De esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el catalán (digo “contra el catalán” porque persigue que nuestra lengua no esté “blindada” en las aulas) se desprende una conclusión meridiana: solo un estado propio garantiza la protección jurídica que cualquier lengua oficial tiene en su propio territorio. No debería ser necesariamente así: en un estado verdaderamente plurinacional, tan español sería el catalán como el castellano. Pero no es el caso y no creo que me equivoque si digo que no lo será nunca. La única lengua que tenemos el deber constitucional de conocer es el castellano. Lo proclama el artículo 3 de la Constitución de 1978, que al final también dice que “las diferentes modalidades lingüísticas de España” son una riqueza “que será objeto de especial respeto y protección”. ¡Pues suerte que lo protegen, el catalán!

Consiguieron más de 700 cajas de tratamientos de fertilidad obtenidas a coste 0 con más de medio millar de recetas falsas. Luego vendían los fármacos por debajo del precio de mercado a mujeres que no podían pagarlos y buscaban alternativas en páginas como Wallapop y Milanuncios. Una estafa en la sanidad pública a expensas de mujeres que intentaban ser madres que asciende a 226.000 euros. Estaban implicados un trabajador de un CAP y una farmacéutica de Sant Adrià de Besòs, la directora de una clínica de fertilidad de Palma y dos vecinas de Sevilla, madre e hija. Pese a que casi todos intentaron sacudirse responsabilidades presentándose como víctimas del engaño, los cinco han terminado condenados apenas mínimas una década después del fraude con una sentencia dictada un año después del juicio.

Inhabilitación de dos años, multa e indemnización a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al Tribunal Supremo llegó este jueves, el día que se celebraban los 50 años de la muerte de Franco, cuando nadie le esperaba. Más bien de lo previsto y, de hecho, sin la sentencia todavía redactada. ¿Quiénes son los cinco jueces de la sala penal que han tomado esta decisión? ¿Y quiénes son las dos magistradas que discrepan? Repasamos los perfiles de un tribunal con mayoría conservadora y abundan los nombres propios de la judicialización del Proceso.

Google ha logrado esquivar una de las sanciones más duras a las que se exponía por infringir las leyes antimonopolio, que la justicia ya había acreditado en el 2023. El departamento de Justicia estadounidense quería forzar que Google tuviera que desvincularse de su buscador Chrome como medida para limitar los efectos de las prácticas monopolísticas de la empresa, pero. Eso sí, la misma sentencia le prohíbe utilizar contratos de exclusividad que obliguen al usuario a utilizar Chrome, y además Google tendrá que compartir los datos de búsqueda con sus competidores.

Esta historia del traslado de las pinturas de la sala capitular del monasterio de Sijena hace años que mueve, suficientes años para que nos hayamos ocupado suficientemente aquí en el ARA.

La sentencia se hizo esperar casi dos años, pero acabó dando la razón en el despacho de abogados de Barcelona que en el 2021 llevó a la justicia 56 errores en el sorteo de la Lotería de Navidad que no se habían enmendado al momento, como dice el reglamento. Los que oyeron a los niños de Sant Ildefons cantar su número como ganador de un premio menor nunca lo cobraron: eran erróneos y en la lista oficial que llega a las administraciones constan los números correctos, no los que se cantan. Sin embargo, durante el sorteo en directo nadie avisó del error ni tampoco se enfocaron en detalle las bolas de los premios de consolación con el número correcto, como sí ocurre con los grandes. Ahora una juez de Madrid ha hecho constar "la negligencia" de los trabajadores del sorteo que, a solo unos centímetros de los alambres, debían supervisar a los niños que cantaban los números: "Omitieron su deber de fiscalización de las operaciones del sorteo", afirma, y ​​añade que no se corrigió en directo ninguna de la cincuentena de error.

La denunciante del futbolista Dani Alves también recurrirá, como la Fiscalía, contra la sentencia que hace una semana anuló la condena de cuatro años y medio de cárcel por haberla agredido sexualmente. Según ha podido saber el ARA, la abogada de la joven, Ester García, está preparando el escrito para presentarlo el lunes en el Tribunal Supremo.

Seis años de cárcel por agresión sexual, trato degradante y amenazas. Es la condena que la Audiencia de Barcelona ha dictado este martes para el hombre al que juzgó por agredir sexualmente a Yaqui en abril del 2021, y que recoge una sentencia a la que ha tenido acceso el ARA. En ese momento, ella no tenía papeles y buscaba trabajo como cuidadora en el portal Milanuncios. El hombre, que tenía 68 años, contactó con ella y la llevó hasta un piso de El Prat de Llobregat haciéndole creer que iba a una entrevista laboral. Allí la agredió sexualmente. Tras la agresión el condenado advirtió a la víctima de que si le denunciaba haría que la deportaran.

Una noche del 2017, Michael Berkheimer decidió ir a cenar con su familia y amigos al restaurante Wings on Brookwood, en la ciudad de Hamilton, en el estado estadounidense de Ohio. Para comer se pidió unas alas de pollo sin huesos con ajo y parmesano. Mientras masticaba notó que una parte del pollo iba por la vía equivocada y, aunque intentó vomitar, no logró deshacerse de ellos. A lo largo de esa noche tuvo fiebre y en los dos días siguientes no podía comer nada. Resulta que el pollo sin huesos sí lo llevaba, concretamente un hueso de tres centímetros y medio que los médicos tuvieron que sacarle de la garganta mediante cirugía.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado la condena por abusos sexuales en el masajista de Sant Pol de Mar, Eduard Sauleda, que "desbloqueaba sexualmente" a sus pacientes. El hombre no podrá ejercer durante dos años porque la sentencia, que ya es firme, incluye también una inhabilitación por dos años. Sin embargo, no entrará en prisión porque el juzgado de lo Penal de Arenys de Mar le condenó a 48 meses de sanción, que equivalen a 14.400 euros, por los delitos contra las tres chicas que le denunciaron. Dos de ellas recibirán indemnizaciones de 3.000 euros y la tercera de 1.500.

Rafael Rubio tiene 68 años y está jubilado. Durante cuatro décadas ha trabajado en los talleres de mantenimiento y reparación del metro de Barcelona situados en Vilapicina y ahora una sentencia le da la razón: este trabajo le ha perjudicado la salud de por vida. El causante, la exposición al amianto. Hasta ahora, Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) lo negaba, pero el juzgado de lo social número 4 de Barcelona ha dado la razón a Rubio y le ha reconocido la situación de incapacidad permanente. Es el primer trabajador vivo que logra una sentencia favorable de estas características, después de que la justicia reconociera en 2022 que la exposición a este material que hace unas décadas se utilizaba a raudales en la construcción había causado la muerte de un compañero sede. Ahora el juez también acredita que Rubio sufre fibrosis pulmonar y vincula a la patología a un origen profesional.

La sentencia condenatoria por un delito de agresión sexual contra Dani Alves no es una sorpresa. Había ido quedando claro que todos los indicios y pruebas apuntaban a la culpabilidad. Y, en efecto, los magistrados han apoyado la versión de la víctima y no se han creído el futbolista, quien dijo que el sexo fue consentido. Si acaso, la sorpresa puede tener que ver con la pena, que, pese a la contundencia con la que se da credibilidad al hecho delictivo, se ha situado en la parte más baja posible: cuatro años y seis meses de cárcel. Al agresor le habrían podido caer hasta doce años. La Audiencia de Barcelona también le imputa un delito leve de lesiones, con una pena de unos 9.000 euros de multa, y refuerza que la agresión sexual fue con fuerza física: los magistrados consideran claramente probado que el ex azulgrana violó con violencia una mujer de 23 años en un aseo de un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona la madrugada del 31 de diciembre del 2022.

Hace casi 10 años que Virginia Giuffre denunció a Ghislaine Maxwell por colaborar con el magnate Jeffrey Epstein en la organización de la explotación sexual de menores. La demanda es la parte visible de una larga trama de tráfico de chicas y red de prostitución, vinculada a algunos de los hombres más ricos y poderosos del mundo. La historia se enturbió aún más cuando en el 2019 se encontró el cuerpo sin vida de Jeffrey Epstein en el centro penitenciario de Manhattan donde estaba en prisión provisional a la espera de juicio. Pero ni su muerte ni las presiones para forzar el hermetismo del caso han impedido que la juez de Nueva York Loretta Preska, que lleva la demanda presentada en el 2015, haya levantado el secreto de sumario del caso.

La sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo 5 de Barcelona que ha declarado nulos los proyectos de reurbanización de los ejes verdes de Consell de Cent y Enric Granados y que ordena devolver la urbanización de las calles a su estado anterior, ha suscitado un gran revuelo político y mediático con posicionamientos de incredulidad. Pero más allá de las consideraciones sobre si la sentencia es más o menos congruente, conviene realizar un análisis de sus fundamentos principales, para ver si realmente tiene razón desde un punto de vista jurídico-urbanístico.

Pep (es un nombre ficticio para garantizar el anonimato) trabaja en una agencia de comunicación. Una vez al año, la propietaria de la empresa invita a toda la plantilla a subir a unos autobuses para pasar dos días en un hotel fuera de Barcelona entre semana. Es el pistoletazo de salida de una experiencia laboral totalmente inmersiva. "A parte de organizar actividades como talleres, hay alguna para hacer equipo como una cata de vinos y sobre todo mucho comida y alcohol", explica al ARA . Si alguien no puede ir, no pasa nada. El departamento de recursos humanos no les obliga a participar, pero sí que les anima mucho a hacer piña. "Me parece bien que se quiera animar a que haya buenas vibraciones dentro del equipo, porque pasas muchas horas al día trabajando con la misma gente. Pero hasta cierto punto. Creo que se tiene que respetar que hay personas con las que te llevas mejor y peor y también que algunos somos más introvertidos que otros".

En octubre del 2019, una inmobiliaria pone un anuncio de alquiler de un piso en Barcelona en el que se especifica como requisito para los futuros inquilinos que tienen que ser "personas estudiantes, españolas, con contrato indefinido". Hoy, una jueza ha ratificado la que, según el consistorio, es la primera sanción en el estado español por "discriminación en el acceso a la vivienda". Se piden 90.001 euros al agente inmobiliario por haber excluido de su anuncio todo el colectivo de personas con nacionalidades de otros países.

Una sentencia, que ha ganado el sindicato UGT, reconoce el derecho de una familia monoparental catalana a disfrutar del permiso de 16 semanas adicionales (en total, 32 semanas) que correspondería al segundo progenitor por la prestación por nacimiento y cuidado de un menor. La sentencia condena el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a llevar a cabo el abono de esta prestación.

La ofensiva de partidos y entidades contrarias a la inmersión lingüística no se detiene. La Asamblea por una Escuela Bilingüe en Catalunya (AEB) ha presentado este miércoles en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) una demanda de ejecución forzosa de la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano en a la escuela, tal como este martes ya hizo la extrema derecha de Vox. La plataforma –la que la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo promueve para los premios Princesa de Asturias– reclama al tribunal que fije un plazo de un mes para la "modificación de los proyectos lingüísticos" de escuelas e institutos y que advierta al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y a las direcciones de los centros que pueden incurrir en responsabilidades económicas y penales si desobedecen.

Más leña al fuego en el debate del catalán en la escuela. La Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil), considerada la entidad profesional mayoritaria en el cuerpo, se añade a la petición que este lunes harán las entidades contrarias a la inmersión lingüística para pedir formalmente al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ejecute de manera forzosa la sentencia que obliga a todas las escuelas del país a hacer un 25% del horario en castellano. Los guardias civiles dicen que es "notorio y evidente que la Generalitat no ha cumplido" la sentencia.

El tiempo se agota y esta semana se acabará el plazo de dos meses que da la ley para ejecutar la sentencia que obliga a la Generalitat a hacer un 25% de horas en castellano en la escuela. Ahora un estudio del Síndic de Greuges sobre los usos lingüísticos en los centros catalanes ha constatado que si se aplicara esta sentencia "se agravarían las disfunciones" del sistema educativo y el castellano tendría en realidad una presencia en el aula del 35%, porque ahora ya hay un fuerte componente bilingüe en las clases que los tribunales no están teniendo en cuenta y habría que añadir, además, una materia más íntegramente en castellano.