Una sentencia reciente del Tribunal Constitucional ha vuelto a poner de manifiesto un problema jurídico de nuestro ordenamiento: ¿las mesas de los Parlamentos tienen la obligación de llevar a cabo un control material, con carácter general, de la inconstitucionalidad de las propuestas de resolución presentadas por diferentes grupos parlamentarios? En efecto, la sala primera del Tribunal Constitucional, en una sentencia del 23 de febrero de este año, anuló los acuerdos de admisión a trámite de la mesa del Parlament de Cataluña de unas propuestas de resolución presentadas con ocasión del debate sobre la orientación política general del Gobierno de septiembre del año 2022. Algunos apartados de estas iniciativas reconocen la legalidad y legitimidad del referéndum del 1 de octubre de 2017, lo cual se podría interpretar que comportan un reconocimiento con la eventual existencia de unos posibles efectos jurídicos, que podría ser objeto de control constitucional. Sin embargo, otros apartados se limitaban a expresar meros objetivos políticos, como por ejemplo los que instaban al Gobierno a que se desarrollasen competencias propias, con el fin de reducir la dependencia económica y política del estado español, a efectos de preparar el ejercicio del derecho de autodeterminación; los que instaban a fortalecer la soberanía económica, fiscal y financiera de la Generalitat; los que proponían sentar las bases de un proceso constituyente; los relativos al objetivo de la internacionalización de la realidad nacional de Cataluña, y los que se referían a la conveniencia de actuar con soberanía, más allá de los límites constitucionales y estatutarios, en la garantía de los derechos sociales básicos de la mayoría de la población en diferentes sectores. En todos estos últimos casos solo se expresa una mera declaración política que difícilmente se podría interpretar que comportase ningún efecto jurídico, en el sentido de su incidencia en la creación, modificación o derogación de normas jurídicas. No está de más recordar que las mesas de los Parlamentos son órganos de dirección del trabajo parlamentario. Así, la mesa del Parlament, como órgano rector colegiado del Parlament y integrado por el presidente, dos vicepresidencias y cuatro secretarías, ejerce funciones parlamentarias, funciones presupuestarias y funciones relativas a la organización de la administración de la cámara. El ejercicio de las funciones parlamentarias de la mesa se centran en la calificación, la admisión a trámite y la decisión sobre la tramitación de los escritos y documentos de índole parlamentaria.

El futuro de la legislatura todavía es incierto, pero en el Parlament ya se arremangan para dejar organizados a los grupos y las cúpulas parlamentarias antes de las vacaciones. La mesa ampliada, en la que tienen presencia todos los partidos, ha fijado esta semana las normas que regularán las retribuciones de los asesores de los grupos parlamentarios –cargos de confianza que cobran del Parlament– y de las direcciones de cada formación dentro de la cámara catalana. La principal novedad es que sube el sueldo máximo que puede tener un asesor: antes era de 69.922,125 euros al año y ahora es de 78.449,35 euros –5.603,525 euros en catorce pagas– porque se ha incorporado al mismo una categoría más por el tramo alto de la tabla retributiva, según se desprende de los acuerdos de la mesa ampliada de 2023 y 2024 consultados por el ARA. Pero está por ver si alguno de los grupos ficha a alguien por ese precio.

Hoy la noticia está en el Parlament de Catalunya, que debe elegir mesa y presidente. A la hora de la mañana que les hablo, Junts y Esquerra aseguran que “los resultados de ayer en las europeas nada tienen que ver con las decisiones de hoy, porque son cosas diferentes”, y anoche aseguraban que éste mañana todavía estarían negociando.

Quedan menos de 24 horas para que se constituya el Parlamento y lo más caliente está en el fregadero. Por ahora no existe ningún acuerdo público que permita saber de qué color acabará siendo la mayoría de la mesa y la presidencia de la cámara catalana, la segunda autoridad del país. Ahora bien, hay un grupo que tiene la clave para decantar mayorías: Esquerra, ya que alineándose con Junts o con el PSC tiene la clave para que haya una mayoría de la mesa independentista, "antirepresiva" o de izquierdas. Según las fuentes consultadas, los republicanos tomarán la decisión este lunes por la mañana, pero este domingo por la noche han reunido ya a la ejecutiva para "informar" sobre las negociaciones. Sobre la mesa tienen dos opciones por ahora: podrían tener la presidencia de la cámara gracias a los votos socialistas y de los comunes o formar parte del bloque independentista para que tenga la presidencia Anna Erra (JxCat). Sea como fuere, la incógnita se mantendrá hasta el final.

Desde el año 2012 la mesa del Parlament -y la presidencia- está pilotada por el independentismo, pero el resultado de las elecciones del 12 de mayo abre un nuevo escenario y esto puede cambiar.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) no encuentra magistrados disponibles para juzgar a la anterior mesa del Parlament los próximos 5, 6 y 7 de octubre después de que haya aceptado apartar a los jueces Carlos Ramos y Jesús María Barrientos por dudas sobre su imparcialidad. En una resolución a la que ha tenido acceso el ARA, que ha sido notificada este jueves a los exmembres de la mesa de la cámara, admite que ahora mismo no ha encontrado ningún magistrado "disponible" en la lista de voluntarios. Por ahora, sin embargo, mantiene las mismas fechas de juicio para el expresidente del Parlament, Roger Torrent, el ex vicepresidente de la cámara Josep Costa y los ex secretarios Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado.

Con la salida de Laura Borràs de la presidencia del Parlament, la mesa de la cámara de esta decimotercera legislatura ya es la más inestable de toda la historia. En poco más de un año y cinco meses –511 días–, ya han marchado cinco miembros de la mesa en una situación excepcional que nunca se había producido hasta ahora. La mesa con más cambios repentinos había sido la anterior, con un total de cuatro. El primero de los cinco cambios que ha vivido la actual mesa fue el de Jaume Alonso-Cuevillas por Aurora Madaula en la secretaría segunda. 

Giro de guion, al menos temporal, en la causa contra la anterior mesa del Parlament por haber permitido el debate y votación de resoluciones a favor del referéndum y en contra de la monarquía. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha aceptado la recusación del presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, planteada por el ex vicepresidente del Parlament Josep Costa. Esto quiere decir que el tribunal aparta a este magistrado de la causa y, automáticamente, también aplaza el juicio –previsto inicialmente para los días 12, 13 y 15 de julio– para que se sustituya a Barrientos por otro magistrado. El TSJC admite la recusación por el hecho de que Barrientos se levantara y se fuera de un acto en el que se denunciaba la situación "de los presos políticos". Era el 23 de febrero del 2018 en el Col·legi d'Advocats y quien hablaba era el entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, que está imputado en la causa. Costa esgrimía que esta acción denotaba su parcialidad y el tribunal también cree que "no es un acto neutral, sino una manifestación en forma pública y contundente del desacuerdo con la persona".

El presupuesto del Parlament para el 2022 estaba hecho con la idea que en el mes de enero habría un acuerdo entre los grupos parlamentarios para reformar el sueldo de los diputados. De hecho, el reglamento de la cámara prevé desde hace tiempo que progresivamente se vaya incorporando el dinero que cobran en concepto de dietas de desplazamiento, y que están libres de retribución, en el resto del sueldo, teniendo en cuenta que todo el mundo acepta que no deja de ser un concepto más del salario. Aun así, el desacuerdo entre los partidos sobre la fórmula para hacerlo ha hecho que salten por los aires las previsiones contables y este martes se haya decidido modificar las cuentas del 2022: los 815.000 euros que se tenían que destinar al capítulo primero, el de las remuneraciones de personal, tienen que volver al capítulo segundo, de bienes y servicios, que es de donde se cobran las indemnizaciones de los diputados para desplazarse.

El arranque de las negociaciones después de Semana Santa es más lenta de lo que se preveía. En el primer día laborable después de Pascua, martes, no hubo un encuentro formal entre los negociadores de ERC y Junts, y este miércoles por la tarde apenas ha habido una una reunión en el Parlament que ha durado poco más de dos horas. Según fuentes conocedoras de las conversaciones, han abordado el programa de gobierno, pero todavía no han entrado en hablar de la estructura que tiene que tener el ejecutivo y del reparto de carteras.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha dicho hoy a Catalunya Ràdio que la destitución de Jaume Alonso-Cuevillas de la mesa ya estaba acordada antes de la controvertida entrevista a Vilaweb en la que dijo que no era partidario de aprobar resoluciones simbólicas y que fue fruto de su abstención en el voto delegado de Lluís Puig. "Su abstención evidenció que no era el mejor lugar donde podía estar porque podía afectar a la mayoría independentista de la mesa porque el Parlament está en el punto de mira", ha señalado la máxima representante de la cámara. En este sentido, Borràs ha insistido en que su salida ha sido consensuada con Alonso-Cuevillas. "Hemos tomado una decisión colegiada con él mismo que ya habíamos acordado la semana pasada, pero con la entrevista a Vilaweb se ha precipitado todo", ha remarcado.

Con la posibilidad de entrar en el futuro Govern casi descartada y lejos de querer forzar una repetición de las elecciones votando en contra de la investidura de Pere Aragonès, la CUP pulsa el acelerador, tal como avanzó el ARA, para obtener la presidencia del Parlament para garantizar la soberanía de la cámara y ser un muro contra la extrema derecha, siempre que se cierre un acuerdo programático con las dos grandes fuerzas independentistas. La diputada electa Eulàlia Reguant ha admitido hoy que batallarán por la presidencia de la cámara catalana. "Hemos planteado a ERC, JxCat y los comunes que estamos dispuestos a asumir la presidencia del Parlament". "No queremos intercambiar sillas pero estamos dispuestos a asumir todas las responsabilidades", ha añadido en relación a la posibilidad de presidir la cámara catalana después de decir que la mesa tiene que ser "nítidamente antifascista", que "haga evidente el conflicto político" y que esté "comprometida con los derechos sociales".

¿Tienen o no tienen la CUP y ERC un acuerdo sobre qué cambios hay que hacer en el modelo policial de Catalunya? Los cuperos aseguran que sí, mientras que los republicanos lo rebajan y replican que hay "líneas de trabajo" conjuntas, pero todavía ningún pacto para comunicar públicamente. Sea como sea, las negociaciones para la investidura de Pere Aragonès siguen avanzando y, si fructifican, uno de los pilares del pacto será que habrá cambios en el departamento de Interior y en los Mossos d'Esquadra.

La CUP no va de farol. Los cuperos quieren aprovechar la buena mano que le brindan los nueve diputados surgidos del 14-F y que la han vuelto a hacer decisiva para configurar el nuevo Govern para reclamar la presidencia del Parlament. Según ha podido saber el ARA, la apuesta por comandar la segunda institución más importante del país pasa por delante de entrar en el ejecutivo y es una condición sine qua non para investir al candidato de ERC, Pere Aragonès. De hecho, la CUP ya ha puesto dos nombres sobre la mesa para comandar la institución: la cabeza de lista, Dolors Sabater, o el número 2 de la candidatura, Carles Riera.

La CUP no solo se plantea entrar en Govern, sino también la posibilidad de asumir la presidencia del Parlament. Esta propuesta, según ha podido saber el ARA, se debatirá en las asambleas abiertas parlamentarias que se inician este lunes y que se alargarán hasta el viernes en todo el país y también en el consejo político que la formación anticapitalista celebrará el sábado, donde no se tomará ninguna decisión definitiva a la espera de ver cómo evolucionan las incipientes negociaciones con ERC y JxCat. Con el recuerdo muy presente de la legislatura anterior, cuando la mesa de la cámara catalana acató todas las resoluciones y avisos del TC, los cupaires sopesan si, para hacerle frente, hay que ocupar este cargo para garantizar la soberanía del Parlament.