El pasado 24 de septiembre, en un contexto marcado por la parálisis, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alcanzó un acuerdo significativo sin publicidad: la aprobación de una subida salarial para sus miembros. La decisión, que se tramitó a propuesta de la comisión de asuntos económicos, ha generado polémica por el contraste entre la celeridad en lo referente a las retribuciones propias y la inacción en otros ámbitos de la justicia.

Daniel Escribano (Palma, 1978) es doctor en sociología y traductor. Ha publicado Juicios políticos bajo la democracia militante española (Documenta Balear), en la que analiza cuatro procesos judiciales: la condena al senador de Batasuna Miguel Castells por señalar al gobierno por la guerra sucia contra ETA, el caso del asedio al Parlament en el 2011, la causa contra Valtónic y la represión judicial al Proceso.

Parece que Pedro Sánchez, que ha visto cómo su entorno familiar es asediado por una fronda judicial instigada por la ultraderecha, ha caído definitivamente del caballo como un san Pablo y se ha dado cuenta de que "hay jueces haciendo política" que hacen un "daño terrible" al poder judicial. En algún momento hora la izquierda española tendrá que reconocer –y no en una entrevista televisiva– que la Transición no supuso tampoco ninguna "ruptura" con el poder judicial del régimen autocrático anterior y que las "reformas" realizadas en los años 80 fueron tan débiles que lo han lastrado en términos de democracia liberal plena.

El ex president ha ido desapareciendo de la escena política catalana y convirtiéndose en un olvidado de lujo. A veces reaparece, pero es más una cuestión formal que una realidad profunda. Como las cerámicas de Lladró o los cargos públicos jubilados, está ahí y solo alguien se acuerda de vez en cuando, poniendo de manifiesto que algunas cosas quedan condicionadas a que todavía está en Waterloo. Aunque se manifieste, significa ya poco y se ha convertido en un peso muerto en la política del país. La mudanza tan rápida desde la cresta de la ola al más humillante de los olvidos nos demuestra que tempus fugit y que la capacidad de amnesia de las personas es inversamente proporcional a la disposición de enaltecer a líderes mitificados y jurarles amor eterno. Es obvio que, hasta que se le aplique la amnistía a la que algunos jueces se resisten, estará en medio como una piedra en el camino que obliga a dar vueltas a los caminantes, pero que ya casi solo es historia. Junts, sin embargo, queda atrapado políticamente. Aunque saque a relucir algunos líderes puigdemontistas, el partido requiere y lucha por volver a la realpolitik, rehacer el itinerario de los últimos años y recalar en CiU, como le reclaman los grupos de interés, y volver a preocuparse del mundo real como alternativa conservadora vinculada al viejo catalanismo, aunque el lenguaje sea soberanista. Pero es necesario, ante todo y para hacerlo posible, que Puigdemont salga de la ecuación y poder renovar así caras y políticas. Paradójicamente, son los jueces tan belicosos con el Procés quienes los mantienen anclados en las posiciones del 2017.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido por unanimidad no reconocer la convocatoria de huelga de jueces y fiscales que han anunciado cinco asociaciones –todas menos las progresistas– para la próxima semana. El acuerdo de este jueves advierte a los convocantes de que la huelga no tiene ningún "apoyo normativo" porque el derecho a huelga no está regulado para los jueces. Por ello, concluye que "no procede tenerla anunciada", y recuerda que ya se pronunció en el mismo sentido ante las huelgas convocadas en 2009, 2012 y 2013. Las asociaciones convocantes han criticado la decisión y ya han anunciado que mantienen la huelga, que consideran "una medida legítima, proporcionada y responsable".

Existe un reducto no poco importante en el Estado que se manifiesta contrario a la democracia como sistema de gobierno. Según un barómetro del CIS publicado este jueves, el 18,5% de los españoles no cree que sea preferible ese régimen. Para un 8,6%, "en algunas circunstancias" es mejor uno autoritario ya un 9,9% le da igual uno como otro. Especialmente, son los votantes de Vox quienes se salen del consenso en torno al régimen democrático: sólo un 59,7% prefieren la democracia, mientras que un 30,3% defienden el autoritarismo.

La magistrada Mercè Caso será la próxima presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en sustitución de Jesús María Barrientos, al cargo desde 2016 y con el mandato caducado desde 2021 a causa del bloqueo en la renovación del poder judicial.

"La beca que tenía en su momento me servía para pagar el preparador, pero sabía que sin una ayuda económica no podía opositar", recuerda la magistrada María del Prado Escoda Merino, portavoz en Cataluña de Jueces y Juezas por la Democracia ( JJpD), en conversación con el AHORA. El blindaje de becas para que la renta familiar no sea un impedimento para estudiar las oposiciones a juez o fiscal que prevé el último anteproyecto del gobierno español ha sido muy bienvenido al sector, pero ha reabierto el debate sobre el perfil de la judicatura. "Estamos hartos de que se diga todo el día que los jueces somos gente de clase alta", asegura otra magistrada consultada por este diario.

Jornada clave para el relevo en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Los tres candidatos a relevar a Jesús María Barrientos han expuesto sus méritos y proyectos en la comisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se encarga del proceso de selección. La disputa en el máximo órgano de gobierno judicial en Cataluña es entre tres nombres: la actual decana de los juzgados de Barcelona, ​​Cristina Ferrando, miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM); la exdecana de la capital catalana y presidenta de la sección 12 de la Audiencia de Barcelona, ​​Mercè Caso, asociada a la progresista Jueces y Juezas por la Democracia (JJxD), y el magistrado Guillem Soler, titular del juzgado de primera instancia 1 de Barcelona y miembro de Ágora Judicial, fundada tras el 1-O por un grupo de jueces críticos con la judicialización del Proceso.

Es un gozo volverlos a saludar al empezar una nueva temporada. Cuando emitimos el último capítulo de la pasada temporada, Esquerra aún no había decidido investir a Salvador Illa y Carles Puigdemont no había protagonizado su increíble viaje a Barcelona con vuelta a Waterloo. De Isla, Esquerra y Puigdemont tenemos que hablar hoy.

La paridad de género en las altas instituciones del estado español va por barrios. Aunque el poder ejecutivo y el legislativo son de los más paritarios de Europa y de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el poder judicial tiene todavía deberes pendientes, especialmente en su cúpula. Lo recoge el informe Government at a glance 2023, hecho público recientemente y que publica la OCDE. Sitúa a España como el segundo país con mayor igualdad de género en el gobierno, pero el penúltimo entre los países analizados en cuanto a la cúpula judicial, concretamente en el Tribunal Supremo.

El tercer pleno del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para elegir presidente ha terminado como los dos anteriores: sin acuerdo entre el bloque progresista y el conservador. La situación de bloqueo una vez renovado el órgano de gobierno de los jueces se enquista y, ante la imposibilidad de consensuar a un candidato, los recientemente nombrados vocales han pospuesto sin fecha la designación del futuro presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo.

Si no lleváramos ya tiempo asistiendo a una retahíla de decisiones demasiado cuestionables por parte de algunos –pocos– jueces, que un presidente del gobierno dijera lo que dijo el lunes podría sonar a intervencionismo del poder ejecutivo sobre el poder judicial; es decir, a romper la separación de poderes, que es la principal base de las democracias junto con la protección de los derechos fundamentales, que deriva en parte de esa misma separación.

El primer día de campaña de las elecciones catalanas de 2021, los presos políticos (a excepción de Carme Forcadell que lo haría al día siguiente) salían de prisión con la concesión del tercer grado. Arrancaba así una carrera electoral en la que el independentismo tenía como gran reto rehacer su unidad en unos comicios a remolque de la inhabilitación del presidente Quim Torra. La misma fecha electoral de las elecciones del 2021, el 14 de febrero, también tuvo la intervención de los jueces cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya rechazó el aplazamiento de los comicios que solicitaba el entonces vicepresidente en funciones de presidente, Pere Aragonés, con el argumento de evitar contagios de la cóvido. Tres años después, con los indultos aprobados, la amnistía en camino y la sedición ya fuera del Código Penal, la cita electoral vuelve a estar condicionada por los movimientos de los jueces. Ya no hay dirigentes políticos en prisión, pero sí una nueva ola de exiliados que condicionará la campaña desde el primer día. De hecho, cuando el juez les cite a declarar, los investigados por terrorismo por el caso Tsunami podrían pasar a ser presos políticos.

El Harlem Shake fue una broma transcultural que inundó las redes sociales allá por el año 2013. El modus operandi era como sigue: vemos en vídeo a una persona enmascarada que baila el tema “Harlem Shake” de Baauer junto a la voz del rapero puertorriqueño Héctor el father al que se escucha decir: “con los terroristas”. Nuestro solitario enmascarado baila solo durante unos 15 segundos mientras le rodean personas que, aparentemente, le ignoran. De pronto hay un cambio de ritmo en la música y toda una multitud disfrazada baila durante otros 15 segundos. La gracia que convirtió la broma del Harlem Shake en un éxito viral (¡hasta en La Tuerka hicimos una!) se debe al contraste entre las dos escenas.

1. Justicia política. Por voluntad del PP, el Consejo General del Poder Judicial ha cumplido cinco años de provisionalidad. Desde 2018 los mandatos están caducados y, por tanto, el organismo está en situación manifiesta de falta de legitimidad. ¿Por qué no se renueva? Porque el PP no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque hace diez años, cuando se constituyó el actual consejo, el PP gobernaba –con Mariano Rajoy como presidente– y disponía de una mayoría parlamentaria que le permitió configurarlo a su imagen y semejanza. Las relaciones de fuerza han cambiado, las normas para la renovación del CGPJ son las mismas; la diferencia es que el PP no está en condiciones de configurar una nueva mayoría cercana a sus posiciones como la actual. En consecuencia, el partido que acusa al gobierno actual de poner en juego el régimen democrático, de golpe de estado y de mil atrocidades se niega sistemáticamente a cumplir la ley, en beneficio propio. Y después de cinco años de resistencia pide ahora cambiar el reglamento como condición para poner en marcha la renovación del CGPJ. Dicho de otro modo, especula con la tendencia conservadora de la justicia para conservar la posición dominante en sus órganos.

Entre los diversos espectáculos insólitos que ofrece la democracia española, destaca de forma singular el de la obstrucción del normal funcionamiento de la justicia por parte del principal partido del sistema político. El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es una anomalía grave, y la nula predisposición del PP a desbloquearle la hace aún más grave. Este lunes hizo cinco años que los magistrados del órgano de gobierno de los jueces tienen el mandato caducado, y para celebrar la efeméride el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, avisó de que su partido sólo accederá a renovar a los vocales del CGPJ si esta renovación se realiza de acuerdo con las normas que ellos indiquen. En concreto, el PP exige como rescate que se modifique la ley por la que se aplica la fórmula que permite la renovación de los vocales; justamente hacía sólo unos días que, en el pleno del Parlamento Europeo sobre el estado de derecho en España (que acabó siendo una réplica nada mejorada de las peleas en el Congreso de los Diputados), el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, reclamó que se desbloqueara urgentemente el CGPJ sin ninguna modificación previa de la ley. El propósito del PP sería dar aún más poder a los jueces (a “sus” jueces, se entiende).

El adjetivo histórico se adjudica con una frivolidad pasmosa a los eventos más diversos. Sin embargo, y dadas tanto las fuerzas implicadas como los acuerdos alcanzados, se hace difícil no pensar que el entendimiento para la investidura de Pedro Sánchez, y la legislatura subsiguiente, entra de pleno derecho dentro de la categoría reservada a los hechos realmente históricos.

Por fin conocemos el texto de la ley de amnistía. Tras meses de debate público en el vacío ya es posible hacerse una idea exacta de en qué se concretará la polémica medida pactada para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Con seguridad, el disponer de un proyecto de norma no cambiará la postura de tanto jurista de parte que, de antemano, tenía ya decidido que iba a estar a favor o en contra de la ley. Nuestros jueces, sin ir más lejos, ya se habían pronunciado públicamente contra ella sin necesidad de saber de qué iba, así que poco les importará lo que diga finalmente.

El historiador Fidelino de Figueiredo afirmaba en su libro Pirene (1935) que entre España y Portugal existían unas relaciones históricas y culturales de “paralelismo y asincronía”, es decir, que sucedían hechos similares en tiempos diferentes. Todo lo que está ocurriendo en torno al primer ministro portugués, el socialista António Costa, me ha hecho pensar que en este caso nos encontramos ante una situación paralela y sincrónica de inestabilidad política en ambos estados ibéricos, si bien repentina en el caso portugués y casi crónica en el español.