El ministerio de Trabajo reclama 110 millones de euros a Uber Eats por haber dado empleo a 60.000 repartidores como falsos autónomos entre los años 2022 y 2026, según ha avanzado El País y han confirmado a el ARA fuentes del ministerio de Trabajo. La Inspección de Trabajo, que depende de la cartera que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz, inició una investigación el verano del año pasado y llegó a la conclusión de que estos trabajadores debían ser asalariados.

Hay momentos en los que la vida acelera y enloquece. Le ocurrió el año pasado a Abou Sangaré, un migrante guineano que llegó a Francia a los 16 años después de atravesar Malí, Argelia, Libia, el Mediterráneo e Italia. Establecido en Amiens, en el norte de Francia, Sangaré fue elegido para encarnar a un migrante sin papeles, como él mismo, en la película La historia de Souleymane, que en mayo de 2024 se estrenaba en Cannes, donde su interpretación fue premiada como la mejor de la sección Una Cierta Mirada. Seguía sin tener papeles, pero le aclamaban como una estrella. "Canes fue una experiencia muy estresante para mí –matiza el actor a través de videollamada–. Presentar la película ante 900 personas no es algo que haga habitualmente y me puse muy nervioso. Y cuando después todo el mundo se puso a aplaudir fue directamente cómo aterrizar en otro mundo".

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid ha multado con 56,7 millones de euros la empresa de reparto a domicilio Glovo por la contratación de repartidores como falsos autónomos e inmigrantes sin documentación para trabajar en España, ha informado este martes el ministerio de Trabajo.

Glovo cerrará parte de su red de supermercados fantasma, el servicio conocido como Super Glovo, en las ciudades de Bilbao, Pamplona, ​​Las Palmas, Tenerife, Granada y Alicante y presentará un ERE para sus trabajadores. Según ha avanzado El Periódico y confirmaron fuentes de la empresa a Europa Press este jueves, el resto de tiendas y establecimientos de Glovo en estas ciudades "seguirán estando disponibles con total normalidad".

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso del Partido Popular contra la ley rider, por lo que la norma recibe el aval definitivo del tribunal. El pleno del TC ha aceptado la constitucionalidad de la ley por seis votos contra cuatro, además de una abstención. Tanto el PP como Vox impugnaron ante el TC el decreto ley –aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez y ratificado por el Congreso de Diputados en el 2021–, que modifica el Estatuto de los Trabajadores para "garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales", como Glovo, UberEats o Deliveroo. Ambos partidos alegaron que el ejecutivo hizo un "uso abusivo" de la figura del decreto ley, que en principio está reservada para legislar cuestiones de urgencia.

Desde que Delivery Hero compró la compañía catalana en 2021, Glovo acumula cambios para tratar de alcanzar por fin la rentabilidad. La aplicación de reparto a domicilio ya ha despedido a empleados, ha enderezado los mercados donde opera y ha cerrado algunos de los nuevos negocios en los que había entrado para diversificar sus ingresos. Entre estas víctimas de los planes para dejar atrás los números rojos se encuentran Glovo Concepts. Según ha podido saber el ARA, la empresa ha liquidado esta división, que puso en marcha en 2020 como servicio para los restaurantes interesados en crear marcas virtuales de delivery y que tiene un equipo de unos 30 trabajadores a nivel global.

La vicepresidenta segunda del gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha confirmado este miércoles que la Inspección de Trabajo ha impuesto una multa de casi 79 millones de euros a Glovo por mantener a repartidores como falsos autónomos, como ha avanzado la Cadena SER esta mañana. Concretamente, la autoridad laboral ha regularizado la situación de 8.331 trabajadores de Glovo en Barcelona y 2.283 trabajadores en Valencia.

La ley rider entró en vigor hace un año, y la valoración general es que se ha quedado a medias. Por un lado, los riders y sindicatos critican el hecho de que en algunos casos las empresas busquen nuevos métodos para eludir la contratación directa y se quejan también de la lentitud de los procesos judiciales; por otro, las empresas se quejan de los altos costes, a pesar de que aseguran que están haciendo todo lo posible para cumplir con la norma.

La primera huelga formal en el sector del reparto a domicilio ha conseguido hacerse notar. Unos 150 trabajadores de los supermercados de Glovo se han concentrado este viernes por la mañana ante la sede de la empresa y han repetido la acción a primera hora de la tarde en el centro de Barcelona para reclamar su contratación directa y algunas mejoras en las condiciones laborales. Así se ha saldado la primera de nueve jornadas de huelga que se repartirán entre este fin de semana y los dos siguientes. La primera movilización ha tenido un 100% de seguimiento, según CCOO de Catalunya, y ha paralizado la actividad en los supermercados que la empresa tiene en Barcelona.

Nuevo paso atrás en la relación entre la plataforma de reparto a domicilio Glovo y su músculo laboral. Los trabajadores de los supermercados propios de la empresa, los cerrados al público pero donde se preparan los pedidos, harán nueve días de huelga repartidos del 27 al 29 de agosto y del 10 al 12 de septiembre. Se trata de los trabajadores que lograron la condición de asalariados coincidiendo con la entrada en vigor de la ley rider, que denuncian que no los haya contratado directamente Glovo sino una empresa de trabajo temporal (ETT).

Los tres días consecutivos de movilizaciones que acumulan parte de los repartidores de Glovo han dado sus frutos: según CCOO, la plataforma de reparto a domicilio ha informado a los riders que hará cambios en la aplicación. No ha avanzado más detalles, con solo que los prepara de cara al viernes. Mientras tanto, siempre según este sindicato, los trabajadores disconformes se han organizado para boicotear el sistema del cual se quejan, y no descartan hacer una huelga indefinida si no están de acuerdo con los cambios que presente la compañía.

Los noventa días de margen han expirado: en cuestión de horas, las empresas de reparto de comida a domicilio ya no podrán operar utilizando trabajadores autónomos. Esta es una de las claves de la ley que regula la situación laboral del sector y que, una vez superados todos los trámites, entra mañana jueves en vigor, exactamente tres meses después de que el texto se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

"Me dijo: «Eres muy guapa, dame tu número de teléfono, por favor ». Le respondí: «¿Qué te pasa? ¿De qué vas? Soy una trabajadora». Él me puntuó mal y dijo que no le había entregado el paquete". Esta es la situación con la que se encontró una repartidora después de entregar un pedido mientras trabajaba para una plataforma digital. El sindicato CCOO de Catalunya ha presentado este jueves un estudio que recoge las experiencias de 18 riders y alerta sobre riesgos menos evidentes que sufre este colectivo, como los accidentes de tráfico y los casos de acoso sexual.

La solución ha costado meses de reuniones, estiras-y-aflojas con la patronal y algunas protestas en la calle. Aun así, el texto final de la llamada ley rider no satisface ni a los repartidores ni a las aplicaciones. "Han cedido absolutamente en todo lo que la patronal les ha pedido. Han suprimido todas las cuestiones propuestas por los trabajadores para que esta ley fuera más allá de los riders", ha protestado en Twitter la asociación RidersXDerechos. Finalmente, la normativa solo obligará a contratar como trabajadores a los mensajeros que hasta ahora estaban dados de alta de autónomos. Aun así, al inicio de las conversaciones sobre la ley se había planteado extender esta laboralización a todos los trabajadores de la plataforma, sin importar el sector. Pero fuentes sindicales han insistido que se ha encontrado un "punto de equilibrio" y confían que se continuarán haciendo adelantos en la regulación de este fenómeno laboral.

La última reunión antes de cerrar la propuesta definitiva para regular el trabajo de los riders ha acabado sin acuerdo formal, pero con el visto bueno de todas las partes implicadas para convertir a los repartidores en trabajadores asalariados. "Hay bastante consenso en reconocer la laboralidad", indican fuentes del ministerio de Trabajo. "La novedad es que las organizaciones empresariales acceden a la laboralidad de los riders", coinciden desde los sindicatos. De esto, y de las diversas veces que se ha insinuado que el gobierno legislará en este sentido aunque no se llegara a ningún acuerdo, se deduce que la propuesta del gobierno será hacerlos trabajadores asalariados por ley.