Interior cambia de criterios sobre la 'ley mordaza' y dejará de aplicarla en manifestaciones pacíficas y a fotoperiodistas

BarcelonaDespués de la polvareda que han levantado las últimas multas a fotoperiodistas o a activistas por el derecho a la vivienda en desahucios basándose en la ley de seguridad ciudadana, también llamada ley mordaza, el departamento de Interior ha anunciado que cambiará los criterios para valorar la imposición de estas sanciones. La Generalitat no puede rehuir la ley, que es estatal y que el gobierno español recientemente ha decidido mantener, a pesar de suavizarla en algunos aspectos. Pero el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicado que su departamento cambiará los criterios amparándose en la jurisprudencia europea y del Tribunal Constitucional.

El primer cambio es que a partir de ahora será la conselleria de Interior –y no los Mossos d'Esquadra– los que tramitarán la instrucción de los expedientes sancionadores. Los agentes seguirán levantando acta de las infracciones, pero serán los funcionarios de la dirección general de Administración de la Seguridad los que decidirán si se tramita la sanción. Y aquí es donde se producirá el segundo cambio. Según el departamento, esta decisión se tomará ponderando si las conductas que se revisan están amparadas por la libertad de expresión o el derecho de manifestación.

Elena ha reconocido en una entrevista a Catalunya Ràdio que hasta ahora la ley se aplicaba de manera "mimética". El objetivo es que, a partir de ahora, se aplique de manera "restrictiva", solo para multar los comportamientos más flagrantes: "No tiene ningún sentido que si uno se moviliza pacíficamente tenga como consecuencia una sanción”, ha argumentado el conseller.

El departamento de Interior se basa en las últimas sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que "dicen que el ejercicio de derechos fundamentales no se puede considerar delito". A pesar de todo, el conseller ha subrayado que la interpretación restrictiva de la ley de seguridad ciudadana se hará únicamente en los casos de manifestaciones o comportamientos "pacíficos", que dejarán de estar sancionados.

Una ley controvertida en la que cabe todo

La ley de seguridad ciudadana es una de las normas más controvertidas de los gobiernos de Mariano Rajoy (PP) al frente del Estado. La ley ha estado en el centro del debate político desde su aprobación en 2015, pero ha conseguido salvar hasta ahora la mayoría de intentos de tumbarla o modificarla. De hecho, en 2020 el Tribunal Constitucional avaló la mayor parte del texto legal y, a pesar de que Podemos planteaba derogarla, finalmente consensuó con su socio de gobierno en el Estado, el PSOE, suavizarla en cuanto a las devoluciones en caliente de inmigrantes y las manifestaciones no comunicadas.

Y es que la ley es un gran cajón de sastre donde cabe todo, desde la gestión de las personas sin papeles hasta las sanciones para ejercer la prostitución o para desobedecer a la policía –este apartado ha justificado la mayoría de las multas que se han impuesto durante las restricciones por la pandemia–, pasando por las sanciones a las protestas no comunicadas o las que alteren el funcionamiento de las instituciones.

Identificación de los periodistas

Por otro lado, el departamento de Interior y los Mossos d'Esquadra tienen previsto actualizar con el Col·legi de Periodistes el protocolo que regula los elementos visuales que tienen que llevar los profesionales para identificarse. Elena ha explicado que la semana pasada ya se reunieron con el Col·legi y con el Sindicat de la Imatge (UPIFC). En el encuentro, además del secretario general de Interior, Oriol Amorós, también estuvieron el comisario jefe de los Mossos, Josep Maria Estela, y la intendenta Rosa Bosch.