Dos meses después de que el Tribunal Supremo inhabilitara el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados, el gobierno español tramita una primera petición de indulto total. Según ha avanzado El País y ha confirmado el gobierno español, el ministerio de Justicia ya ha pedido al Supremo que emita un informe sobre la medida de gracia después de que la solicitaran dos particulares.

Hay sentencias tramposas y sentencias que en sí mismas son una trampa. La sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general es de las segundas. Este tribunal, haciendo gala de su gran preparación y del alto nivel jurídico de algunos de sus miembros, ha redactado una decisión en apariencia técnicamente sólida, pero que falla cuando va a la esencia de lo que debe resolver.

La guerra sucia judicial, o lawfare, apenas es ya noticia en España. Debemos entendernos: ocupa portadas y abre telediarios, pero es cualquier cosa menos un secreto o una sorpresa. Admiten su existencia, de forma más o menos abierta, diferentes fiscales y jueces cuya ética todavía les permite escandalizarse de lo que verdaderamente es un escándalo y se produce a ojos de todos. El último caso es la condena a la que hasta hace poco fue fiscal general de España, Álvaro García Ortiz, cuya sentencia se ha hecho esperar casi tres semanas y unos razonamientos jurídicos que han hecho volver a llevarse las manos a la cabeza, al menos al sector progresista del ámbito judicial español. Que el contexto de la condena sea un pulso de la Fiscalía con la pareja de la presidenta de Madrid lo hace todo tristemente comprensible. Que Ayuso es una intocable que ha superado varios escándalos que habrían tenido que tener consecuencias penales (solo durante la pandemia: compraventa de mascarillas sanitarias, construcción exprés del hospital Isabel Zendal, fallecido de más de siete mil personas en los geriátricos de Madrid a causa de los llamados protocolos de la vergüenza; declarar) es un hecho sabido. Sabemos ahora que también son intocables su novio y su asesor.

Diecinueve días después de anunciar el veredicto, finalmente el Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia en la que justifica por qué ha inhabilitado dos años al fiscal general del Estado. Considera que Álvaro García Ortiz cometió un delito de "revelación de datos reservados", ya que, para los magistrados que la firman –cinco de los siete que conformaban el tribunal– existe un conjunto de pruebas "sólidas" para afirmar que él "o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento" filtraron a los periodistas Ayuso en el que pedía un pacto y reconocía el delito de fraude fiscal. Es sorprendente que después de tantos días la sentencia esté llena de condicionales y suposiciones que los magistrados consideran indicios claros. Que aparezca la expresión "o su entorno" ya parece demostrar que exactamente no han podido averiguar quién lo hizo, y en otras partes de la sentencia indican también que el hecho, por ejemplo, de que borrara los mensajes de WhatsApp de ese día es, para ellos, una prueba que quería esconder lo que había hecho. En este sentido, resultan preocupantes tantos condicionales y también el tono general de la sentencia. Sobre todo porque el voto particular de las dos magistradas progresistas desmonta estos argumentos asegurando que, de hecho, no existen pruebas claras que incriminen directamente a García Ortiz.

En esta España dual y permanentemente confrontada, todo es susceptible de convertirse en arma arrojadiza. Es el guerracivilismo contumaz y atávico. La derecha española no da tregua. Si alguien ha hecho una enmienda a la totalidad al espíritu de consenso de la Transición es la confluencia competitiva PP-Vox, a ver quién señala a más supuestos traidores a la patria. El último episodio es el que afecta a la Fiscalía General del Estado. Alcanzada la caída del fiscal Álvaro García Ortiz, la elección del ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha despertado los instintos belicosos de la derecha. La Moncloa ha propuesto como sustituta a la progresista feminista Teresa Peramato (Salamanca, 1962), miembro de la Unión Progresista de Fiscales, asociación que presidió del 2019 al 2021.

El fiscal general del Estado no ha esperado a la notificación de la sentencia que le condenará por revelación de secretos –aún no está redactada– y ha renunciado este lunes por la mañana al cargo. Álvaro García Ortiz ha enviado una carta a primera hora al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que le pide que le cese "sin esperar ni siquiera a conocer la motivación" de la decisión del Tribunal Supremo, que adelantó la semana pasada que le inhabilitará durante dos años por la filtración de un correo en el que la pareja. En el texto, el fiscal asegura que su paso a su lado "es un acto debido no sólo al ministerio fiscal, sino a toda la ciudadanía española". García Ortiz evita así alargar su ineludible despedida y abre la vía para que el gobierno español haga público su relevo, que todavía es una incógnita. "Hemos puesto ya en marcha el mecanismo para el nombramiento del nuevo fiscal", ha explicado Pedro Sánchez desde el encuentro del G-20 en Angola. El presidente español no concretó si lo dejarán resuelto en el consejo de ministros de este martes, pero dijo que habrá novedades "en un breve espacio de tiempo".

Mal vamos cuando las decisiones judiciales se leen como si fueran un partido de fútbol: conservadores 5, progresistas 2. Así se encabezan las crónicas de la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación. Y lo más grave es que si las lecturas políticas de los altos tribunales se han convertido en costumbre es porque las señales de politización de la justicia no decaen, incluso algunos jueces se autoidentifican con naturalidad por sus disposiciones ideológicas.

Inhabilitación de dos años, multa e indemnización a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al Tribunal Supremo llegó este jueves, el día que se celebraban los 50 años de la muerte de Franco, cuando nadie le esperaba. Más bien de lo previsto y, de hecho, sin la sentencia todavía redactada. ¿Quiénes son los cinco jueces de la sala penal que han tomado esta decisión? ¿Y quiénes son las dos magistradas que discrepan? Repasamos los perfiles de un tribunal con mayoría conservadora y abundan los nombres propios de la judicialización del Proceso.

La decisión del Tribunal Supremo de inhabilitar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha llegado sólo una semana después del fin del juicio, pero la redacción de la sentencia podría tardar mucho más y alargarse decenas de páginas. Los juristas consultados por el ARA están a la expectativa de los argumentos de los magistrados, que tendrán que justificar cómo, con lo expuesto en el juicio –los periodistas le exculparon–, han llegado a la conclusión de que García Ortiz fue quien filtró los mensajes en los que el abogado del empresario Alberto González Amador Ayuso, intentaba un pacto de conformidad con la Fiscalía y admitía que su cliente había cometido fraude fiscal. A la espera de la justificación de los magistrados, la conexión entre ambas causas hace que distintas voces se pregunten hasta dónde podría llegar el impacto de la condena al fiscal general en la causa de González Amador.

La condena al fiscal general del Estado ha provocado un estruendo a la política española. La inhabilitación de dos años para Álvaro García Ortiz es un duro golpe para el presidente español, Pedro Sánchez, que ha defendido su inocencia hasta el final. De ahí se entiende que no se haya querido referir explícitamente al acto con motivo del 20-N en el Congreso, en el quincuagésimo aniversario de la muerte de Franco. Defendió, en todo caso, la "libertad de prensa" ante "tiempos complejos para el periodismo" mientras existen "abusos de poder" y "campañas de desinformación".

La condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es de las que marcan un período, una etapa de la vida del Estado y de las relaciones entre sus instituciones. Habrá que ver el razonamiento de la sentencia, por supuesto, pero ya de entrada el hecho mismo de que el fiscal haya sido considerado autor de un delito implica una corrección impuesta al gobierno de Pedro Sánchez, que había defendido su inocencia. Por otra parte, aquí se juzgaba la conducta de la Fiscalía por desmentir una manipulación informativa. Lo que hizo García Ortiz fue salir al paso de una mentira que comprometía la credibilidad de su gestión. La falsa noticia era que el ministerio público había detenido una negociación con el empresario Alberto González Amador –denunciado por fraude fiscal– siguiendo instrucciones recibidas desde altas instancias, es decir, desde el gobierno. Se añadía que el intento de acuerdo había sido inicialmente impulsado por los fiscales, cuando en realidad lo había pedido la defensa.

Continúa la caza mayor, ahora en la persona del fiscal general del Estado, condenado por revelación de secretos. Tal y como había vaticinado la mano derecha de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, al fiscal general se le han llevado "p alante". Quedan avisados.

El fiscal general del Estado sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo es una imagen insólita, casi impensable en cualquier democracia madura. Esta semana, Álvaro García Ortiz fue juzgado por un presunto delito de revelación de secretos a raíz de la filtración de un correo electrónico relacionado con la causa por fraude fiscal de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Más allá del caso concreto, la fotografía es de una extraordinaria fuerza simbólica. Es el Estado juzgando al Estado.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado este viernes el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Se le investiga por los delitos de fraude fiscal, falsedad documental, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal por haber defraudado a la Hacienda pública casi 351.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 mediante varias facturas falsas.

El juicio al Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, con petición de años de cárcel, es un buen reflejo de dónde llega una guerra por el poder en la que la derecha nacionalista no tiene inconveniente en demoler las instituciones del Estado para salvarlo, según dicen.

En semanas como ésta se percibe de forma clamorosa la desaparición de la política catalana de la primera línea del protagonismo. Con todo lo que está ocurriendo en Valencia, con el juicio al fiscal general, con los casos de corrupción acosando al PSOE, no es de extrañar. Pero no es ahora. Isla se impuso pacificar y está atado muy estrechamente a Pedro Sánchez, tanto política como personalmente, y tanto Junts como Esquerra tienen sus líderes inhabilitados. Tanto el de Cataluña como el de España son gobiernos frágiles, pero ya hemos entrado en la época en la que no poder aprobar unos presupuestos ya no es motivo para convocar elecciones. ¿Resultado? Un juego de impotencias.

El Tribunal Supremo acogerá en las próximas dos semanas uno de los juicios con los que PP y Vox quieren acorralar a Pedro Sánchez y que supondrá una puesta en escena del choque de la derecha con la Moncloa. No es la culminación de ninguna de las investigaciones en su entorno personal sino que se trata del caso empleado por los conservadores para ejemplificar que la "degradación institucional" de la que culpan al líder socialista ha llegado a unos límites nunca vistos hasta ahora en democracia. Lo cierto es que la situación que se dará a partir del lunes en el alto tribunal es inédita. Será la primera vez que un fiscal general del Estado se siente en el banquillo de los acusados ​​en el ejercicio del cargo. El futuro de Álvaro García Ortiz, que fue nombrado directamente por el gobierno español, estará marcado por las seis sesiones que tendrá el juicio por revelación de secretos. Habrá que ver si se puede determinar si fue él quien filtró a la prensa el correo con información confidencial de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Aparte de las consecuencias políticas que pueda tener una condena, el fiscal general se enfrenta hasta seis años de cárcel. Repasamos quien es quien de este juicio.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha decretado la apertura de una investigación en España sobre los "crímenes" de Israel en Gaza. Según avanzó la SER y confirmó la Fiscalía, las diligencias habían sido solicitadas por la fiscal de sala de derechos humanos y memoria democrática, Dolores Delgado, con el objetivo de determinar si las acciones pueden ser "graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, constitutivas de crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes". Se trata de los delitos de genocidio, de lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.

Esta legislatura pasará a la historia política del país como una etapa llena de paradojas, posiblemente como resultado de la contradicción inicial. Tiene todo el sentido del mundo que gobierne quien puede reunir a una mayoría parlamentaria, pero las cosas habrían sido bien distintas si hubiera accedido al poder el PP, como partido más votado. La queja permanente de Feijóo, desde que fracasó en su debate de investidura, lo ha contagiado todo, en especial en el mundo judicial, logrando el deterioro progresivo de las condiciones en las que se ha tenido que desarrollar la acción de gobierno. Ya se sabe que las líneas paralelas, si se encuentran en algún sitio, está en el infinito. Y ha sido así, en paralelo, como han ido avanzando los caminos de los socios del pacto para hacer presidente a Pedro Sánchez, hasta llegar a un punto en el que nada resulta ya pronosticable. Ni cómo y cuándo acabará la legislatura, ni cómo y cuándo llegarán a su plazo los procedimientos judiciales que mantienen el PSOE en suspenso.

Hola, ¿cómo están?