El 20 de julio de 2010, Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) se despidió de la histórica sede que tenía en la calle Ciutat de Barcelona, junto al Ayuntamiento, para trasladarse a una mucho más amplia y moderna –por dentro, no por fuera– a pocos minutos a pie de distancia. En el pasaje del Rellotge, con acceso desde una reja de la calle Escudellers, los ecosocialistas estuvieron hasta 2019, cuando, ahogados por las deudas, tuvieron que acogerse a un concurso de acreedores para liquidar el partido heredero del PSUC. En plena burbuja inmobiliaria, aquella nueva sede había costado 7,5 millones de euros –incluyendo una importante reforma–, financiados básicamente por CaixaBank. Siete años después, aquel edificio que acabó condenando al partido está a la venta en el portal inmobiliario Building Center –la filial inmobiliaria de CaixaBank– por 1,75 millones de euros. Ahora ya no es propiedad de ICV, sino de la misma entidad financiera, que se la ha quedado ante la imposibilidad de venderla durante el proceso concursal.

Hace unos meses, el sector financiero global comenzó a mostrar signos de inquietud, sobre todo en Estados Unidos, por la caída de First Brands, Tricolor Holdings y los casos de fraude crediticio de los bancos regionales Zions Bancorporation y Western Alliance. El pánico crediticio comenzó a instaurarse en los mercados, también en el Viejo Continente, con caídas en bolsa contagiadas por Wall Street. Hace apenas unos días, la quiebra del intermediario hipotecario británico MFS (Markets Financial Solutions) salpicaba también a diversas entidades crediticias, entre ellas Barclays y el Banco Santander, con una exposición crediticia millonaria.

Las amenazas de Donald Trump contra los aliados europeos, tanto territoriales –una posible anexión de Groenlandia– como comerciales –con más aranceles–, han terminado, de momento, en pausa después de que el presidente de EEUU se echara atrás hace una semana. Pese a la desescalada, los estados europeos prevén nuevas tensiones con Washington y estudian medidas para contrarrestar los ataques estadounidenses a los países del continente, especialmente a los estados miembros de la Unión Europea.

El Tesoro Público prevé alcanzar el próximo año a una emisión neta de deuda de 55.000 millones de euros, al igual que en el ejercicio actual, centrada en títulos a medio y largo plazo, que supondrán casi el 91% del total, es decir, 50.000 millones.

Hace más de diez años, en medio de la Gran Recesión, los dos principales partidos en el Estado, PSOE y PP, acordaban una reforma de la Constitución para asumir y cumplir con la reducción del pasivo que exigía Bruselas a los países más endeudados. Aquello supuso el nacimiento de un corsé permanente para el gasto público fijado en la carta magna española bajo el nombre de "estabilidad presupuestaria" y allanaba el camino para que más tarde, en el 2012, el gobierno de Mariano Rajoy (PP) aprobara la llamada ley de estabilidad presupuestaria. Todo ello exigía a las administraciones públicas ser muy restrictivas con el gasto.

Sin presupuestos, pero con mejora de la calificación de crédito. Moody's, una de las grandes agencias de calificación de crédito, ha mejorado la nota de solvencia de la Generalitat hasta Baa3, lo que supone salir del grado especulativo y entrar en el de inversiones más fiables. Igualmente, mejora la nota del Ayuntamiento de Barcelona, ​​además de la de otros 13 gobiernos autonómicos, como el valenciano o el vasco. La nota para Cataluña es la misma que, por ejemplo, tiene Italia.

Primero fue en el 2023, después en el 2024 y, con posterioridad, en el 2025. Y ahora el próximo año, en el 2026. La Generalitat prevé financiar, como mínimo, el 5% de su deuda en los mercados a partir del próximo ejercicio. Una señal de que esto podría empezar a ser posible, a diferencia del 2012, cuando las autonomías tuvieron que recurrir al Estado a través de distintos instrumentos como el fondo de liquidez autonómica (FLA), es el acuerdo por el que la gran banca apoya de nuevo a la administración catalana después de trece años. Esto siempre que no haya elecciones previamente, ya que los presupuestos vigentes son los de 2023 y desde entonces están prorrogados.

Objetivo logrado. La gran banca vuelve a financiar a la Generalitat trece años después. CaixaBank, Banco Sabadell, BBVA y Santander son cuatro de las seis entidades financieras que han permitido al Gobierno completar "con éxito" el proceso de refinanciación parcial del fondo de liquidez autonómica (FLA) 2023 a un tipo de interés inferior al vigente por importe de 3.500 millones de euros. A consecuencia de esta operación, la administración catalana se ahorrará 127,6 millones en intereses en once años, hasta el 2035, según los cálculos de la Conselleria de Economia. Es la primera operación con el sector financiero privado para financiar deuda a largo plazo que se produce desde 2012, el ejercicio en el que se cerraron los mercados para las autonomías y nacieron los instrumentos para proporcionárseles liquidez y recursos para pagar a los proveedores. BBVA ha firmado un acuerdo para refinanciar 1.000 millones y el Santander, alrededor de 700 millones. CaixaBank y Sabadell no han facilitado las cantidades facilitadas.

La Ley de la Segunda Oportunidad en España permite a particulares, autónomos y pequeños empresarios liberarse de deudas que no pueden asumir, pero el proceso puede afectar a su bienestar mental y emocional. Por eso, contar con un buen asesoramiento es clave para evitar situaciones límite en las que un individuo debe hacer frente a deudas que no puede pagar. Ante este contexto, es importante recibir una atención personalizada, humana y con un enfoque legal comprometido, como la de EmpezarDeNuevo.com. Esta plataforma con 20 años de experiencia, cuenta con el soporte del despacho Allura y Peimondt, un bufete especializado en derecho concursal afincado en Terrassa ya través del cual gestiona todos sus casos a nivel nacional. Hoy en día han logrado condonar a sus clientes hasta 15M de euros.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la confianza en la economía estadounidense se ha visto tocada. La guerra comercial contra sus socios comerciales, los planes de recortes masivos de impuestos y la inconsistencia en la política exterior han dañado la reputación de EE.UU. como primera potencia económica. Esto se ha visto reflejado, en parte, en un abaratamiento del dólar —la moneda de reserva global— y, por extensión, puede afectar al papel de los bonos del Tesoro estadounidenses como activos refugio indispensables para el funcionamiento de la economía mundial.

La riqueza neta de las familias españolas creció en el primer trimestre de este año el 8,1% respecto al mismo período de hace un año, hasta los 2,4 billones de euros, según las cuentas financieras publicadas por el Banco de España. El mismo informe recoge una moderación de la deuda de los hogares hasta situarse en el 43,5% del producto interior bruto (PIB), nivel mínimo desde el primer trimestre de 2000.

Pocos días después de anunciar una batería de aranceles contra la mayoría de los países del mundo en un acto bautizado por él mismo como el Día de la Liberación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio marcha atrás y suspendió la mayoría con la intención de "negociar". Aunque las bolsas reaccionaron con números rojos y la mayoría de los gobiernos hicieron llegar sus críticas a la medida, el retroceso de Trump se debió, en buena parte, al encarecimiento de los bonos del Tesoro, los títulos de deuda del gobierno estadounidense.

La tensión en el comercio internacional por el caos arancelario de Estados Unidos pasará de largo por la economía española. del consejo de ministros extraordinario de este miércoles. "A pesar del caos arancelario, el apagón eléctrico de esta semana o la catástrofe natural de la DANA, la economía española seguirá liderando en términos de crecimiento entre las principales economías de la zona euro", reiteró Cuerpo, que cifró en 400 millones de euros. el impacto económico de la incidencia eléctrica.

La cancelación de 17.104 millones de euros de deuda del FLA es uno de los cinco compromisos económicos incluidos en el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez entre ERC y el PSOE en noviembre del 2023. Los otros cuatro son: el traspaso de Cercanías, con los recursos necesarios para mejorar esa infraestructura clave; un fondo permanente de 150 millones de euros anuales para proyectos de investigación científica en Cataluña; una dotación de 1.600 millones de euros hasta el 2030 para ampliar el cuerpo de Mossos d'Esquadra y crear nuevos órganos judiciales, y la creación de un consorcio para garantizar la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya.

¿Es una buena noticia que la Generalitat no tenga que devolver al Estado 17.104 millones de deuda? Sí, lo es. Por razones obvias. ¿Es una "levantada de camisa", como dice Junts? No, no lo es, la Generalitat dispondrá de 17.104 millones. ¿Es café para todos? Sí, como siempre. Todo lo que negocia Cataluña es para los demás, también. Es decir, no es una tomadura de pelo siempre que aceptamos que del recorte de la deuda se benefician todos los gobiernos autonómicos (excepto los del País Vasco y Navarra, que tienen un sistema propio de financiación), y siempre que entendamos que la deuda no desaparece sino que se transforma, es decir, que una cosa es que la Generalitat tenga más dinero y una cosa es que la Generalitat tenga más dinero.

La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, se apresuró a salir a rechazar los 1.741 millones de euros que le corresponderían en Baleares por la condonación de la deuda del fondo de liquidez autonómico (FLA) que ha acordado el gobierno de España con ERC. La razón esgrimida por Prohens para justificar el rechazo de un dinero que pertenece a los ciudadanos de Baleares es que la propuesta de números presentada por la ministra Montero responde a una condonación de deuda "negociada por y para Catalunya". Y como argumento añadido, exhibe un supuesto agravio comparativo: de acuerdo con los cálculos presentados por el gobierno español, a Baleares se le "perdonarían" 1.413,4 euros por habitante, mientras que en Catalunya serían 2.133,5 euros por habitante.

La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, se apresuró a salir a rechazar los 1.741 millones de euros que le corresponderían en Baleares por la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que ha acordado el gobierno de España con ERC. La razón esgrimida por Prohens para justificar el rechazo de un dinero que pertenece a los ciudadanos de Baleares es que la propuesta de números presentada por la ministra Montero responde a una condonación de deuda "negociada por y para Catalunya". Y como argumento añadido, exhibe un supuesto agravio comparativo: de acuerdo con los cálculos presentados por el gobierno español, a Baleares se le "perdonarían" 1.413,4 euros por habitante, mientras que en Catalunya serían 2.133,5 euros por habitante.

La decisión de condonar 17.100 millones de euros de la deuda de la Generalitat con el Estado a través del FLA representa el cumplimiento de uno de los acuerdos entre ERC y el PSOE que permitieron la investidura de Pedro Sánchez y supone, además, un balón de oxígeno para las arcas de la Generalitat, ya que de esta forma se ahorrará unos 1.500 millones de euros en intereses, según el cálculo hecho público por Oriol Junqueras. El ministerio de Hacienda ha hecho extensiva esta condonación al resto de comunidades autónomas con unos criterios que, curiosamente, hacen que Andalucía sea la más beneficiada (18.800 millones) y que después de Catalunya vengan ya la Comunidad Valenciana (11.210 millones) y la Comunidad de Madrid (8.644 millones). De esta manera, María Jesús Montero consigue poner a los varones autonómicos del PP en un apuro, ya que si hacen caso a lo que dice su presidente, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, votarán en contra. Sin embargo, la medida con toda probabilidad se aprobará en el Congreso y entonces habrá que ver si estas comunidades se acogen o no. No hacerlo sería perjudicar a sus propios ciudadanos por una cuestión política.

El Gobierno ha aprobado este martes, vía decreto, la condonación de la deuda a las familias vulnerables que recibieron pagos indebidos de la renta garantizada de ciudadanía (RGC). Así, el ejecutivo no reclamará el retorno de importe alguno a las más de 2.800 familias que recibieron ingresos por error "siempre que sea por causas imputables a la administración y que los importes no superen el 50% del indicador de renta de suficiencia (IRSC) mensual en vigor". Tampoco se exigirá la devolución de las ayudas por cantidades superiores en los casos en que las personas beneficiarias se encuentren en una situación de vulnerabilidad o hayan obtenido ingresos inferiores al doble del salario mínimo interprofesional durante el año 2023.

Hacía meses que los trabajadores de la empresa Acaba con tu deuda no cobraban la nómina. Sin embargo, se presentaron puntualmente en la reunión convocada por su jefe, MF, en la oficina de la calle Aribau de Barcelona. Allí les comunicó que no podía pagarlos porque había sufrido un robo esa misma noche. Desconfiados, los empleados pidieron al guardameta del edificio acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad. "Vimos nuestra cabeza saliendo del edificio con una mochila llena de dinero", explica Laura. Según esta extrabajadora, que llevaba parte de la contabilidad de la empresa, MF se marchó con un millón de euros en efectivo. Su testimonio ha sido clave para llevar a los juzgados una presunta estafa que podría afectar también a cientos de personas en situación de insolvencia en todo el Estado y que, según ha podido saber el ARA, ya ha llegado a la Audiencia Nacional.