno, Unidas Podemos, de eliminar el delito de sedición del Código Penal como una de las vías para liberar a los presos políticos. Los dos socios de coalición, sin embargo, habían acordado reformar este tipo penal. De hecho, Unidas Podemos, de la mano de Jaume Asens, había hecho llegar una propuesta de reforma hace más de medio año. Ahora bien, el ministerio de Justicia de Juan Carlos Campo todavía no ha movido ficha.

Sí a filmar a policías; no a asediarlos. Con esta fórmula un poco simplista, el ministro de Interior francés, Gérald Darmanin, ha resumido el artículo 24 de la polémica proposición de ley relativa a la seguridad global que penalizará la difusión de imágenes de las fuerzas del orden cuando haya una mala intención. “Nuestro deber es proteger a los policías y a los gendarmes, a menudo a merced de las redes sociales”, explicaba.

Después de los Juegos Olímpicos de Barcelona y antes de cambiar de siglo, en 1995, se aprobó la primera versión del Código Penal español que todavía está vigente. Se incluía el delito de apología del terrorismo, pero solo se podía aplicar si se incitaba de manera directa a cometer una conducta delictiva. En 2000, con la mayoría absoluta del PP y José María Aznar de presidente, se reformó el Código Penal incorporando un artículo específico de enaltecimiento del terrorismo –el 578, uno de los delitos que la justicia imputa a Pablo Hasél, Valtònyc y La Insurgencia por sus canciones–. Y en 2015, en otra reforma, se endureció este artículo 578 pasándolo de uno a tres años de prisión y precisando que si los mensajes se difunden por internet se aplica la mitad superior de la pena.

Igual que pasó con la ley para despenalizar la eutanasia, parece que a la tercera irá la vencida. El Congreso ha impulsado este jueves la reforma de la polémica ley de seguridad ciudadana de Mariano Rajoy del 2015, conocida como 'ley mordaza', con la superación del debate de enmiendas a la totalidad. El paso adelante llega después de dos años de intentos frustrados. Primero, durante la última legislatura de Rajoy, cuando tenía minoría en el Congreso, y que acabó de forma abrupta hace dos años con la convocatoria de elecciones por parte de Pedro Sánchez. Entonces quedó en papel mojado el consenso a qué llegaron todos los partidos en la comisión de interior para eliminar los aspectos más polémicos de la norma. El segundo, durante la breve legislatura del 2019. Y ahora, otra vez de la mano del PNV, que se ha adelantado al gobierno español a pesar del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos para derogar la ley.