Carles Puigdemont, detenido en Alguer

El ex 'president' pasará mañana a disposición judicial a pesar de que las euroórdenes estaban suspendidas

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Carles Puigdemont antes de entrar en  la prisión de Neumünster cuando fue detenido en Alemania el 2018

Barcelona / BruselasLa policía italiana ha detenido este jueves al ex president de la Generalitat y actual eurodiputado Carles Puigdemont en Cerdeña, donde había viajado para reunirse este viernes con autoridades de la isla. Puigdemont perdió recientemente la inmunidad parlamentaria porque el Tribunal General de la Unión Europea interpretó que no había riesgo de detención, puesto que la euroorden contra él que había emitido el Tribunal Supremo estaba suspendida a la espera de que la justicia europea resolviera las cuestiones prejudiciales pendientes. Aun así, este jueves, cuando ha llegado al aeropuerto de Alguer, ha sido detenido por policías fronterizos italianos y mañana pasará a disposición judicial de la Corte de Apelación de Sassari que es competente para decidir su puesta en libertad o su extradición.

"Está tranquilo", ha asegurado sobre Puigdemont el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, en declaraciones al Més 324. "Una vez más la justicia española ha engañado a los tribunales europeos y ha mantenido activadas unas euroórdenes que no tendrían que estar activas", ha añadido. En este sentido, se ha mostrado convencido de que prevalecerá la justicia europea y de que se demostrará que la detención es "incorrecta". "La extradición no se producirá [...]. Esperamos que mañana Puigdemont pueda recuperar la libertad", ha añadido.

Su abogado, Gonzalo Boye -que lo está asistiendo con abogados italianos-, ha recordado en Twitter que la orden de detención del 14 de octubre de 2019 está suspendida y que así lo expresó el Estado en una resolución ante el Tribunal General de la Unión Europea que acordó la última suspensión de la inmunidad. Era la primera vez desde que estaba en el exilio que el ex president visitaba Alguer, donde tenía previsto reunirse este viernes con el presidente de la región autónoma de Cerdeña y con el síndico de Alguer.

Ahora bien, desde el Tribunal Supremo la versión es contraria. Fuentes del tribunal aseguran que la euroorden "nunca se desactivó". "La inmunidad se levantó por parte del Parlamento Europeo y el Tribunal General de la Unión Europea mantuvo la retirada de la inmunidad hasta que se resuelva el recurso de Puigdemont [a la justicia europea]", señalan las fuentes, "la cuestión prejudicial no influye porque solo se refería a aclarar la decisión que tomó Bélgica", acaban.

¿Qué dijo el tribunal?

Tanto Carles Puigdemont como Toni Comín y Clara Ponsatí habían perdido por segunda vez la inmunidad parlamentaria después de que la justicia europea considerara precisamente que no había riesgo de que fueran detenidos teniendo en cuenta que, después de que el juez belga rechazara la extradición del ex conseller Lluís Puig, las euroórdenes habían quedado suspendidas a la espera de que el tribunal de Luxemburgo responda a una pregunta del propio juez Llarena. 

El mismo auto del Tribunal General de la Unión Europea que les retiraba la inmunidad parlamentaria hacía referencia al hecho de que España había dejado claro que "ningún tribunal de la Unión Europea podía ejecutar las órdenes europeas de detención en cuestión hasta que el Tribunal de Justicia haya decidido".

A pesar de que el Supremo diga ahora que las euroórdenes no estaban suspendidas, el vicepresidente del TGUE afirmaba en la decisión con la que les retiraba de nuevo la inmunidad que las propias autoridades españolas habían notificado que las órdenes europeas de detención eran inactivas. Y por eso, concluía que "mientras el TJUE no se pronuncie sobre el asunto prejudicial de Puig, nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o las de cualquiera otro estado miembro puedan ejecutar las órdenes de detención dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas". 

De aquí que el abogado Josep Costa también haya cuestionado el movimiento a través de Twitter: "El gobierno español dijo al Tribunal de Luxemburgo que la euroorden contra el president Carles Puigdemont estaba suspendida, como prevé el reglamento del TJUE. No era cierto. Llarena no ha dictado nunca ninguna resolución desactivándola o suspendiéndola. Tendrán que dar muchas explicaciones y no solo al TJUE".

En este sentido, Luxemburgo dejaba abierta la puerta a que Puigdemont pudiera solicitar de nuevo cautelares si era detenido. "Los diputados mantienen la posibilidad de interponer una nueva demanda si, con posterioridad a este acto, el perjuicio alegado resultara bastante probable, en particular en el supuesto de que fueran detenidos por una autoridad de ejecución de un estado miembro o que se llevara a cabo alguna actuación dirigida a entregarlos a las autoridades españolas", decía. Así, puede ser una de las vías que activen las defensas de Puigdemont ante el Tribunal General de la Unión Europea.

Después de que trascendiera la noticia, el independentismo ha reaccionado a través de las redes sociales expresando apoyo a Puigdemont. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado la "más enérgica condena ante la persecución y represión judicial". "La amnistía es el único camino. La autodeterminación, la única solución", ha expresado el jefe del ejecutivo.

La detención de Puigdemont llega en el marco del deshielo entre la Generalitat y la Moncloa, una semana después de que se celebrara el primer encuentro entre Aragonès y el presidente español, Pedro Sánchez, y la reunión de la mesa de diálogo. También se ha producido después de que el ex president haya viajado desde Bélgica a otros países de la UE, como Francia, a lo largo del verano. En Italia, sin embargo, ha sido detenido.

La Moncloa defiende la detención

Pasados pocos minutos de la una de la madrugada, la Moncloa ha emitido un comunicado en el que expresa su "respeto" por los tribunales italianos, "como lo ha hecho con los españoles y europeos que han dictado resoluciones en los procedimientos judiciales que afectan al Sr. Puigdemont". El gobierno español defiende que la detención en Alguer se produce porque hay un "procedimiento judicial en curso que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que tiene que responder de sus actos ante los tribunales". En este sentido, el ejecutivo de Pedro Sánchez subraya que Puigdemont "se tiene que someter a la acción de la justicia, exactamente igual que cualquiera otro ciudadano".

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