Política 18/06/2021

Tres asociaciones de jueces piden a Sánchez que impida aprobar el informe del Consejo de Europa sobre los presos

Critican el texto porque pone en entredicho "la objetividad" de la justicia española

ARA
3 min
Imagen del tribunal del juicio del Proceso

BarcelonaTres asociaciones de jueces españolas han hecho público este viernes el rechazo al informe del Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Consejo de Europa que pide la liberación de los presos políticos , porque consideran que pone en entredicho "la objetividad" de la justicia española y, concretamente, del juicio y la sentencia del Procés. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente van algo más allá y hacen una petición explícita al gobierno español: le piden que "despliegue los instrumentos diplomáticos que tiene a su alcance" para impedir que se apruebe este informe en la asamblea del Consejo de Europa, porque lo consideran "injusto y deshonroso para uno de los poderes del Estado".

El mismo día en que se conoció el contenido del informe, a principios de junio, el ministerio de Exteriores publicó un comunicado en el que hacía una interpretación completamente diferente. Aseguraba que el texto "avala la actuación" de España con los presos políticos y que la justicia española había defendido la "legalidad vulnerada" por los líderes independentistas. Para las tres asociaciones de jueces que este viernes han hecho público el posicionamiento a través de un comunicado, el informe da una mala imagen de la justicia española y por eso, además de la petición al gobierno español, también piden a los partidos que tienen representación en la Asamblea del Consejo de Europa que "expongan con claridad" que el texto "se aparta radicalmente de la realidad del funcionamiento de los órganos judiciales en España". También exigen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que denuncie sus "falsedades e inexactitudes".

Las tres asociaciones judiciales advierten que el informe "reprueba que los políticos sean juzgados por manifestaciones hechas en el ejercicio de sus funciones", un extremo que censuran y aseguran que no es cierto. Rechazan que "los políticos y cualquier ciudadano puedan resultar perseguidos por exteriorizar sus opiniones políticas" y entienden que esto no ha pasado en el caso del juicio del Procés. Critican, de hecho, que se presenten los hechos de octubre de 2017 y las actuaciones de los líderes independentistas a lo largo del Procés como una "mera discrepancia política abordable desde el ámbito del debate político". Creen que esto refleja "un desconocimiento de la lesión a bienes jurídicos esenciales como son la paz pública, la seguridad ciudadana y la recta administración de fondos públicos".

Rechazan la equiparación de España con Turquía

En este sentido, defienden que la sentencia del Tribunal Supremo se dictó "con escrupuloso respeto a todas las garantías de un proceso justo" y recuerdan que fue ratificada por el Tribunal Constitucional. Las tres asociaciones judiciales obvian, en cambio, que hubo dos magistrados del alto tribunal que emitieron dos votos particulares en los recursos que ya han quedado resueltos de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y también de Jordi Turull y Josep Rull.

Por eso censuran que el Consejo de Europa haga "afirmacions que ponen en cuestión la objetividad y la transparencia del poder judicial en España y su compromiso de garantizar la libertad y los derechos fundamentales". Además, lamentan que se equipare a España con Turquía, porque consideran que el régimen político, el estado de derecho y las garantías democráticas "difieren de manera rotunda". Creen, además, que las diferencias son de "carácter patente y conocido".

Creen que el informe hace suyas las posiciones de los líderes independentistas que, según las tres asociaciones judiciales, pretendían sacar adelante una "campaña de desprestigio contra los órganos judiciales españoles en previsión de una condena que veían segura". "Poner en cuestión la calidad de la democracia en España y el trabajo de los tribunales y su defensa de los derechos fundamentales, insinuando una complicidad en la persecución ideológica de los ciudadanos, constituye una falacia que se tiene que reparar", concluyen.

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