Un 38% menos de sanciones por la 'ley mordaza' con el nuevo protocolo de Interior sobre manifestaciones

BarcelonaYa hace ocho años que entró en vigor la polémica ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza, una norma promovida por el PP y criticada por algunos sectores porque consideran que permite a la policía sancionar con demasiada discrecionalidad. Han pasado los años (y los colores políticos de los gobiernos), pero la ley sigue en vigor a pesar de los intentos fallidos de reformarla. Ahora hace dos meses cayó la nueva norma propuesta por la Moncloa por el desacuerdo con ERC, EH Bildu y Junts. No obstante, la ley no ha dejado de crear revuelo y ha permitido, por ejemplo, que activistas a favor del derecho a la vivienda fueran multados por sentarse en un portal en medio de un desahucio o fotoperiodistas que cubrían una manifestación. En Catalunya, fuentes del departamento de Interior apuntan que los últimos años habían aumentado las actas que los Mossos d'Esquadra levantaban amparándose en la norma. De hecho, Catalunya es la cuarta comunidad con más sanciones impuestas. Ante esta situación incómoda, el departamento encabezado por Joan Ignasi Elena intentó esquivar los efectos de la ley mordaza con un nuevo protocolo interno. Entró en vigor en julio del año pasado y diez meses después se observa que, hasta ahora, ha conseguido reducir el alcance de la norma española.

Principalmente, el objetivo del Govern era esquivar los puntos más polémicos de la ley, sobre todo los relacionados con las manifestaciones o los desahucios. Los cambios vinieron de dos flancos diferentes. Uno de organización interna: desde julio del 2022, es la misma conselleria y no los Mossos la que tramita la instrucción de los expedientes sancionadores (un cambio que no acabó de gustar al cuerpo). El segundo cambio fue más de interpretación: un expediente no podrá acabar en sanción si son conductas amparadas por derechos fundamentales, como la libertad de expresión o de manifestación. Para argumentarlo, el departamento cita doctrina del Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que determina que prevalecen estos derechos siempre que sean aplicados de manera pacífica. A la hora de la verdad, esto se traduce en poner obstáculos a los artículos más polémicos de la ley, como el 36.4 (obstrucción a la autoridad), el 36.6 (desobediencia a la autoridad) y el 37.4 (faltas de respeto a la autoridad). Si antes impedir pacíficamente a la comitiva judicial ejecutar un desahucio era obstrucción a la autoridad, ahora se tendría que archivar.

En estos tres artículos, la rebaja de las sanciones desde el nuevo protocolo de Interior es significativa: si los diez meses anteriores a junio del 2022 hubo 9.710 sanciones, de julio del año pasado a abril del 2023 ha habido 5.996. Es decir, se han reducido un 38%. Las que más bajan son las del artículo 36.6 (desobediencia o resistencia a la autoridad), con una bajada del 47%. Además, si solo miramos la fotografía del 2023, las multas de los tres artículos han caído un 42,8%. Se tiene que tener en cuenta, sin embargo, que antes de la medida ya era muy bajo el porcentaje de actas levantadas que acababan en sanciones: tal como explicó el ARA, solo acababan en multa menos de un tercio de los expedientes. Sea como sea, las sanciones se han reducido casi a la mitad.

Uno de los artículos de la ley mordaza que preocupaba más al Gobierno es el 36.4, vinculado sobre todo a los desahucios y al hecho de impedir la entrada a los Mossos o a la comitiva judicial. Con la medida se ha conseguido que se pongan un 34% menos de multas por este motivo y, de hecho, todavía no se ha puesto ninguna durante el 2023. Que la instrucción de los expedientes pase a depender directamente del departamento también ha permitido que se archiven más actas. Motivadas por este artículo, por ejemplo, prácticamente se han doblado los casos de archivamiento. En total, de los tres supuestos que se modificaron, han acabado en nada un 27% más de expedientes que antes. A la vez, a pesar de que todavía depende de los Mossos, el nuevo protocolo también ha permitido reducir en 2.500 el número de actas iniciadas: de 10.000 a 7.500.

Más efectos

Los sindicatos de los Mossos no han recibido con muy buenos ojos el cambio de criterio porque consideran que en cierto modo desprotege a los agentes. El balance de la aplicación de la ley mordaza en Cataluña desde el 2015 se traduce en más de 130.000 sanciones, una media de 18.000 multas al año. Es el mismo número de sanciones que ha habido por faltar al respecto a los agentes, una conducta regulada por el artículo 37.4 de la ley, en ocho años. Ahora la normativa interna de Interior ha permitido que se hayan reducido un 29%. Ahora bien, que queden en nada no quiere decir que los agentes no sigan levantando actas. Por ejemplo, el nuevo protocolo solo ha comportado que los Mossos denuncien un 13% menos de faltas de respeto.