El hecho de que Barcelona acoja la gala de los premios Goya poco después de la reciente gala de los Gaudí, es un episodio más de la batalla cultural que enfrenta a dos visiones de Barcelona y de su papel en España. Es una batalla que, a nivel político, se puede equiparar a la de los soberanistas y federalistas. Los primeros quieren que Barcelona ejerza como capital de Cataluña y del catalán; es decir, que actúe como si fuera capital de un estado, para garantizar la supervivencia del hecho nacional. Los segundos pretenden que Barcelona asuma sin complejos su cuota de capitalidad española, con el fin de sacarle el máximo provecho y contribuir a una concepción más plural de la realidad peninsular.

A la espera de laloto trenesde este lunes, día en el que están depositadas algunas esperanzas voluntaristas de recuperación del mal llamado servicio de Cercanías, leemos que el Estado encadena tres años consecutivos reduciendo la licitación de obras en Catalunya, según el informe de la Cámara de Contratistas de Obras de nuestro país. O sea que el Estado presupuesta poco y ejecuta aún menos: como recordarán, las ejecuciones de Renfe y Adif en Cataluña cuyos últimos tres años se tienen datos (2021, 2022, 2023) han sido del 19%, del 34% y del 43%, respectivamente. Después todo son disculpas a los usuarios, peticiones de paciencia y promesas que ahora sí iremos tan bien, pero si incluso con dos gobiernos socialistas, en Catalunya y en España, el trato es el de siempre, eso no lo arregla ni el método Baltasar de rezar en la Moreneta durante la sequía del 2008.

Las negociaciones sobre la financiación singular y las noticias sobre otras referidas a la participación de la Generalitat en la gestión de Aena hacen oportuna una reflexión sobre la relación de los catalanes con España.

Es muy probable que las próximas elecciones generales sean en 2027, cuando habremos tenido 9 años de gobiernos Sánchez. Por sí solo, el desgaste natural del poder debería hacer ya probable que las elecciones dieran paso a un gobierno que, desgraciadamente, estará fuertemente influido por el triplete Vox-Aznar-Ayuso. Por circunstancias bien conocidas hoy, la probabilidad de que esto ocurra ha aumentado. Una situación decididamente mala para Cataluña. En esta situación, nuestras mejores políticas para los próximos dos años son las que reduzcan la probabilidad de que se materialice el mal resultado y las que nos preparen para un futuro posiblemente adverso. De nada serviría en este momento impulsar medidas que nos gratificaran emocionalmente, pero que fueran a la vez reversibles y propiciadoras de un gobierno condicionado por el triplete.

Ya no somos una nación: ahora somos una periferia. El viernes 16 de mayo, el presidente Salvador Illa daba una conferencia en Pamplona organizada por Diario de Noticias y El Periódico. El presidente, en una de las etapas de la peregrinación por el territorio español en las que explica su proyecto político de concordia y reconciliación –y de paso se hace perdonar el pecado soberanista que otros habíamos cometido–, consideró a Navarra y Catalunya como un ejemplo de España periférica. Literalmente –los matices siempre son importantes– dijo: "Hoy, Catalunya es garantía de lealtad y de cooperación institucional. [...] Si ampliamos un poco el foco, el radio, hoy es la España plural, algunos hablan de la España periférica, incluida Navarra, la que garantiza la estabilidad, la prosperidad y la solidaridad ante los que tienen un concepto, a mi juicio, erróneo, de".

De muy joven le oí o leí en el historiador Josep Maria Ainaud de Lasarte una frase que, por su lucidez, me guardé en el bolsillo. Decía Ainaud que la relación entre Catalunya y España era un empate de impotencias: la impotencia histórica del poder español de acabar con la diferencia catalana, y la impotencia de Catalunya de quitarse de encima al poder español. Probablemente, Ortega y Gasset pensaba en lo mismo cuando formuló lo de la "conlevancia"como única estrategia posible frente a lo irresoluble"problema catalán". Seríamos, pues, ante una relación basada en la resignación, donde ninguna de las partes es nunca feliz.

Pedro Sánchez ha afirmado este jueves que "la amnistía no era el paso siguiente" que quería dar, pero es coherente con la política de normalización en Catalunya”. Entendidos, pero ¿qué es lo “normal” aquí?

En las casi cuatro décadas que ya acumulo escribiendo en los diarios y polemizando sobre la cuestión catalana, he visto a los adversarios intelectuales internos de la reivindicación nacional invocar todo tipo de causas y teorías para explicarse la contumacia, la terquedad de aquella reivindicación. Eugenio Trías, por ejemplo, consideraba que el incitador era “el dogma del nacionalismo lingüístico”, el afán de imponer el catalán, ya se ha visto con qué celo... Félix de Azúa y otros, en cambio, recurrían a la sociología: para ellos, todo el mal venía de una clase medio-baja (maestros, empleados, pequeños funcionarios...) resentida en su insignificancia y que utilizaba el nacionalismo como vehículo para ascender socialmente y escalar posiciones de poder...

La gran victoria política de Vox es haber condicionado del todo la agenda del Partido Popular. Esto ha quedado certificado en la convención celebrada el fin de semana pasado en la plaza de toros de Valencia, que han querido aprovechar para entronizar a Pablo Casado como aspirante a la Moncloa, con permiso de la nueva musa de los populares, Isabel Díaz Ayuso.

Sería de mucha ayuda aclarar cuál es la naturaleza profunda del marco conflictivo en el que se desarrolla la relación entre España y Catalunya. Y esto incluye de las expresiones más graves, como por ejemplo la represión del soberanismo, a las de efectos más limitados y aparentemente de carácter administrativo. Pienso en la reciente decisión de retirar unilateralmente la inversión en el aeropuerto de El Prat por una supuesta baja disposición de nuestro gobierno a someterse, sin abrir la boca, a las condiciones impuestas. Seguir atribuyendo estos conflictos a incompetencias individuales, gubernamentales o partidistas como hace el establishment patronal y mediático es propio de una actitud cómplice con aquello que los causa.

1. Necesidad. El principio del humanismo es reconocer al hombre como fin y no como medio. Y este es el sentido de la democracia: el ciudadano como fin, portador de derechos y deberes, y no como súbdito de un poder amparado por una creencia superior, teológica, identitaria o ideológica. Por eso, en democracia se aspira a que los conflictos se resuelvan por la vía del diálogo y de la negociación y no por la confrontación violenta (sea con coartada legal o sin ella).