"Tengo los votos a mi alcance para ser presidente, pero no acepto el precio que me piden para serlo". El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado este martes una primera sesión de un debate de investidura inédita, ya que el candidato ha sacado pecho de no contar con los suficientes apoyos para ser proclamado presidente del gobierno español. Este precio, según Feijóo, son la amnistía y la autodeterminación, que consideró "jurídica y políticamente inaceptables". Sus cálculos obvian que, en caso de que le parecieran aceptables, Vox dejaría de apoyarle y los números continuarían sin cuadrarle.

Seguir las propuestas de reforma del código penal recuerda estos días a escuchar el Carrusel Deportivo en los domingos de nuestra infancia; hay que estar atento al minuto y resultado. A veces ni aun así se entera uno. De golpe, el Gobierno quiere eliminar el delito de sedición, rebajar parcialmente las penas en el de malversación y arreglar el desaguisado de la ley del solo sí es sí. Y cada día lo hace de un modo diferente.

Dos semanas después de que el presidente español, Pedro Sánchez, lo anunciara, el Congreso pone en marcha la supresión del delito de sedición. En un debate crispado que ha empezado pasadas las diez de la noche (ha acabado casi a la una de la madrugada) y sin Sánchez ni ningún ministro en el hemiciclo –Yolanda Díaz, Irene Montero y Alberto Garzón comparecieron en la parte final del debate–, la norma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, con el aval de ERC, ha empezado oficialmente su tramitación parlamentaria con los votos favorables de los socios de investidura, 187 en total, y 155 en contra –el texto no lo revisará el Consejo General del Poder Judicial–. Lo ha hecho, eso sí, ante la feroz oposición de la derecha española, que ha atacado duramente al gobierno de coalición y a sus socios porque considera que la reforma es una "traición" a España. El PP hace días que lidera una ofensiva para que la norma fracase y este jueves la ha intensificado la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, presentando la reforma como un "desmantelamiento" del Estado como forma de "pago" al independentismo catalán, que ha vuelto a calificar de "golpista". "España no lo olvidará", ha amenazado.

El posicionamiento de Carles Puigdemont contra la reforma del delito de sedición es perfectamente coherente con su apuesta estratégica cuando decidió marcharse al exilio. De lo que se trata, en su opinión, es de ganar la partida judicial en el ámbito europeo para así obligar al estado español a reformarse y homologarse a otros países con más pedigrí democrático, como la propia Bélgica, que acoge las instituciones de la Unión. Esta vía tiene la ventaja de que sitúa el conflicto en un ámbito, el internacional, que incomoda y enerva mucho al Estado (que ve cómo sufre derrotas dolorosas), pero es lenta y de resultado incierto al final del camino.

Si se acude a un diccionario de sinónimos nos encontraremos con que el término sedición se equipara a sublevación, rebelión, motín, asonada o tumulto, entre otros varios de significado parecido. El delito de sedición tiene una larga tradición legislativa en nuestros códigos penales y se recoge también en el vigente, pero como un delito contra el orden público. Desde la doctrina penal se han formulado serias objeciones no solamente al concepto sino también a la desproporción de las penas.

Pronto hará dos años que los comuns hicieron llegar al PSOE su propuesta para reformar el delito de sedición y, desde entonces, pocas cosas se han movido para que la iniciativa que ha abanderado Jaume Asens tenga opciones de materializarse. La Moncloa, de hecho, ha tenido todo este tiempo la medida guardada en un cajón –ha hablado en contadas ocasiones con el socio minoritario, Unidas Podemos, sobre cómo abordarla–.

1. Victorias pírricas. Todos los episodios del Procés conducen al mismo momento: octubre del 2017. Estos días hemos visto el regreso de Puigdemont a primer plano. Esta vez en Alguer, el ex president ha podido exhibir un nuevo éxito europeo en el contencioso con el poder judicial español. El independentismo canta victoria. Desde Valencia, Pablo Casado no puede contener la rabia y se compromete a traer a Puigdemont aunque tenga que recorrer todos los países de Europa. Es decir, que si algún día es presidente del gobierno llegará allá donde los jueces fracasen: curiosa idea corporativa del Estado –propia de los regímenes autoritarios– que pone el ejecutivo al servicio del judicial y al revés.

La Generalitat aspira que la causa del Tribunal de Cuentas contra altos cargos del Govern por la acción exterior aparezca en los informes de la ONU. Este viernes, la dirección general para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que depende de la conselleria de Igualdad y Feminismos, ha enviado a las Naciones Unidas dos documentos que señalan la vulneración de los derechos humanos que, a parecer suyo, representan la causa al órgano fiscalizador y también la formulación del delito de sedición en España. Estos informes se han entregado al relator especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Clément Nyaletsossi Voule, con el objetivo de que se incorporen al informe que presentará en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

A pesar de estar tan acostumbrados a discrepar cuando se trata de hablar de cuestiones relativas al horizonte del Procés, ERC y JxCat coinciden cuando se les pregunta por la reforma del delito de sedición del Código Penal que estudia el gobierno español: “Humo”. “Lo que queremos es la amnistía”, replican fuentes de los dos partidos. Pero desde hace 12 días, oponerse a esta reforma se ha convertido en algo más complicado. El informe del Consejo de Europa del 21 de junio, reivindicado y exhibido por el independentismo como un triunfo porque reclama la libertad de los presos políticos, también da la bienvenida al hecho que el ejecutivo de Pedro Sánchez quiera reformar la sedición -y la rebelión- para evitar penas “desproporcionadas” como las que han sufrido los líderes independentistas. Si lo dice el Consejo de Europa, ¿hará más proclives a ERC y JxCat a aceptar la reforma?

La mesa de diálogo volverá este año con la puesta en marcha del nuevo Govern, pero Pedro Sánchez no tiene prisa para reactivarla. Si el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamado en una entrevista en el ARA este domingo ponerse manos a la obra pronto, el jefe del ejecutivo español ha rebajado la urgencia y ha afirmado que "ya habrá tiempo para reunirse". Recibirá a Aragonès en la Moncloa antes del verano, sí, pero la mesa de diálogo podría dilatarse más, ha indicado en rueda de prensa desde Alcalá de Henares posterior a la cumbre con el gobierno polaco.

El pasado jueves el Tribunal Constitucional (TC) tumbaba el recurso de amparo que había presentado Jordi Turull en contra de su condena en la sentencia del Procés. Abría el camino, así, para que el ex conseller fuera el primero de los presos políticos en llevar el veredicto del Tribunal Supremo a instancias internacionales, concretamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Pero la decisión del TC hecha pública la semana pasada tuvo dos votos particulares. Se trata de Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, dos magistrados del sector progresista que, según publica este lunes El País, defienden que el delito de sedición está descrito con demasiada amplitud y que las penas asociadas a él son demasiado altas, cosa que abre la puerta a la modificación de este tipo penal.

Portazo del Congreso a derogar el delito de sedición. El pleno de la cámara baja ha rechazado tramitar la proposición de ley de la CUP que apostaba por derogar del todo este delito, la ley mordaza y también la reforma del Código Penal del año 2015. El PSOE ha vuelto a alinearse con el PP, Cs y Vox para negar la tramitación de esta proposición de ley. De este modo, ha vuelto a hacer evidente la discrepancia con su socio de gobierno, Unidas Podemos, de eliminar el delito de sedición del Código Penal como una de las vías para liberar a los presos políticos. Los dos socios de coalición, sin embargo, habían acordado reformar este tipo penal. De hecho, Unidas Podemos, de la mano de Jaume Asens, había hecho llegar una propuesta de reforma hace más de medio año. Ahora bien, el ministerio de Justicia de Juan Carlos Campo todavía no ha movido ficha.