La comisión de Asuntos Legales del Consejo de Europa pide a España que libere los presos y retire las euroórdenes

BruselasLa comisión de Asuntos Legales del Consejo de Europa, organismo internacional vinculado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que vela por el cumplimiento de los derechos humanos y la democracia, reclama indultar o liberar a los presos políticos catalanes y que se retiren los procesos de extradición contra los exiliados. Así lo recoge en el borrador del informe elaborado por el diputado socialista letón Boriss Cilevics, que ha viajado a Madrid y Barcelona para elaborar el informe titulado "¿Los políticos tendrían que ser procesados por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?"y que analiza los casos de España y Turquía.

En este texto, que se debatirá en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a finales de mes, el experto insta a las autoridades españolas a reformar los delitos de rebelión y sedición para evitar "penas desproporcionadas por transgresiones no violentas" o por criminalizar "la organización de un referéndum ilegal". Además, reclama "indultar o liberar de prisión" a los presos políticos catalanes y "considerar la posibilidad de abandonar los procesos de extradición" que pesan sobre Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí en Bélgica. La comisión va todavía más allá y reclama retirar las acusaciones contra el resto de funcionarios de bajo rango incluidos en la causa del 1-O y "abstenerse de sancionar a los sucesores de los encarcelados por acciones simbólicas que solo expresan su solidaridad con los detenidos", en referencia al ex presidente Quim Torra.

En cuanto a si los presos políticos se tienen que arrepentir públicamente de sus actos, la comisión pide a las autoridades españolas que no lo exijan: "Instamos a las autoridades españolas a abstenerse de exigir a los políticos catalanes detenidos que renuncien a sus opiniones políticas a cambio de un régimen penitenciario más favorable o de la posibilidad de un indulto". Pero añade: "Se les podría requerir, aun así, el compromiso de perseguir sus objetivos políticos sin utilizar medios ilegales". En este sentido, el comité reconoce que "la simple expresión de opiniones independentistas no es un motivo para iniciar procesos penales".

Finalmente, el ente pide abrir un diálogo "político constructivo" entre las fuerzas políticas catalanas, sean o no partidarias de la independencia, para "fortalecer la calidad de la democracia española" y en pleno respecto al orden constitucional del Estado.