La mitad de las mudanzas de inquilinos del área metropolitana son desahucios invisibles

BarcelonaLos casos son habituales: las presiones de propietarios obligan a inquilinos a marcharse de su casa de manera forzada, sea por aumentos del precio del alquiler, porque no les renuevan el contrato o por las malas condiciones de la vivienda. Es lo que se conoce como desahucios invisibles: aquellos que no se recogen en los datos oficiales porque no se derivan de órdenes judiciales. Un estudio pone cifra a estos procedimientos y recoge que cerca de la mitad (45,8%) de las mudanzas que hubo en el área de Barcelona entre los años 2014 y 2019 fueron consecuencia de un desahucio invisible. El documento atribuye las mudanzas forzadas de los últimos cinco años a la "vulnerabilidad" asociada al alquiler. "La movilidad residencial y el nomadismo, lejos de ser una opción de vida, son una forma de precariedad. Es, en realidad, inseguridad residencial", sentencia.

El estudio Impactos sociales del mercado del alquiler, impulsado por la La Hidra Cooperativa, la Agencia de Salud Pública y el Instituto de Gobierno y Políticas Púbicas (UAB), es resultado de una macroencuesta hecha a cerca de 2.000 personas que vivían en régimen de alquiler en el área metropolitana entre el 2014 y el 2019. Los resultados destacan una "movilidad residencial extremadamente elevada": el 65% de los encuestados tuvieron que cambiar de vivienda durante ese periodo. Además, uno de cada dos hogares hace menos de tres años que vive en su actual piso y un 32% no saben si lo podrán seguir haciendo durante los siguientes seis meses. Tan solo el 41% afirman no tener planes de cambiar de vivienda ni verse obligados a hacerlo.

El estudio ha contado con participantes de una media de edad de 38 años, la mayoría de los cuales tienen trabajos cualificados y estudios superiores o carreras universitarias. "Lo que vemos es que, independientemente de los ingresos y la situación socioeconómica, el hecho de vivir de alquiler, en las condiciones legislativas actuales, te sitúa en posición de vulnerabilidad", afirma Jaime Palomera, coordinador del estudio, que remarca que esta precariedad incluye a menudo a personas con trabajos estables. Entre otros aspectos, los autores ponen el foco en la brevedad de los contratos: un 97% de los hogares disponían de un contrato temporal.

Acoso inmobiliario en mitad de hogares

Una de las causas de las mudanzas forzadas o desahucios invisibles es el acoso inmobiliario, que consiste en las prácticas que algunos propietarios aplican, sobre todo, para conseguir vaciar edificios y poderlos realquilar a inquilinos que paguen más de lo que pagaban los anteriores. Prácticamente la mitad de los encuestados se han visto en esta situación. Del conjunto de casos, un 45% aseguran que el propietario se negó a arreglar problemas importantes de la vivienda y el 13% dicen que las zonas comunitarias estaban abandonadas. Además, un 11% confiesen haber recibido presiones o amenazas para conseguir que se marcharan y un 8% denuncian subidas ilegales del alquiler.

Sin embargo, el aumento del precio del alquiler sigue siendo la principal causa para dejar forzadamente un piso. Entre el 2014 y el 2019, el precio del alquiler en el área metropolitana pasó de los 714 a los 819 euros mensuales de media. Un importe que pone contra las cuerdas la subsistencia de muchas familias: tres de cada diez hogares destinan más de la mitad de los ingresos al alquiler. "Solo dos de cada diez personas destinan a ello igual o menos del 30% de sus ingresos, como sería recomendable", apunta el documento, que denuncia que esta vulnerabilidad se traduce en un peor estado de salud, sobre todo en mujeres y niños.

La vulnerabilidad se traduce en un peor estado de salud, sobre todo en mujeres y niños

Obligados a compartir piso

El aumento exponencial de los precios del alquiler de los últimos años ha empujado a personas que ya no pueden asumir el coste de vivir solos a compartir piso o realquilar habitaciones. Esta es, de hecho, una de las principales vías de las que dispone la población joven para emanciparse y acceder por primera vez al mercado de alquiler, pero durante los últimos años también se ha convertido en el escenario al que se ven abocadas muchas familias. Del total de hogares encuestados, uno de cada cinco comparte el piso para pagar el alquiler. "Los precios del mercado se sostienen, entre otras cosas, gracias a estas fórmulas", apunta el informe.

El estudio también proporciona otros datos como por ejemplo que prácticamente todos los inquilinos pagan un alquiler de mercado (97%), mientras que solo un 3% afirman tener un alquiler social y de protección oficial, que tienen precios significativamente inferiores. A la vez, el documento revela que ocho de cada diez inquilinos han firmado su contrato a través de una agencia inmobiliaria o administrador de fincas. Solo el 19% han tenido trato directo con la persona propietaria de la vivienda.