Cuando en junio de 2021 se aprobó la ley de eutanasia, el apoyo a la iniciativa era muy amplio en la sociedad española, que había vivido casos emblemáticos como el de Ramon Sampedro (muerto en 1998), que Javier Bardem interpretó en la película Mar adentro de Alejandro Amenábar, o el de Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, en 2019 y que fue absuelto del delito de cooperación al suicidio una vez entró en vigor la norma. Según un barómetro del CIS de enero de 2021, el 72% estaba a favor de la ley y solo un 15% en contra.

Golpe de puerta del Tribunal Supremo al enésimo intento del colectivo ultracatólico Abogados Cristianos por detener la eutanasia de Noelia. El tribunal no ha tumbado, como pedía este grupo de letrados que representa al padre de la afectada, la última resolución del periplo judicial que se alarga desde agosto de 2024 y en la que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ya concluyó que la joven, de 24 años, cumplía los requisitos para acogerse a la muerte digna.

El Tribunal Supremo resolverá el debate de fondo tras los distintos procedimientos judiciales en los que un familiar intenta detener la eutanasia de un adulto que ya cuenta con aval médico. En todos los casos que han llegado a los tribunales se ha puesto sobre la mesa una pregunta que no se previó con la ley de eutanasia del 2021: ¿la familia de una persona adulta que ha pedido la eutanasia está legitimada para impedirla a los tribunales?

En una decisión histórica, el Parlamento británico ha votado este viernes a favor de un proyecto de ley para legalizar la muerte asistida. La ley ha sido aprobada con 314 votos a favor y 291 en contra, en una votación más ajustada que la del proyecto sin enmiendas, en noviembre, y que no estaba sometida a la disciplina de partido.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se ha pronunciado por primera vez en el debate legal que en los últimos meses ha puesto en cuestión el derecho a acogerse a un proceso de muerte asistida. En opinión del máximo tribunal de Catalunya, los familiares de un paciente pueden estar legitimados para llevar a los tribunales un procedimiento de eutanasia aunque el solicitante ya cuente con el aval de la comisión de expertos encargada de estudiar y validar o no estas peticiones.

La justicia ha dicho no a la petición del hombre que quería detener la eutanasia de su hija. El proceso judicial que el padre puso en marcha en agosto, tres días antes de la fecha en que estaba previsto que la chica recibiera la eutanasia, ha alargado ocho meses la espera. La sentencia del primer caso en todo el Estado por intentar detener una eutanasia resuelve que el hombre, asesorado por Abogados Cristianos, no estaba legitimidad en interceder ante la petición de la chica, adulta y con plena capacidad mental para decidir y entender su petición.

La Fiscalía considera que un padre tiene derecho a intentar detener por vía judicial el proceso de eutanasia de su hija, adulta y que cumple los requisitos legales para recibir la muerte asistida. Es el posicionamiento que el ministerio público ha enviado al juzgado de Barcelona que debe resolver el primer juicio en todo el Estado por intentar frenar una eutanasia ya avalada por la comisión de expertos que se encarga de evaluar a los pacientes que la piden. Asimismo, la fiscal reconoce que la joven cumple los requisitos para acogerse a la eutanasia y tiene capacidad para decidir de forma libre.

No es fácil hablar de eutanasia sin que la discusión se convierta en un campo de batalla ideológico. Por primera vez desde la aprobación de la ley de eutanasia en España, se ha abierto un frente en los juzgados y se ha convertido la justicia en la última trinchera donde se disputa la voluntad de una chica de 24 años que lleva meses reclamando la eutanasia. Una decisión validada por la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya, que ha confirmado que cumple con todos los requisitos legales.

El derecho a una muerte digna está en manos de los tribunales por vez primera. Este martes, en Barcelona, ​​se ha vivido un juicio inédito en todo el Estado. La eutanasia de Noelia, una joven de 24 años que tiene paraplejía, cuenta con el aval de la comisión de expertos que se encarga de valorar las peticiones para esta prestación, pero está en suspenso desde el 1 de agosto por orden judicial. Su padre, asesorado por el grupo Abogados Cristianos, llevó a los tribunales la eutanasia tres días antes de que le fuera administrada y el proceso está paralizado a la espera de la decisión judicial definitiva. Ante la juez, la joven reiteró su deseo de tener una muerte digna y denunció coacciones de su entorno para que se echara atrás. Según fuentes jurídicas consultadas por el ARA, la joven ha explicado que algunas compañeras del centro de menores en las que había sido tutelada a partir de los 13 años le ponían en la habitación estampillas, cruces y símbolos religiosos.

Josep Aparicio era profesor y una de sus grandes pasiones era dibujar. En 2013 le diagnosticaron Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que cada año le ponía más trabas en su día a día. Dejó de trabajar y cambió los lápices por los pinceles, que podía manejar mejor con los problemas de movilidad que le provocaba la patología. Su mujer, Teresa Martí, empezó a cuidarle cuando ya no se valía por sí mismo. Pero el sufrimiento de José era cada vez mayor y, finalmente, dejó de pintar. Ella recuerda que la situación en casa era complicada, Josep desarrolló un inicio de demencia y, antes de que la situación empeorara, marcó una línea roja: no quería cambiar su casa por una residencia. Tenía muy claro que quería pedir la eutanasia porque no quería vivir en ese estado y su esposa y sus hijos le acompañaron en todo el proceso hasta julio pasado, cuando se acogió a su derecho a morir con dignidad.

Un juzgado de Barcelona avaló la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación que autorizó la eutanasia para un paciente y que su padre había intentado anular por la vía judicial. En un auto, la juez Montserrat Raga autoriza a salir adelante con la muerte digna de un hombre que la pidió tras sufrir varios ictus. La autorización había quedado en suspenso a raíz de la petición de su padre, que quería detener el proceso pese a que el afectado había pedido expresamente que se resolviera que su familiar no estaba legitimado para echar atrás su decisión.

En un procedimiento insólito, la semana pasada un juzgado de Barcelona detuvo de forma cautelar la eutanasia de una chica de 23 años, que estaba prevista para el día siguiente, a petición de su padre. La juez aceptó esta medida provisional y de urgencia porque, si no lo hacía, la demanda perdía sentido, pero este martes ha convocado a todas las partes implicadas para conocer su opinión. El proceso de muerte asistida se mantendrá en suspenso hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aclare de quién es la competencia a la hora de salir adelante o si se suspende definitivamente. Y mientras esa respuesta no llega, el propio juzgado ya ha recibido una segunda petición muy similar: la de otra persona que también quiere detener la eutanasia de un familiar. De nuevo, la juez ha paralizado el proceso de forma provisional y ha convocado a los implicados el viernes para abordar la cuestión. De esta segunda demanda no han trascendido detalles, pero lo que ocurrirá en dos días será, previsiblemente, lo mismo que este martes: la juez pidió al TSJC que aclare de quién es competencia el caso.

Un juzgado de Barcelona ha detenido de forma cautelar la eutanasia de una chica de 23 años, prevista para mañana, a petición de su padre. A través del grupo Abogados Cristianos, el hombre demandó a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el órgano que depende del departamento de Salud y que ha sido el encargado de avalar y hacer el control previo a la eutanasia de la chica. El hombre cree que los antecedentes psiquiátricos de la hija invalidan su voluntad de pedir la muerte asistida.

Las graves e incurables enfermedades, el sufrimiento insufrible y el dolor crónico e imposibilitante pueden hacer del día a día un auténtico infierno. Hace tres años se aprobó la ley de la eutanasia para ayudar a morir dignamente a personas en situaciones como éstas que quisieran dejar de vivir. Desde entonces, las solicitudes para recibirla en Cataluña no han parado de crecer, aunque más de la mitad se deniegan: el pasado año 94 personas recibieron asistencia médica para poner fin a su vida de las 219 que lo solicitaron. En 2021 se recibieron 137 peticiones, y en 2022, 175. Pese al aumento de solicitantes, la cifra de personas que la han recibido en el último año se mantiene estable respecto a hace dos años. Las enfermedades neurológicas y oncológicas son las patologías de base de la mayoría de las personas que recibieron la eutanasia, representando un 40% y un 26% del total de solicitudes, respectivamente.

Ha sido una de las leyes más polémicas y difíciles de sacar adelante de los últimos años, pero el balance de los primeros cinco meses de la ley de la eutanasia demuestra que era necesaria y que se está haciendo con todos los controles activados. Catalunya fue de las primeras comunidades que desplegaron la norma, y desde el 25 de junio ya se puede ejercer el derecho a poner fin a la propia vida con asistencia médica, en el caso estricto que el que lo pida sufra una enfermedad grave e incurable, con dolor insufrible o un sufrimiento grave, crónico e imposibilitante. En el momento en el que se activó la ley, había mucha gente que hacía años que esperaba para poderlo pedir. Hasta el 30 de noviembre, la Comissió de Garanties i Avaluació, que se encarga de aprobar o denegar cada petición, ha recibido 53 solicitudes. Ha denegado tres porque no entraban en estos supuestos; ha aprobado 28, de las cuales 24 ya han salido adelante, y hay 14 peticiones más que están todavía en proceso de estudio. En seis casos las personas que lo pedían han muerto antes de que acabara el proceso de resolución y en dos han pedido revocar la petición.

Catalunya ha sido de las primeras comunidades del Estado en desplegar la ley de la eutanasia, después de que en marzo España aprobara definitivamente su despenalización, y desde el 25 de junio ya se puede ejercer en Catalunya el derecho a poner fin a la propia vida con asistencia médica en caso de sufrir una enfermedad grave e incurable, con sufrimiento insufrible, o un sufrimiento grave, crónico e imposibilitante. Desde entonces 24 personas ya han ejercido este derecho y han recibido ayuda para morir en Catalunya.

El juzgado penal número 34 de Madrid ha absuelto a Ángel Hernández de un delito de cooperación al suicidio por ayudar a morir a su esposa, María José Carrasco, enferma terminal de esclerosis múltiple, en Madrid en 2019. En una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, el tribunal recuerda que la Fiscalía retiró su acusación después de que entrara en vigor la ley de la eutanasia a finales de junio. El caso de Hernández era especialmente criticado por las entidades que defienden el derecho a morir dignamente porque el ministerio público equiparaba su acción a la violencia machista.

La nueva ley de regulación de la eutanasia, aprobada el pasado viernes, ya ha tenido la primera aplicación práctica en los tribunales. La Fiscalía ha retirado la acusación contra Ángel Hernández, el hombre para quien pedía medio año de prisión por ayudar a morir a su mujer, enferma durante tres décadas de esclerosis múltiple, en 2019. Su caso era especialmente criticado por las entidades que defienden el derecho a morir dignamente porque el ministerio público equiparaba su acción a la violencia machista.

Antoni Monguilod moría en octubre de 2019 de Parkinson después de 12 años de lucha reclamando una muerte digna. La misma lucha que había emprendido Maribel Tellaetxe, enferma de Alzehimer que quería irse antes de dejar de reconocer a sus hijos; la de Montserrat Voltà, la mujer enferma de ELA que criticó en una carta que el sistema la obligara a vivir "de una manera indigna"; o la de José Antonio Arrabal, enfermo de ELA que grabó su "muerte en clandestinidad" en 2017 para que nadie llevara a la justicia a su familia. Como le ha pasado a Ángel Hernández, el hombre acusado de violencia machista por haber ayudado a morir dignamente a su esposa, María José Carrasco. Y tantos otros, empezando por Ramón Sampedro, el marinero y escritor gallego tetrapléjico desde los 25 años que luchó una dura batalla legal para poder morir dignamente, reflejada en el cine. Sus casos no tendrían que volver a repetirse a partir de este viernes, después de la entrada en vigor de la nueva ley de regulación de la eutanasia, que convierte España en el sexto país del mundo que legaliza la muerte asistida -después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia.

No se nos ha borrado el nombre, Ramón Sampedro, ni tu imagen tumbado en la cama hablando con lucidez de la vida y de la muerte, escribiendo poemas con la boca o bebiendo agua con una pajita de plástico. Lo que hiciste en 1998, al cabo de veintitrés años ya es legal. Tú fuiste el primero. El que abriste el debate y el camino.