En plenas negociaciones por la investidura en Madrid, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se la jugará este lunes y viajará a la Catalunya Nord pese a haber perdido la inmunidad en julio a raíz de una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE). Aunque en un primer momento decidió no acudir al Parlamento de Estrasburgo por el riesgo que supondría hacerlo sin suficientes garantías de protección jurídica, en esta ocasión ha decidido que sí acudirá este lunes 21 de agosto a la Abadía de San Miquel de Cuixà, que pertenece administrativamente al municipio de Codalet, en la comarca del Conflent.

Pablo Llarena no emitirá nuevas euroórdenes contra Carles Puigdemont y Toni Comín de forma inminente. Después de la petición la Fiscalía este lunes, que se sumó a la de de la acusación popular de Vox, el magistrado instructor ha emitido una providencia donde resuelve que no tomará una decisión hasta que la justicia europea se pronuncie sobre los eventuales recursos de los eurodiputados de Junts contra la retirada de su inmunidad. Teniendo en cuenta que el expresidente y el exconsejero en el exilio tienen margen hasta el 15 de septiembre para recurrir la sentencia y solicitar que se les devuelva cautelarmente la protección, previsiblemente no habrá nuevas euroórdenes durante las negociaciones entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

Densa sesión en la sala grande del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para debatir sobre las preguntas que el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena elevó después de que las autoridades judiciales de Bélgica rechazaran la extradición del ex conseller Lluís Puig. A lo largo de toda la mañana, todas las partes han podido exponer sus argumentos y la Comisión Europea, en calidad de guardiana de los tratados y normas de la Unión Europea, ha defendido el posicionamiento español. Según el ejecutivo comunitario, Bélgica no tendría que haber entrado a valorar si Puig tendría o no un juicio justo en España para rechazar la euroorden, porque en España "no hay ningún problema sistémico de estado de derecho".

Jornada fundamental en Luxemburgo para la estrategia judicial de los líderes independentistas exiliados. Este martes, la sala grande del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acoge la vista sobre las preguntas que el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena presentó hace un año después de que la justicia belga rechazara extraditar al ex conseller de Cultura Lluís Puig. Llarena presentó hasta siete cuestiones prejudiciales que, a grandes rasgos, preguntan si Bélgica puede poner en entredicho que en España se respeten los derechos fundamentales de la persona reclamada y si Bélgica podía cuestionar las competencias del Supremo a la hora de emitir las euroórdenes. Estos son dos de los argumentos que el juez belga esgrimió para rechazar la extradición de Puig y que anticiparían los que podría dar también para Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.

Este lunes la jueza del Tribunal de Apelaciones de Sassari, Plinia Azzena, deberá decidir si tramita o no la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por su colega del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y entrega a España al ex president de Catalunya Carles Puigdemont. No es la primera vez que la justicia italiana se enfrenta a una euroorden, pero el contexto político del caso hace que la colaboración entre ambas magistraturas tenga pocos precedentes. La cooperación entre los sistemas judiciales de Italia y España es anterior a la entrada en vigor del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia europeo (ELSJ) y hasta ahora casi siempre se había producido en un contexto de delitos vinculados con el crimen organizado o el narcotráfico. En el año 2000 los gobiernos de Roma y Madrid firmaron un acuerdo "pionero" para crear un espacio de cooperación judicial, el primero de este tipo alcanzado entre dos países socios en la UE. Se trataba de un protocolo que "fortalecía la cooperación entre ambos países en los distintos momentos de la extradición, facilitando la entrega de los infractores", explicó el entonces ministro de Justicia, Ángel Acebes.

El ex president de la Generalitat y ahora eurodiputado Carles Puigdemont ha elegido el 1 de octubre para pedir a la justicia europea que le devuelva la inmunidad parlamentaria. El Tribunal General de la Unión Europea ha notificado este viernes que la defensa del líder de Junts ha pedido formalmente medidas provisionales para recuperar la inmunidad, como ya avisaron que haría después de ser detenido en Alguer. Puigdemont tiene cita el lunes 4 de octubre ante la juez de Sassari, que ordenó su liberación después de que el ex president pasara una noche en la prisión en Cerdeña.

Si no hubiera sido por la bandera italiana que ondeaba en la cárcel de Bancali (Cerdeña) y los carabinieri que rodeaban el centro penitenciario, la imagen de Carles Puigdemont, con camisa y americana, saliendo de la cárcel habría podido ser muy bien la del abril de 2018 en Alemania. Allí el expresident también fue detenido en la frontera y salió al cabo de doce días de Neumünster pendiente de si le entregaban a España. Este viernes el líder de Junts ha repetido la misma secuencia, pero en menos de 24 horas: fue detenido anoche en el aeropuerto de Algher y le han dejado libre esta tarde después de pasar la noche en una prisión sarda. Ahora se abre un proceso de extradición en Italia, pero a diferencia de hace tres años, cuando aún no era eurodiputado, podrá viajar libremente por Europa hasta que se tome una decisión. El 4 de octubre debe comparecer ante la justicia de Cerdeña para conocerla.

Ya hace 28 meses que hay políticos independentistas en diferentes países de Europa sin que la justicia española haya conseguido extraditarlos y juzgarlos ni por rebeldes, ni por sediciosos ni por malversadores. Después de todo este tiempo, Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y también Marta Rovira y Anna Gabriel continúan en libertad fuera de España. Y no es que las autoridades españolas no hayan intentado evitarlo. Ya se pueden contar dos órdenes europeas de detención frustradas y una tercera que, a la espera de una nueva decisión esta semana, cuelga de un hilo. ¿Cómo se explica?

La carpeta de las euroórdenes ya está sobre la mesa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y no a petición de los exiliados, sino del magistrado instructor de la causa contra ellos, Pablo Llarena. Este martes el Tribunal de Luxemburgo ha comunicado que ha admitido a trámite las cuestiones prejudiciales sobre las euroórdenes que Llarena elevó a la justicia europea. Lo hizo el mismo día que la Eurocámara retiró la inmunidad a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí y, de hecho, no fue una mera coincidencia, sino el primer paso para extraditarlos después de quedarse sin privilegios parlamentarios. Concretamente, Llarena pidió al TJUE que aclare los límites que tienen los tribunales de los estados miembros para rechazar las euroórdenes. Primero fue la justicia alemana, después la escocesa y finalmente la belga –rechazó la extradición de Lluís Puig– las que han denegado las euroórdenes, y el magistrado del Tribunal Supremo cree que no tenían potestad ni competencias para fiscalizarlas.

Seis horas han sido el compás de espera de tiempo que ha habido entre que la Eurocámara ha retirado la inmunidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí y el primer movimiento del Tribunal Supremo para intentar que los exiliados vuelvan a España. Ha llegado en forma de cuestión prejudicial que el magistrado instructor, Pablo Llarena, ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que aclare los límites que los tribunales de los estados miembros tienen para rechazar las euroórdenes. Primero fue la alemana, después la escocesa y finalmente la belga las justicias que han denegado las euroórdenes a Llarena, pero la más destacada fue la que afectaba al ex conseller Lluís Puig.