Acciona, la multinacional creada y controlada por la familia Entrecanales, ha estado en el punto de mira desde este miércoles por su aparición en el informe de la UCO sobre el caso Cerdán. En concreto, los focos se han puesto sobre el negocio de Acciona que se dedica a la construcción; presuntamente, la trama formada por Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán recibía comisiones ilegales a cambio de favorecer que la compañía ganara contratos de obra pública.

Ferrovial se va de Londres para instalarse en Nueva York. El aeropuerto de Heathrow, en el oeste de Londres, está a punto de partir una enorme sacudida en su accionariado, hasta ahora liderado por la constructora y gestora de infraestructuras española, que espera destinar el líquido que obtenga con la operación a reforzar su posición en otras concesiones, entre las que destaca la Nueva Terminal 1 (NTO) del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy.

A falta de poco más de 10 días para que acabe marzo, Ferrovial lo tiene difícil para cumplir con la meta que se fijó este enero de debutar en Wall Street durante el primer trimestre de 2024. El hecho es que la constructora debe "actualizar" una serie de información ante el regulador de la bolsa de Estados Unidos, la SEC, antes de poder dar el salto al parqué estadounidense. Tal y como ha avanzado Cinco Días y confirman fuentes de la compañía al ARA, la empresa que preside Rafael del Pino tiene pendiente enviar la información sobre las cuentas anuales de 2023 presentadas el 28 de febrero y en las que anunció unos beneficios de hasta 460 millones de euros euros, un 147% más que en 2022. Esto implica actualizar y adaptar el informe americano de auditoría estándar, conocido como informe 10F, y que todas las compañías extranjeras que cotizan en Estados Unidos están obligadas a presentar. La última información que presentó Ferrovial, el 5 de enero, recogía los resultados de 2022.

A finales de febrero hará un año por ello de efecto de Ferrovial. La constructora que preside Rafael del Pino anunciaba el traslado de su sede de España a Países Bajos y la intención de cotizar en bolsa holandesa, algo que se acabó materializando en junio.

En plena precampaña de las autonómicas y municipales del 28-M y de las generales de finales de año, vuelve a producirse un fenómeno que es cíclico, pero que a veces se reaviva, como ahora, con especial intensidad. Se trata de la derivación de los conflictos hacia el ámbito de los tribunales, reclamados por todos lados, como si fuera posible solucionar en las sedes judiciales lo que no se sabe cómo resolver en las instancias políticas. Muchos aspectos de la vida del país se plantean como batallas legales, a menudo en el ámbito penal –lo cual es obligado cuando hablamos de corrupción–, pero también en el ámbito contencioso administrativo, por decisiones del poder ejecutivo.

Esto se anima. La larga campaña electoral nos tendrá muy distraídos. Todo vale para lanzarse sobre el rival, ya sea el caso Mediador, un sórdido episodio de corrupción que afecta al PSOE, o la marcha de Ferrovial, de la que según el PP tiene la culpa el gobierno por perseguir a los empresarios. Hay razones para creer que esta campaña será como las antiguas batallas navales, cuando los barcos eran de madera e iban armados con decenas de cañones. Así ha sido el signo de la última semana, en la que la orden ha sido batir la cubierta de la nave oponente –no diremos enemiga– y abordarla sin piedad. El debate ha transcurrido a golpe de hacha.

Golpe de efecto a las grandes constructoras españolas. Ferrovial ha anunciado este martes que trasladará su sede social, actualmente en Madrid, a los Países Bajos. El traslado lo ha aprobado el consejo de administración y ahora hace falta la aprobación por parte de la junta de accionistas, con lo cual se podrá hacer efectivo hacia el tercer trimestre de este año.

El polémico contrato que la consejería de Salud firmó con Ferroser –filial de Ferrovial– para hacer el seguimiento de contactos de los positivos de covid continúa levantando polvareda. A raíz de la denuncia de un restaurador de Girona, la Oficina Antifraude de Catalunya ha decidido abrir una investigación porque, después de analizar los hechos, “se ha podido deducir" un posible caso de destino "ilegal de fondos públicos o cualquier otro aprovechamiento irregular”, según ha avanzado el Diari de Girona y ha podido confirmar el ARA.