El TSJC envía a juicio a Torrent y la anterior mesa del Parlament por desobediencia grave
La Fiscalía pide entre 16 y 20 meses de inhabilitación por haber permitido debatir sobre la autodeterminación y la monarquía
BarcelonaEl Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) envía a juicio al expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y los miembros independentistas de la anterior mesa de la cámara por haber permitido en otoño del 2019 la tramitación de resoluciones sobre la monarquía y la autodeterminación. En una resolución emitida este miércoles, la magistrada instructora Maria Eugènia Alegret considera que Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Ariadna Delgado podrían haber cometido un delito de desobediencia grave y les da un plazo de diez días para que presenten sus escritos de defensa.
El auto del TSJC recoge los indicios aportados por la Fiscalía y Vox contra los cuatro encausados, cuyos recursos de apelación fueron tumbados por la juez la semana pasada. El ministerio público pide un año y ocho meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa para Torrent, Costa y Campdepadrós, mientras que para Delgado, alcaldesa de Sant Vicenç de Castellet (Bages), pide un año y cuatro meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa. "Como siempre, conocemos estas noticias a través de los medios. Una demostración más de un sistema judicial más preocupado por perseguir libertades que por garantizarlas", ha lamentado Torrent en un mensaje en Twitter.
Las acusaciones consideran que los miembros independentistas de la mesa desobedecieron al Tribunal Constitucional cuando permitieron el debate y votación de dos resoluciones. En la primera constaba un compromiso con el ejercicio del derecho a la autodeterminación, mientras que la segunda era una propuesta de respuesta a la sentencia del Supremo por el 1-O y reiteraba la reprobación del Rey. En aquel momento, Torrent era presidente del Parlament; Costa era vicepresidente primero; Campdepadrós era secretario primero de Mesa, y Delgado era la cuarta.
En el auto de fin de la instrucción, Alegret aseguró que el Parlament "no es un lugar inmune al cumplimiento de la legalidad y a principios de jerarquía normativa". Admitió que la mesa no tiene que verificar la inconstitucionalidad de todas las iniciativas parlamentarias, pero sí que lo puede hacer con aquellas que lo son claramente, y más todavía si lo ordena el Tribunal Constitucional. La magistrada consideraba, con todo, que los cuatro exmiembros de la mesa no se pueden amparar en su inviolabilidad parlamentaria, que está más ligada a la libertad de expresión que a la decisión de dejar tramitar dos iniciativas que estaban bajo advertencia del TC.
