Derechos sociales baja el tono con los extutelados por los supuestos pagos indebidos

BarcelonaEl departamento de Derechos Sociales e Inclusión ha calificado de encuentro "cordial" la reunión que este miércoles ha mantenido la consellera del ramo, Mònica Martínez Bravo, con cinco portavoces de los jóvenes extutelados a los que la Generalitat reclama que vuelvan entre 12.000 y 36.000 euros por supuestos "pagos indebidos". En el encuentro, que tuvo lugar a primera hora de esta mañana en el Parlament, la consellera se disculpó por todo el sufrimiento y revuelo que causó al colectivo el envío de las cartas y también les mostró su disposición a "acompañarles" en el proceso para la aportación de la documentación que se les requiere en el periodo de diez días. Por su parte, la síndica de agravios ha pedido que se apruebe la condonación de estas deudas, como ya se hizo con los perceptores de la renta garantizada de ciudadanía.

En la reunión, cinco jóvenes extuteladas han sido la voz del colectivo y han transmitido a la consellera la preocupación y el estrés que les ha causado la noticia de devolver dinero por un error administrativo que nada tiene que ver con ellos. "Se mostró muy empática con nosotros", relata una de las portavoces, quien también indicó que se les informó de que los técnicos revisarán uno por uno los expedientes para recalcular la deuda pendiente real, y les insistió en que el envío de las cartas para la revisión de los expedientes es una "obligación legal".

Los jóvenes, organizados a través de un grupo de WhatsApp de más de 130 miembros, se quejan de la "improvisación" de la conselleria y reprochan que se les trate como jefes de turco en una crisis abierta en la gestión del pago de las prestaciones sociales y del sistema de protección de la infancia que ha obligado a reformular la vieja DGAIA por la DGPPIA, con menos funciones que su antecesora.

En un comunicado, la síndica de agravios, Esther Giménez-Salinas, reclama que los afectados no tengan que devolver ninguno de los importes reclamados, y anuncia que en los próximos días presentará un informe sobre las posibles vulneraciones de derechos que han sufrido los extutelados. En un comunicado ha informado que en 2025 la institución ha recibido una veintena de quejas de jóvenes que habían sido tutelados por la Generalitat y que denuncian dilaciones de la conselleria a suspender el pago de las prestaciones cuando informaban de cambios incompatibles con recibirlas y que, en consecuencia, generan los pagos indebidos. No se trata, pues, de que estos chicos hayan mentido u escondido información para seguir beneficiándose de las ayudas, sino que ha habido un "mal funcionamiento de la administración".

Es la situación de Natalia, a la que le reclaman 18.000 euros. A la chica, que tiene 23 años y ya no está dentro del sistema de protección, le reprochan que siguiera cobrando, pese a salir de Catalunya y trasladarse a Estados Unidos, uno de los motivos para dejar de recibir la prestación social. Sin embargo, la joven explica que firmó un documento junto con su referente en el que declaraban la extinción de la prestación, y que durante el tiempo que lleva viviendo fuera no ha cobrado nada. Manifiesta que la notificación del departamento le ha dejado "estresada y nerviosa" porque, aunque tiene claro que no ha hecho "nada mal", sabe que ni ella ni ninguno de sus compañeros serían capaces de devolver tanto dinero.