El Govern recurrirá la sentencia que anula gran parte del decreto que blinda el catalán en las aulas

BarcelonaNuevo golpe judicial al catalán en las aulas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado buena parte del decreto de régimen lingüístico que el gobierno de Pere Aragonès aprobó para blindar al catalán como lengua vehicular en la escuela y evitar que se puedan implementar porcentajes lingüísticos. La norma llevaba más de un año suspendida cautelarmente a la espera de la decisión del tribunal. Ahora los magistrados han aceptado parte del recurso con el que Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) instaba a anularla, y este mismo miércoles el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el ejecutivo recurrirá contra la decisión. "No vamos a permitir que nadie haga uso político de la lengua porque es lo peor que se puede hacer para la convivencia. El catalán debe seguir siendo lengua inclusiva, propia y transversal del país y la escuela", aseguró. También han anunciado que presentarán recurso Plataforma por la Lengua, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la Asociación de Juristas por la República y la Asociación de Abogados Osona en defensa de los Derechos Humanos, que están personados en el procedimiento.

El TSJC ha anulado más de una decena de artículos del decreto, entre ellos los que establecen que el catalán y el aranés son las lenguas vehiculares en los centros educativos, así como el apartado que fija que la lengua habitual de los docentes y de las comunicaciones con las familias debe ser el catalán. La sentencia se ha conocido a las puertas de la Diada, cuando la ha difundido la AEB, pero los jueces ya habían deliberado y votado el sentido de su decisión el pasado 15 de julio. Sin embargo, hasta el lunes no notificaron la sentencia.

En paralelo, el Tribunal Constitucional (TC) aún no ha resuelto la cuestión de inconstitucionalidad que el propio TSJC planteó sobre la doble normativa que pretendía blindar el catalán en las escuelas y en los institutos y así esquivar la sentencia del 25% de castellano. De hecho, el decreto que ahora anula mayoritariamente al TSJC se sustentaba precisamente en esta normativa que está en manos del alto tribunal. Aunque hace meses que se advierte que la sentencia sobre los porcentajes lingüísticos en las aulas podría conocerse pronto y que sería un revés para el catalán, de momento el Constitucional no ha movido ficha.

Dado que este decreto solo estuvo vigente durante un mes hasta que la justicia le dejó en suspenso, la decisión del TSJC no afectará al día a día de las aulas. Fuentes del departamento de Educació han confirmado que han recibido la sentencia y que los juristas de la conselleria la están evaluando.

El TSJC ve "desequilibrio a favor del catalán"

Los magistrados que han anulado la mayoría de apartados del decreto de régimen lingüístico argumentan que éstos no garantizan "una presencia razonable del castellano en la enseñanza" sino que, por el contrario, provocan "una situación de desequilibrio a favor de la lengua catalana". Para ellos, esto llegaría hasta el punto de no poder "considerar que se respete la garantía de una enseñanza equilibrada del castellano" para que el alumnado pueda dominar ambas lenguas al término de la educación obligatoria. También consideran que todos los artículos del decreto de régimen lingüístico que han anulado tienen "una finalidad común: establecer, de forma sistemática, que el catalán (y el Aranés en Arán) constituye la lengua normalmente empleada como vehicular y de aprendizaje" en el sistema educativo, con una presencia "predominante".

Los jueces reiteran que el modelo de las autonomías "no desplaza completamente al castellano desde el momento en que se prevé su uso educativo y curricular" para garantizar que todo el alumnado lo domina al final de la enseñanza obligatoria. En este sentido, justifican que la doctrina del TC no pone ningún "obstáculo constitucional a que la lengua autonómica sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo", siempre que el castellano no quede "excluido".

El problema clave para el tribunal es que los apartados anulados del decreto no citaban en ningún momento al castellano como lengua vehicular. "No permite considerar que esté garantizada la presencia adecuada del castellano ni que existan instrumentos de control y evaluación" para que todos los alumnos logren la competencia en lengua castellana, concluyen.

Nuevo recurso y movilización ciudadana

Las entidades en defensa de la lengua enseguida se han pronunciado sobre la decisión del TSJC. Para la directora de Plataforma por la Lengua, Ruth Carandell, la sentencia no es ninguna sorpresa porque "no hace más que repetir los argumentos que el TSJC ya ha argumentado en otras sentencias", como la del 25% en las aulas. "El TSJC se había considerado legitimado a regular el 25% de catalán en las aulas porque reprochaba al Govern que no desplegara la regulación lingüística de los centros. Este decreto pretendía justamente dar respuesta al TSJC pero, paradójicamente, ahora el propio tribunal le impugna", critica Carandell.

Con esta sentencia, "lo que hace el TSJC es volver a poner en circulación su propia jurisprudencia y se olvida del nuevo marco normativo", dice Carandell, un marco del que el Parlament se dotó para paralizar la sentencia del 25% que, por un recurso de una sola familia, cambiaba todo el marco. Lo que apuntan desde la entidad es que el TSJC ha actualizado sus argumentos para que les coja el TC para argumentar su sentencia sobre el 25% de castellano, y todavía está pendiente de publicarse.

Aunque a efectos prácticos la sentencia no tendrá impacto inmediato en las aulas, como el decreto cae la escuela "seguirá sin tener una regulación de la ley de educación de Catalunya, que es lo que reprochaba el tribunal a la Generalitat", lamentaba en TV3 Carandell. El decreto pretendía regular los usos lingüísticos y ofrecer mayor seguridad a los centros. Plataforma por la Lengua ha anunciado que también presentará recurso, a la espera de la sentencia del TC sobre el 25% de catalán en las aulas, que ya prevén que "puede terminar de hundir el sistema" porque, denuncian, "el mecanismo judicial es parcial".

Òmnium Cultural lamenta que "el día antes de la Diada el TSJC vuelva a hacer política contra Catalunya y su modelo de escuela". La entidad tilda al tribunal de "politizado y anticatalanista" y afirma que desmonta "un consenso parlamentario y social avalado durante décadas en nuestro país". También anuncia una respuesta judicial, y su presidente, Xavier Antich, dice que la manifestación de la Diada servirá para defender también el modelo de escuela. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha hablado de "nuevo golpe de estado contra la lengua".

Por su parte ERC lamentó la decisión del TSJC y la secretaria general de los republicanos, Elisenda Alamany, acusó a los jueces de "seguir haciendo política contraviniendo todos los criterios pedagógicos". En este sentido, pidió al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que presente un recurso de casación en contra de la sentencia. "Es una amenaza en nuestro país", avisó. También Junts ha criticado la decisión. Su portavoz en el Parlament Mònica Sales, ha denunciado "la injerencia y el ataque" que considera que el TSJC ha perpetrado contra la lengua catalana y ha exigido al Govern que actúe "con contundencia" para "revertir la vulneración de derechos".

Complicidad de la Fiscalía

La entidad que interpuso el recurso, Escuela Bilingüe (AEB), celebró la sentencia, que espera que obligue a "adaptar" los proyectos lingüísticos de las escuelas para que "el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza y no sólo una asignatura" y porque, afirma, "los centros educativos no impongan proyectos lingüísticos monolingües en catalán". El procedimiento que ha impulsado la AEB ha contado en todo momento con la complicidad de la Fiscalía, quien ha argumentado que el decreto promovía "la supresión del castellano como lengua vehicular y de aprendizaje" y que pretendía relegarla "al mero uso curricular y educativo". Por eso, a juicio del ministerio público, la normativa contravendría la Constitución, el Estatut y la jurisprudencia del Supremo.

Pese a que el TSJC ha anulado la mayor parte del decreto de régimen lingüístico, mantiene en pie algunos artículos porque la AEB no tiene legitimidad para apelar más allá del derecho a la educación. Por eso no puede intervenir en apartados como el que regula el uso del catalán y el aranés en la proyección externa de los centros educativos y lo que establece el catalán como lengua oficial de la administración educativa. El TSJC tampoco ha alterado el apartado dedicado a la lengua de los procesos selectivos oa las competencias lingüísticas que debe acreditar el personal no docente.