El Consejo de Europa reclama liberar a los presos y retirar las euroórdenes
El gobierno español critica que el texto tiene "incoherencias" pero interpreta que avala a España como estado de derecho
Bruselas¿Se tendría que perseguir a los políticos por las declaraciones que han hecho en el ejercicio de su mandato? Es el título del informe que ha aprobado este lunes la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa por 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones, y que recoge en las sus 28 páginas el caso de la persecución de los políticos de la minoría curda en Turquía y "el procesamiento de varios políticos catalanes finalmente condenados a largas penas de prisión por sedición y otros delitos, entre otras cosas por declaraciones hechas en el ejercicio de sus mandatos políticos en apoyo a un referéndum inconstitucional sobre la independencia de Catalunya". El simple hecho de que el proceso catalán se enmarque dentro de este informe ya es una victoria para el relato del independentismo en el exterior, pero el texto todavía va más allá y pide indultar o liberar a los presos, retirar las euroórdenes, retirar las acusaciones por el 1-O a funcionarios de bajo rango y no exigir a los presos que se abstengan de sus convicciones políticas a cambio de regímenes penitenciarios más favorables.
El informe ha sido redactado por el diputado socialista letón Boriss Cilevics, que ha dedicado más de un año de investigación con visita incluida a Lledoners. El texto está claro en sus reclamaciones, y lo era todavía más, pero España ha ejercido presión para conseguir retirar palabras como amnistía o exiliados, a través de enmiendas, según ha explicado este lunes la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. Después de que la comisión de Asuntos Legales del Consejo de Europa aprobara el texto ahora hace una semana, el ministerio de Exteriores tuiteó que el informe "avala" la actuación de España respecto a los presos, pero al mismo tiempo el gobierno de Sánchez considera que el texto parte de un "pecado original", que es "poner en cuestión la libertad de expresión de los políticos en España", ha dicho la ministra española. Así, mientras destacaba las partes del texto que suponen un "voto de confianza al estado de derecho español y su independencia judicial", González Laya también ha criticado la "incoherencia" que a su entender supone "pedirle le al poder ejecutivo que se inmiscuya en las decisiones del poder judicial".
De los 324 miembros de la asamblea, 12 son españoles. Estos son principalmente los responsables de las enmiendas presentadas al texto, que no han progresado en su mayoría. De hecho, una de las parlamentarias es Laura Castel, de ERC, que ha intentado cambiar referéndum "ilegal" por referéndum "no autorizado" o añadir la reclamación de amnistía además de la liberación. Por su parte, parlamentarios del PP habían propuesto una enmienda en la que también se reclamara respetar el derecho de la oposición en Catalunya. Desde el PSOE se han presentado enmiendas para eliminar la petición "de liberación" o para retirar las acusaciones contra los cargos de bajo rango acusados en la causa del 1-O. Además de la polémica interna y de la presión que ha ejercido el gobierno español, también hubo tres asociaciones de jueces que reclamaron directamente a Sánchez que se impidiera la aprobación del texto, porque consideran que pone en entredicho la objetividad de la justicia española.
Durante el debate, su ponente se ha mostrado satisfecho de no haber "contentado" a ninguna de las partes implicadas, cosa que ha interpretado como un "buen señal" del equilibrio del texto. Cilevics ha defendido que "Turquía y España son países muy diferentes, pero tienen algunas cosas en común" y también ha respondido "a los colegas que creen" que no se tienen que pronunciar porque "interfieren en la independencia judicial": "Los tribunales no están por encima de las críticas", ha dejado ir. Ahora bien, el ponente también ha dicho que no quiere que su informe sea utilizado "para promover el separatismo" y ha replicado a la parlamentaria de ERC que el referéndum fue inconstitucional pero que lo que es "desproporcionado" y "contrario al estado de derecho" es el castigo. A los parlamentarios del PP que han defendido que los políticos independentistas no están encarcelados por sus afirmaciones, sino por sus actos, el letón ha respondido: "Todo el mundo sabe que los presos catalanes no incitaron a la violencia, solo hablaron y organizaron una votación y por eso se los condenó, por lo tanto no puedo aceptar la afirmación de que fueron condenados por hechos y no por declaraciones".
Sin violencia
El texto hace equilibrios pero es contundente respecto a la judicialización del Procés. Defiende que España es una democracia "vibrante" en la que "la mera expresión de visiones independentistas no da pie a una persecución penal". También asegura que respeta "el orden constitucional español" y la independencia de sus tribunales pero considera "incuestionable" que ninguno de los políticos acusados "llamó a la violencia". Al contrario, sigue el texto, "también la Fiscalía reconoce que llamaron a los manifestantes a abstenerse de cualquier acto violento". Y, al mismo tiempo que remarca que el referéndum fue declarado inconstitucional e ilegal, da la bienvenida al anuncio de la reforma del delito de sedición para evitar penas "desproporcionadas" y recuerda que las autoridades españolas siguen buscando la extradición de políticos catalanes residentes en otros países europeos "a pesar de varios contratiempos en los tribunales alemanes, belgas y del Reino Unido".
Inmediatamente después de la votación, el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, y la consellera de Acción Exterior, Victòria Alsina, han comparecido en la delegación del gobierno ante la UE en Bruselas y han calificado el resultado como el "aviso más relevante políticamente que Europa ha enviado a España hasta ahora". Puigneró ha ido más allá y ha criticado los "miniindultos" de Sánchez y ha interpretado que "el Consejo de Europa está diciendo a España que tiene que aplicar la amnistía".
El Consejo de Europa todavía no es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, pero están relacionados. Es la organización internacional formada por diputados de 47 países. Vela por el cumplimiento de los derechos humanos y también hace promoción a través de convenciones internacionales como por ejemplo el convenio para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. A través de organismos independientes y especializados, hace seguimiento de sus estados miembros. No es una institución de la Unión Europea. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos es el órgano judicial permanente que vela por el cumplimiento de Convenio Europeo de los Derechos Humanos. La sede de las dos instituciones está en la ciudad francesa de Estrasburgo.
- Liberar o indultar a los presos "Considerar indultar o liberar de la prisión a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional de octubre de 2017 y las manifestaciones pacíficas relacionadas y considerar la posibilidad de abandonar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que viven en el extranjero"
- Retirar las acusaciones contra los cargos inferiores "Retirar los procesos restantes también de los cargos inferiores implicados en el referéndum inconstitucional de 2017 y abstenerse de sancionar a los sucesores de los encarcelados por acciones simbólicas que simplemente expresan su solidaridad con los detenidos"
- No exigir renunciar a las opiniones políticas "Abstenerse de exigir a los políticos catalanes detenidos que renieguen de sus profundas opiniones políticas a cambio de un régimen penitenciario más favorable o una posibilidad de indulto; sin embargo, se les puede exigir que se comprometan a perseguir sus objetivos políticos sin recurrir a medios ilegales"
- Diálogo constructivo "Iniciar un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas de Catalunya, incluidas las que se oponen a la independencia, para reforzar la calidad de la democracia española, uno de los Estados más antiguos de Europa, mediante la autoridad del Estado de derecho, el buen gobierno y respeto total de los derechos humanos, sin recurrir al derecho penal, pero respetando plenamente el derecho orden constitucional de España"
