La Fiscalía ha pedido al Tribunal de Cuentas que abra una investigación sobre el escándalo de la extinta dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). El objetivo, según ha avanzado El Nacional y confirman fuentes del ministerio público al ARA, es esclarecer si el organismo dependiente del departamento de Derechos Sociales incurrió en una "posible responsabilidad contable" por las irregularidades en el pago de prestaciones económicas y de vivienda a jóvenes extutelados. Todo ello, después de que la Sindicatura de Cuentas detectara más de 167 millones pagados indebidamente en el conjunto de prestaciones entre 2016 y 2022. De éstos, 4,7 millones correspondían a los indebidos a jóvenes extutelados, que el Gobierno ha aprobado condonar este martes, una decisión pactada entre PSC, ERC y Comuns.

El departamento de Derechos Sociales pagó 167,56 millones de euros indebidamente a través de prestaciones económicas durante el período 2016-2024. Así lo constata un informe de la Sindicatura de Cuentas hecho público este miércoles en el que se apunta que estos pagos indebidos "no responden sólo a errores administrativos", sino a problemas "estructurales de transparencia y gobernanza". Parte de estos pagos, no reclamados y prescritos por la inacción de la administración a la hora de realizar un seguimiento y control, han producido un "menoscabo efectivo a la hacienda" pública y, por tanto, podrían dar lugar "a hechos perseguibles administrativa y judicialmente". En este caso, que afecta sobre todo a la renta garantizada de ciudadanía ya las prestaciones de dependencia, la vía judicial podría abrirse contra los responsables que autorizaron indebidamente estos pagos. Por su parte, Derechos Sociales mantiene que 156 de los 167 millones ya han sido reclamados a los beneficiarios de estas ayudas.

El responsable de la investigación interna de ERC tardó sólo doce días en presentar las conclusiones sobre el caso de los carteles contra los hermanos Maragall: concluyó que habían salido de dentro del partido y propuso expedientar a cuatro personas. En teoría, durante ese tiempo escuchó las versiones de los responsables, tuvo que recopilar pruebas y reconstruyó los hechos para poder plantear las sanciones adecuadas. Ese trabajo que debería haber quedado puntualmente recogido en el sistema interno del partido, pero, según ha podido confirmar el ARA, no está.

El serial del Consejo de la República continúa. Un contundente comunicado de la junta gestora de la entidad desautoriza al hasta ahora vicepresidente de la organización, Toni Comín, y denuncia "presiones" del exconseller para que se subsanara el documento que le acusaba de haberse beneficiado de gastos no justificados. "La junta considera que tiene la obligación de comunicar, por un lado, que ha tenido conocimiento de las presiones y requerimientos verbales y escritos a los que ha sido sometido el auditor, Sr. Miquel Verdaguer, con el objetivo de que modificara, a demanda, el contenido relativo a los gastos del ex vicepresidente", remarca el comunicado. Además, la junta gestora asegura que el auditor se afianza en las conclusiones iniciales y rechaza que haya rectificado, tal como este jueves Comín aseguraba en declaraciones a los medios desde el Parlamento Europeo.

Crecen las sospechas sobre las cuentas de Vox. Tras saberse que el Parlament pide más información al líder de la formación de extrema derecha en Catalunya, Ignacio Garriga, por supuestamente haber cargado gastos personales a cargo de la cámara catalana, ahora es el Tribunal de Cuentas quien pone en cuestión las finanzas del partido a nivel estatal. El informe anual de fiscalización de las cuentas de los partidos políticos del 2020 hecho público señala hoy, concretamente, 103.048,30 euros que se habrían ingresado irregularmente.

El departamento de Educación ha abierto un expediente disciplinario al director del IES Ebre y otro a la administradora del centro por el caso de las prácticas formativas irregulares, según ha explicado la secretaria general del departamento en las Terres de l'Ebre, Patrícia Gomà, en rueda de prensa. Los expedientes deben determinar si estos dos miembros del equipo directivo cometieron "irregularidades graves", lo que podría acarrear la suspensión de funciones durante todo un año. Ambos expedientes deben resolverse en un máximo de seis meses, pero ni el director ni la administradora ya seguirán en el cargo porque este mismo jueves han comunicado al claustro que renuncian a la dirección.

El futbolista argentino Leo Messi ha comprado una finca sin legalizar en el municipio ibicenco de Sant Josep por 11 millones de euros. Según ha avanzado El Periódico de Ibiza y ha podido confirmar el Ara Balears con fuentes del consistorio ibicenco, el inmueble está en suelo rústico, tiene una superficie de 568 metros cuadrados y no dispone de licencia de final de obra ni de cédula de habitabilidad.

El actual director del Servicio Catalán de Tráfico, Ramon Lamiel, ha negado cualquier tipo de irregularidades durante su gestión como gerente en el Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona, un organismo formado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Lamiel ha defendido su trabajo en una comparecencia en el Parlament de Catalunya este miércoles a pesar de que hay dos informes de la Sindicatura de Cuentas y de la Intervención de la Generalitat que indicarían lo contrario. El PSC y Cs habían pedido la comparecencia de Lamiel y de otro de los exgerentes del consorcio, Josep Pera. La falta de explicaciones y las inconcreciones de este segundo excargo han indignado a todos los partidos de la oposición. Cs y la CUP ya han anunciado que estudiarán pedir la creación de una comisión de investigación sobre el caso.