El gobierno español da un paso más para dotar de músculo a la Empresa Estatal de Vivienda (Sepes) tras el cambio legislativo que le permite "gestionar y construir viviendas". Este martes el consejo de ministros ha aprobado la incorporación de más de 40.000 pisos de la Sareb a esta empresa pública. Del total de pisos, 9.257 se sitúan en Catalunya, es decir, el 27,8%, según datos del ministerio de Vivienda. Asimismo, se quieren incorporar 2.400 solares de capacidad, 55.000 pisos, según los cálculos del ministerio. El objetivo del gobierno español es que todos ellos pasen a formar parte del parque estatal de vivienda pública –España hace años que se sitúa en la cola de Europa– y se destinen al alquiler social La medida se suma a la lista de fórmulas que hace el tiempo sobre todo de alquiler, que hoy sufre la ciudadanía. "Se trata de poner a disposición de las familias estos pisos para el alquiler asequible", ha afirmado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa tras el consejo de ministros. El impacto no será inmediato.

¿De cuántos pisos hablamos?

El ministerio de Vivienda ha identificado más de 40.000 inmuebles, así como 2.400 solares donde se podrían construir 55.000 pisos, y que ahora están en manos de Sareb para que pasen a formar parte de la Sepes. Sólo la cifra de los pisos ya construidos es mayor que los activos inmobiliarios que hoy en día tiene la Sareb (unas 37.500 viviendas, tal y como ha podido comprobar el ARA). El anuncio del gobierno incorpora más casas al contemplar los inmuebles que la Sareb prevé recibir en los próximos dos años procedentes de impagos de promotores o constructoras durante el boom inmobiliario y que hoy todavía está batallando en los juzgados.

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El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, arrancó el año anunciando un plan para movilizar el alquiler asequible en el Estado y revertir las dificultades que sufren muchos ciudadanos, sobre todo jóvenes y personas migrantes, para acceder a una vivienda. Cinco meses después, y en plena presión social con manifestaciones por el derecho a la vivienda en las principales ciudades del Estado, algunas de las medidas se pusieron negro sobre blanco a través de una proposición de ley que el PSOE registró en el Congreso de los Diputados. En concreto, en el texto presentado este jueves los socialistas recogen buena parte de las medidas fiscales del plan anunciado por Sánchez.

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"Ahora tengo que elegir entre pagar el alquiler social o comer". Rita González es madre de una familia monoparental, vive con sus dos hijas en un blog propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, ​​en el barrio del Raval, y asegura que el alquiler social lo está "ahogando". Tienen la condición de familia vulnerable y un alquiler subvencionado por el que hasta hace unos meses pagaban 120 euros al mes. Pero desde enero del pasado año, explica, las cuotas han aumentado hasta alcanzar los 500 euros. "Sin ningún aviso, sin explicación alguna", insiste.

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmado este miércoles en el congreso de UGT que el Govern comprará este diciembre 450 pisos que actualmente son propiedad de La Caixa para destinarlos a alquiler social, como ya avanzó el ARA en el mes de julio. Esta operación, que el anterior gobierno ya había acordado con La Caixa, supondrá una inversión de 30,5 millones de euros, unos 66.000 euros por piso.

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La apuesta del Govern por construir 50.000 pisos de alquiler social no ha causado indiferencia al sector. Por un lado, está vista con buenos ojos porque, dicen, se ha producido un cambio de discurso. Pero también se pone en cuarentena: construir masivamente requiere actores y financiación externas –levantar pisos de alquiler social no es rentable a corto plazo– y agilizar trámites burocráticos.

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El Gobierno, a través del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), ha llegado a un acuerdo con InmoCaixa, dependiendo de La Caixa, para la adquisición de 433 viviendas y otros bienes inmuebles, como parkings, locales, oficinas y trasteros , tal y como avanzó el ARA. Esta operación ha sido autorizada este jueves por el consejo de administración del Incasòl, según ha informado el departamento de Territori, y cuando se materialice en los próximos meses impulsará al programa de fomento de la vivienda de alquiler social. La operación forma parte de los compromisos del Plan Impuls 10.000 del Govern, que ya llevará incorporadas casi un millar de viviendas de grandes tenedores en su parque público de alquiler social, con una inversión cercana a los 100 millones de euros.

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El gobierno español avanza en su objetivo que las promotoras públicas y privadas construyan vivienda para dedicarla al alquiler asequible y social. Este lunes el ministerio de Vivienda, junto con el de Economía y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), ha firmado el convenio de los préstamos a los que tendrán acceso las promotoras para poner a disposición del mercado estos inmuebles, y que el gobierno español ha cifrado en 43.000 pisos nuevos, entre construidos (obra nueva) y rehabilitados.

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El problema de la vivienda en Cataluña es seguramente el más grave y el de mayor espectro que tiene el país en términos de equidad y progreso social. Hace sólo cuatro días el departamento de Territori publicó lo que había anunciado hacía tres meses: que amplía en 131 los municipios con mercado residencial tensado. A la espera de que el ministerio de Vivienda y Agenda Urbana lo valide y entre en vigor, Catalunya cuenta con 271 municipios afectados, en los que viven 7 millones de personas, un 90% de la población.

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El diagnóstico no es nuevo. España tiene un grave problema de acceso a la vivienda fruto de la mala gestión de muchos años, que es especialmente sangrante en el caso del alquiler público. Lo que sí sorprende de'Informe anual 2023 presentado por el Banco de España es la magnitud de las cifras de las que hablamos, y sobre todo la comparación con los demás países desarrollados. Según el informe, que utiliza datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) actualizados este 2024 y que hacen referencia al año 2020, en España hay sólo 290.000 inmuebles destinados a alquiler social, uno 1,5% del total. La media de la OCDE supera el 5% y la de los países de la UE, el 9%. Para situarnos en la media habría que destinar 1,5 millones de viviendas nuevas a alquiler social y, por eso, desde el organismo supervisor se recomienda de forma insistente que haya un plan a largo plazo, pactado con todas las fuerzas y administraciones, que permita multiplicar en un 150% la construcción de un gran parque de vivienda pública.

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Los deberes no se han hecho y el problema es mayúsculo. Es uno de los principales mensajes que se extrae sobre la situación del alquiler y, en particular, el alquiler social en España delInforme Anual 2023, publicado este martes por la mañana por el Banco de España. La dificultad actual para acceder a una vivienda, sea bajo este régimen (de alquiler) o en propiedad, es resultado de "desequilibrios acumulados a lo largo de muchos años", según apunta el organismo supervisor, entre los que destaca el poco parque de vivienda destinada al alquiler social que existe en el Estado.

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Nuevos acuerdos entre el Estado y las comunidades autónomas para transferir los 1.000 millones de euros del Component 6 del Plan de Recuperación para la construcción de vivienda destinada al alquiler social y asequible. El gobierno español ha desbloqueado en consejo de ministros de este martes una nueva partida que debe financiar la construcción de 3.233 viviendas bajo ese régimen de tenencia en todo el Estado. De estos inmuebles, 1.152 pisos se realizarán en Cataluña y también deberán destinarse al alquiler social y asequible.

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El Govern, por medio de la Agencia Catalana del Consumo, ha sancionado a 79 grandes tenedores con 6,07 millones de euros por no ofrecer alquiler social a familias vulnerables desde febrero de 2020. Así lo han detallado este viernes el conseller de Empresa y Treball, Roger Torrent, y el director de Consumo, Albert Melià, que precisaron que dos empresas acumulan casi la mitad de las multas (2,7 millones de euros). Una penalización millonaria que parte de los 1.242 expedientes abiertos en los últimos cuatro años. Melià ha explicado que se ha incorporado, como medida disuasoria, la publicación de los nombres de los grandes tenedores y las sanciones impuestas por no cumplir la normativa, siempre que la sentencia administrativa sea firme.

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Las entidades sociales impulsoras de la medida del 30% de vivienda protegida en Barcelona defendieron hoy la norma y denunciaron el boicot de los lobis. "La medida funciona", ha dicho la portavoz de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, Lucia Delgado. El gobierno del alcalde Jaume Collboni, en cambio, defiende que la norma asusta la inversión privada y que debe modificarse. Los hechos son que, desde que en 2019 entró en vigor la norma que obliga a reservar a vivienda social el 30% de las nuevas construcciones o rehabilitaciones de más de 600 metros, solo se han logrado unos 60 pisos de alquiler protegido.

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Por Nochebuena, cuando todo el mundo esté en la cama después de haber abierto los regalos del Tió, Bridget y su marido repetirán una ardua y pesada rutina: ir a buscar agua a la fuente. Viven en una vivienda ocupada de Salt –porque no han encontrado ninguna de alquiler que puedan pagar– y no tienen uno de los suministros más básicos para una vida digna. Por eso tienen que hacer tres viajes para llenar una veintena de garrafas de entre 8 y 20 litros, que suben y bajan por las escaleras con un carrete, hasta el tercer piso donde viven. Tardan más de dos horas y siempre van hacia las dos de la madrugada: “Me da vergüenza que todo el mundo vea que no tengo agua, y por la noche no hay casi nadie”, admite mirando al suelo. 

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La Generalitat pagará a partir de septiembre el alquiler de las personas vulnerables con fecha de desahucio fija y que estén a la espera de una vivienda con alquiler social. El departamento de Derechos Sociales ha anunciado este martes la medida, que se enmarca en el programa Reallotgem, dotado inicialmente con 20 millones de euros y que prevé cubrir al menos 1.500 casos de familias que cumplen los requisitos de la mesa de emergencia de la Generalitat. La idea es que el Govern asuma los costes de las personas afectadas por una orden de expulsión, independientemente de si se trata de una ocupación o un caso por impago del alquiler, para que las personas o las familias puedan mantener su hogar. "Queremos evitar que estas personas sientan la angustia de que pueden perder su vivienda inmediatamente", ha explicado la consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera.

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La rendición de cuentas por la promesa de construir 4.000 viviendas públicas de alquiler y sumar 4.000 más mediante la compra o las cesiones acompañó a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante su primera etapa al frente del Ayuntamiento. El baile de cifras entre gobierno y oposición sobre lo que se estaba haciendo y las acusaciones de haber vendido imposibles se repitieron casi en cada pleno. Y todavía duran. El entonces responsable del área de Vivienda, Josep Maria Montaner, detallaba al principio del mandato que habían podido entregar las llaves de unos 830 pisos de obra nueva pero que dejaban las bases puestas para que en el mandato siguiente pudiera haber una acelerada, con 4.700 viviendas en algún punto del proceso de producción. De hecho, en el plan de la vivienda que presentaron en 2016 se marcaban el reto de hacer casi mil pisos cada año: 8.854 viviendas nuevas hasta el 2025. Y ahora el gobierno de comuns y socialistas en la ciudad saca pecho de estar liderando esta aceleración y dice que tiene 2.329 pisos en obras o a punto de empezarlas.

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Los efectos colaterales de la pandemia del covid-19, todavía dolorosamente entre nosotros, son como una hiedra que cubre toda la fachada de nuestro agrietado edificio social. La metáfora es pertinente porque precisamente la vivienda es, ahora mismo, uno de los grandes puntos débiles. Ya veníamos de una situación precaria, fruto de la crisis económica de 2008, que había quedado empantanada y que ahora no ha hecho más que agravarse debido a los estragos también económicos que está provocado el coronavirus. La moratoria en los desahucios para personas en situación de emergencia social ha conseguido parar el golpe, pero si, como está previsto, se acaba con el final del estado de alarma el 9 de mayo, nos encontraremos con una nueva oleada de personas sin hogar difícil de gestionar. Serán muchas las familias sobre las que se acumulará la amenaza de quedarse sin techo con el fin de los expedientes de regulación de ocupación temporal (ERTE) y las ayudas a los autónomos, medidas que si no se produce un nuevo alargamiento caducarán alrededor de las mismas fechas, el 31 de mayo. 

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