Acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para suavizar la 'ley mordaza'

MadridUno de los puntos del acuerdo de investidura entre el PSOE y Unidas Podemos pasaba por derogar la llamada ley mordaza, que había impulsado el último gobierno del PP, e impulsar una nueva normativa de seguridad ciudadana que garantizara "el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica". Casi dos años después de firmar el pacto de gobierno, el PSOE y Unidas Podemos han llegado finalmente a un consenso para sacar adelante un nuevo marco normativo que se escribirá encima de la reforma que ya había entrado en trámite el PNV. Este miércoles los dos socios de gobierno han entrado finalmente todas las enmiendas consensuadas para incorporar a la ley de los jelztales, que ahora tendrán que negociar con ellos y con los socios habituales para sacar adelante la nueva normativa.

Uno de los aspectos más destacados es que dejan fuera de la ley de seguridad ciudadana cualquier cuestión relacionada con política migratoria. Sería el caso, por ejemplo, de las expulsiones rápidas de inmigrantes, las llamadas devoluciones en caliente. Esta cuestión pasaría a estar regulada por las leyes de extranjería y los convenios internacionales subscritos por España, porque se trata de "una materia ajena" a la ley de seguridad ciudadana, justifican en las enmiendas.

¿Qué más modifican el PSOE y Unidas Podemos de la actual normativa de seguridad ciudadana?

Derecho a manifestación

• Una de las reivindicaciones que más consenso han generado entre los partidos que han querido impulsar la reforma es la de eliminar las sanciones a las manifestaciones espontáneas que se convoquen sin una comunicación previa, siempre que sean pacíficas. Hasta ahora la normativa del PP preveía sanciones de hasta 30.000 euros. "La falta de trámite previo no determinará la comisión de esta infracción cuando el ejercicio pacífico de este derecho precise una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora, siempre que no cause violencia o alteración del orden público".
• La toma y difusión de imágenes en lugares públicos y manifestaciones (por ejemplo, por parte de los medios de comunicación) no será sancionada. Sí se considerará infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuando puedan suponer un "peligro a la seguridad personal o familiar de los agentes" o se ponga "en riesgo el éxito de una operación" policial. La situación de peligro o riesgo tendrá que quedar reflejada en el acta o denuncia.
• Se tendrán que usar los materiales antidisturbios "menos lesivos para las personas y evitando los que causen lesiones irreparables". De todas maneras, recuerdan que son las "autoridades competentes" las que tendrán que desarrollar los "protocolos específicos", en este sentido, siempre de acuerdo con los "estándares internacionales". En el caso de Catalunya, la autoridad recae en el departamento de Interior.

Sanciones y detenciones

• Las multas que se impongan se podrán fraccionar y pagar en función de la capacidad económica del implicado. Así, habrá una reducción del 50% para los que cobren menos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI) y del 25% para los que cobren entre 1,5 y 2,5 veces el SMI.
• El tiempo de identificación en una comisaría no podrá ser superior a dos horas. La ley del PP permitía una detención de hasta seis horas en la comisaría. Solo se podrá llegar a estas seis horas en casos muy excepcionales. "Excepcionalmente y por razones justificadas, verificables y comunicadas a la persona afectada, se podrá prorrogar hasta un máximo de seis horas", explicitan en una de las enmiendas el PSOE y Unidas Podemos.
• Se obligará a la policía a devolver a los manifestantes al lugar donde han sido detenidos y no dejarlos en comisarías a kilómetros de este punto.
• Los cacheos corporales de la policía siempre se tendrán que circunscribir a indicios concretos y comprobables y, además, se tendrá que evitar que una persona quede desnuda en un operativo policial. "No se dejará a la vista la totalidad del cuerpo, ni tampoco de manera sucesiva cada una de sus partes, con el máximo respeto a la identidad sexual, procurando hacerlo siempre en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros", apuntan en el texto de una de las enmiendas.
• Los atestados policiales seguirán teniendo "presunción de veracidad" de los hechos que se escriban, pero se incorpora un matiz: "Siempre que resulte coherente, lógica y razonable, si no se prueba lo contrario". Hasta ahora el artículo 19 se limitaba a decir: "El acta que se extienda tendrá presunción de veracidad de los hechos que se consignen, si no se prueba lo contrario".
• La tenencia de "drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estén destinadas al tráfico, en lugares o establecimientos públicos" pasa de ser una infracción grave a leve.

Enmiendas en solitario de Unidas Podemos

Las anteriores son las enmiendas más relevantes que han presentado el PSOE y Unidas Podemos conjuntamente, pero el grupo violeta también ha presentado algunas en solitario. Unidas Podemos propone que la grabación de imágenes en la vía pública se haga constar en los atestados policiales y que las grabaciones sean "custodiadas dentro de los plazos que marca la legislación en materia de protección de datos, de forma que puedan ser reclamadas por la autoridad judicial", es decir, que no se eliminen las imágenes antes de lo que marca la ley.

También proponen eliminar la sanción grave que supone la prostitución en la calle, prevista en el artículo 36 de la actual ley mordaza. "El objetivo es proteger a las mujeres en contextos de prostitución, especialmente a las más vulnerables, ante posibles sanciones, manteniendo en todo caso el desincentivo de la demanda". También proponen que tener plantaciones de cannabis en casa no sea sancionado. Finalmente, apuestan por que los jóvenes menores de edad estén exentos de pagar las tasas para obtener y renovar el DNI y el pasaporte.

A la propuesta de reforma que hacen el PSOE y Unidas Podemos ya se ha opuesto el Sindicato Unificado de Policía (SUP), porque considera que supone una "criminalización" de los agentes policiales. El sindicato critica medidas como la limitación temporal de dos horas de las identificaciones en las comisarías, tener que devolver a los detenidos al lugar de la retención o la limitación a la veracidad de los atestados policiales que consideran que supone la nueva redacción. "Mancha injustamente la credibilidad", dicen en un comunicado enviado a la comisión de interior del Congreso.

Intentos previos

Durante el último mandato de Mariano Rajoy, el propio PSOE y también el PNV ya presentaron sus propias proposiciones de ley para reformar la normativa de seguridad ciudadana que los populares habían sacado adelante en 2015. En total, dos intentos frustrados: uno en 2017, cuando toda la oposición del Congreso avaló las dos proposiciones de ley de los socialistas y los nacionalistas vascos, pero que acabaron encalladas en la cámara baja y decayeron cuando Pedro Sánchez convocó elecciones dos años después.

En 2019 el PNV lo volvió a intentar, pero tampoco prosperó a raíz de la brevedad de la legislatura. Los nacionalistas vascos volvieron a presentar su reforma ya con el PSOE y Unidas Podemos en el gobierno. De hecho, se avanzaron a los socios de gobierno. Ahora la normativa estaba parada en el Congreso porque desde noviembre del año pasado que se ampliaba semana tras semana el periodo para presentar enmiendas al articulado.