La unanimidad con la cual el pleno de Barcelona ha decidido hoy retirar cuanto antes mejor la losa de hormigón que ocupa dos tramos de la ronda de Sant Antoni –como muy tarde el año que viene– no refleja todos los giros y las tensiones políticas del proyecto. La losa ya hace cuatro años que no acoge las carpas del mercado provisional de Sant Antoni que motivaron su colocación y el gobierno municipal decidió en 2018, casi sobre la campana, que paraba el proyecto de reurbanización que ya tenía a punto. La losa se quedó para desesperación de los vecinos, que denuncian una acumulación de problemas de convivencia, y fue campo de pruebas del polémico urbanismo táctico: se pintaron juegos en el suelo, se pusieron grandes jardineras y poca cosa más. Los planes del gobierno municipal pasaban ahora para hacer una segunda reforma táctica, mejorando la pintura y los espacios de estancia. Pero el malestar vecinal hizo añicos esta previsión y los comuns, en un nuevo giro de guion, se han sumado al clamor de la oposición y de los vecinos y han admitido que es "urgente" retirar la plataforma de hormigón. Adiós al urbanismo táctico. Y se vuelve al proyecto aparcado en 2018.

La tormenta política por la celebración de los Juegos de Invierno de 2030 en Catalunya y Aragón ya se ha instalado también en el Ayuntamiento de Barcelona, con disparidad de visiones dentro mismo del gobierno. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya dejó claro el martes, en su encuentro anual con los periodistas, que el proyecto les genera "dudas", sobre todo en cuanto a sostenibilidad, y que quieren detalles sobre cuál sería el papel que jugaría Barcelona antes de posicionarse a favor o en contra de la celebración. En el pleno de este viernes, su grupo ha reiterado las mismas dudas ante una proposición de JxCat que pedía que el Ayuntamiento se comprometa a respetar el resultado de la consulta que el Govern quiere organizar en el Alto Pirineo y Aran y que, si el resultado es positivo, ponga todo su potencial a favor de la candidatura.

ERC enseña los dientes a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pero de momento no la muerde: le mantiene el camino allanado para poder aprobar la congelación de tasas prevista para el 2022, que se negocia vinculada a los presupuestos. La abstención de los republicanos en el pleno de este viernes ha permitido al gobierno municipal sacar adelante el proyecto de ordenanzas fiscales, que se tienen que aprobar de forma definitiva en diciembre y que han chocado con la negativa en bloque del resto de los grupos, partidarios de rebajas fiscales en tiempos de crisis. ERC también ha criticado la propuesta del gobierno y ha recordado "incumplimientos como el de no estar aplicando ahora la llamada tasa Amazon o el "cambio de discurso" en cuanto a las terrazas, pero ha decidido no dinamitar la discusión. Y el gobierno municipal le ha agradecido el gesto y ha asegurado estar abierto a hablar "de todo", incluida la tasa Amazon, que está en estudio desde hace años, o las bonificaciones de las que se prevé que se puedan beneficiar las terrazas, que todavía no quedan recogidas en la propuesta, pero que se da por hecho que podrán mantener la rebaja del 75,%, una bonificación que el gobierno no descarta incluso hacer indefinida.

No ha habido unidad en Barcelona a la hora de decidir cuál era la mejor respuesta política ante el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél y de los disturbios que se han ocasionado durante las protestas para pedir su liberación. El pleno ha discutido este viernes hasta cinco propuestas diferentes, cada una con el sello y la ideología de un partido diferente. El mínimo común denominador de todas era la condena de los hechos violentos y los destrozos de mobiliario urbano y tiendas, pero solo dos han quedado aprobadas: la que los comunes han pactado con ERC y JxCat -sin el apoyo de los socialistas, que son sus socios de gobierno-, que pide tramitar de manera urgente el indulto para Hasél, Valtònyc y cualquier artista condenado por delitos similares, y la del PSC, que se ciñe al rechazo "sin matices" de los hechos violentos que se han vivido estos días y al reconocimiento a los servicios de emergencias, limpieza y mantenimiento. Los socialistas han defendido, durante el largo -y agrio- debate de las proposiciones sobre los disturbios, que no era el momento de entrar en las causas de las protestas ni acelerar debates sobre el modelo policial, sino solo de condenar la violencia.