El TSJC pica la cresta a Escuela Bilingüe: no puede pretender controlar la Generalitat a través de los tribunales

BarcelonaNuevo golpe de la justicia al catalán en las aulas. Este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado ejecutar la sentencia que emitió el pasado mes de septiembre en la que anulaba una decena de artículos del decreto para blindar el catalán en las aulas. Un decreto que aprobó el gobierno de Pere Aragonès y solo un mes después fue suspendido por los tribunales; por lo tanto, ya no se estaba aplicando en las escuelas. Fuentes del departamento de Educación han asegurado que la resolución no supondrá ningún cambio en el día a día de las aulas catalanas.

El tribunal ha tomado la decisión –que no es firme– y ha estimado la petición que había presentado la Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya (AEB) en la que solicitaba que se ejecutara la sentencia, a pesar de que diversas partes como Plataforma per la Llengua o el mismo Govern de la Generalitat anunciaron que presentarían un recurso. Sin embargo, en la resolución los magistrados también reprenden a la AEB por una serie de peticiones que el tribunal ha desestimado.

El TSJC afirma que diversas peticiones hechas por la AEB son "completamente ajenas" al debate de la sentencia y que no le corresponde la función de ordenar a la Generalitat que redacte instrucciones generales. El tribunal acaba advirtiendo a la Escola Bilingüe que lo que no puede pretender, "a la vista de una sentencia no firme parcialmente estimatoria, es diseñar un sistema de control de la Generalitat a través de los tribunales, de manera que los tribunales impongan obligaciones a la Generalitat más allá del procedimiento jurisdiccional y, sobre aspectos que no han sido debatidos ni cuestionados".

De hecho, en diversas respuestas a peticiones de la AEB, los magistrados insisten en decir que se les pide que hagan una tarea que no les corresponde y aseguran que la administración ya cumple la ejecución de la sentencia dictada por el TSJC. "Reiteramos que la sentencia es meramente declarativa y la Administración cumple con la ejecución a través de la no-aplicación de los preceptos provisionalmente anulados por la sentencia, sin que este tribunal pueda exigir la elaboración de un informe sobre la elaboración de instrucciones que requiere la parte ejecutante y que no forman parte del presente procedimiento".

La decisión no afecta a las escuelas

Más allá de las advertencias a Escola Bilingüe, con la resolución de este lunes el TSJC ordena hacer efectiva la anulación total o parcial de once artículos que fijaban el catalán y el aranés como lenguas normalmente vehiculares y de aprendizaje y como lenguas habituales en la actividad docente y administrativa, de relaciones con las familias, en los materiales didácticos y las evaluaciones. Ahora bien, desde Educación insisten en que "la ejecución provisional de la sentencia no altera la actividad ordinaria de los centros educativos", y aseguran que las normas de organización y gestión de los centros continúan "plenamente vigentes, incluyendo los criterios de uso lingüístico". De hecho, Educación vuelve a repetir que el decreto en cuestión "ya estaba suspendido cautelarmente y no se había aplicado al curso 2025-2026".

A pesar de que no tendrá un impacto directo en las aulas, el departamento de Educación ya había interpuesto recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJC. En este sentido, fuentes de Educación insisten en que el marco normativo actual "da plena seguridad jurídica" a los centros y a los proyectos lingüísticos. De esta manera, aseguran que el catalán –y el aranés en el Aran– se mantiene como lengua vehicular y, a la vez, el sistema "asegura una presencia adecuada del castellano como lengua curricular".