Las personas que ocupan una vivienda por necesidad tienen mayores problemas de salud mental que la población general. Concretamente, entre las mujeres el sufrimiento se multiplica por tres (hasta el 83%, por el 30% de media de mujeres) y, entre los hombres, debe multiplicarse por cuatro (85%, por el 21%), según un estudio elaborado conjuntamente por el Observatorio Desca, Ingeniería Sin Fronteras, la PAH de Barcelona, ​​la Alianza contra la Pobreza Energética y la Agencia de Salud Pública de Barcelona. "Tengo los nervios de punta, vivo secuestrada en casa por miedo a que si salgo, entren". El relato lo hace Laura Tamayo, de 51 años y madre de cinco hijos, que sin permiso de residencia ni posibilidades de trabajar, se vio obligada a ocupar una vivienda en Hospitalet porque la única alternativa que les quedaba en la familia era sobrevivir en la calle. A Tamayo se la come la ansiedad de noche y de día, la inquietud de no poder dar a sus hijos (de 8 a 29 años) alguna de las cosas que piden. Ningún lujo, pero dice que "a veces no tiene ni un euro" para comprar un chocolate.

Fue una medida desplegada con el estallido de la pandemia de la cóvid-19. Se trata de la suspensión de algunos desahucios aprobada por el gobierno español y que, como el resto de medidas en vigor para afrontar la crisis energética y de precios de los últimos dos años, decae este 31 de diciembre. Por eso, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ya presiona para que el ejecutivo de Pedro Sánchez prorrogue la medida ahora que, por primera vez, se tienen cifras de su impacto: ha permitido la suspensión de 58.000 desahucios en cuatro años , tal y como ha publicado el Observatorio DESCA este martes. Durante este período de tiempo se han practicado 106.294 desahucios, según el informe.

Segundo intento de desahucio de la familia de Alejandra Tirado parado. La comitiva judicial se marcha del piso que ocupa con sus dos hijos menores de edad desde el 2018, pero les anunció que volverán dentro de diez días, así que crece la angustia y la incertidumbre en medio del alivio por poder continuar en casa. Es lunes por la mañana y sobre la mesa del comedor están los siete informes de los servicios sociales de Sant Adrià de Besòs que, uno tras otro, corroboran que la familia vive en una situación más que precaria, con la madre enferma y con una pensión mínima. Incluso la trabajadora social escribe que el Ayuntamiento asumirá el coste de tres noches en un hostal cuando se produzca el desalojo, la respuesta de oficio que da el consistorio para este tipo de casos. Ante este panorama, desde hace unas pocas semanas la hija mayor, de 20 años, ya no reside en el piso y se ha trasladado con su hija de dos años a una habitación realquilada.

Las entidades sociales impulsoras de la medida del 30% de vivienda protegida en Barcelona defendieron hoy la norma y denunciaron el boicot de los lobis. "La medida funciona", ha dicho la portavoz de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, Lucia Delgado. El gobierno del alcalde Jaume Collboni, en cambio, defiende que la norma asusta la inversión privada y que debe modificarse. Los hechos son que, desde que en 2019 entró en vigor la norma que obliga a reservar a vivienda social el 30% de las nuevas construcciones o rehabilitaciones de más de 600 metros, solo se han logrado unos 60 pisos de alquiler protegido.

El miedo de vivir con la amenaza de un desahucio es muy conocida por Nadia Mermouri, una de los miles de personas que ha vivido en carne propia lo que es tener que depender de la fortaleza (la propia, la de los vecinos y la de los movimientos sociales) para garantizar un techo a sus dos hijas. La situación de falta de ingresos hizo que en 2017 recibiera la primera notificación judicial para desahuciarla de su piso. Después vinieron dos más; la última –con fecha abierta en 2018– la obligó a hacer guardia día y noche en casa durante casi dos semanas. La pesadilla, explica, no solo la vivían ella y su marido, sino también las dos hijas menores de edad: "Tu procuras que no se te note, pero es imposible disimular y acaban notando, en tu carácter, que te angustia perder la casa, ven cosas", recuerda de aquellos días.

Nuevo paso adelante para recuperar la ley antidesahucios catalana. ERC, JxCat, los comuns y la CUP han llegado finalmente a un acuerdo para sacar adelante un borrador de consenso y cerrar la ponencia conjunta donde se renegociaba esta cuestión, tumbada por el Tribunal Constitucional. Ahora falta que el texto pase a comisión parlamentaria –previsiblemente la primera semana de febrero–, donde todavía se podrán hacer más aportaciones, y finalmente al pleno del Parlament, donde se dará el aval definitivo al texto.

Con ocho furgonetas de los Mossos ante su portal, preparadas para desalojarlo, Carlos, de 53 años, ha decidido "aguantar el tipo" con calma. Afuera, una cincuentena de vecinos y vecinas, convocados por los movimientos por una vivienda digna, protestaban ante la puerta para impedir –sin éxito– la entrada a la comitiva judicial. "Solo me quedaba intentar mantener la dignidad, y mucho que me ha costado. No les he abierto, los he esperado adentro sentado hasta que han roto la puerta y han entrado". Los agentes han apartado uno a uno a los manifestantes y han accedido al piso. Entonces Carlos los ha recibido y ha entregado las llaves. Su madre, enferma crónica del corazón y con un informe de vulnerabilidad acreditada, no estaba en el piso. "Menos mal que en el último momento hemos decidido que era mejor que ella no estuviera, porque la situación de tensión ha sido muy potente", relata Carlos.

Maribel tiene claro que su espiral empezó con la crisis hipotecaria. Se instaló en el número 8 de la calle Ermengarda del barrio de Hostafrancs de Barcelona en 2007. Trabajaba de camarera de piso y decidió comprar el piso. Años más tarde, se quedó en el paro y se convirtió en una víctima más de la burbuja inmobiliaria. "Cobrava 740 euros y, si pagaba la hipoteca, no podía pagar ni la comunidad ni el IBI, y era imposible", explica al ARA. Después de años de angustia, pudo firmar una dación en pago y consiguió un alquiler social gracias a la ley de vivienda 24/2015, que obliga a los grandes propietarios –los que tienen más de 10 viviendas– a ofrecer un alquiler asequible a las personas vulnerables antes de desahuciarlas.

Abdelahim, su mujer y sus hijos llegaron en patera buscando una situación estable para su familia. Abdelkader, sin ingresos, no tiene trabajo y le cuesta encontrar uno porque le falta una mano. Wassima tuvo que elegir entre ocupar o dejar de alimentar a sus hijas. Son tres de los 41 vecinos que viven desde el 2018 en un bloque ocupado por la PAHC en la carretera de Vic de Manresa. Si no pasa nada, en diez días pueden quedarse en la calle. Ganaron el juicio contra el propietario del edificio, pero presentó recurso y ahora la justicia le ha dado la razón. "No somos delincuentes, solo queremos vivir", dice Wassima. Y es que, además de quedarse sin techo, se ha impuesto una multa de 450 euros por vecino. Si no la pagan, pueden ir a la prisión.

La Fiscalía de Barcelona abrió el 16 de marzo una investigación a raíz de la denuncia contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por presuntamente haber adjudicado subvenciones de manera irregular a entidades afines. La asociación unionista Abogados Catalanes por la Constitución fue quien presentó la denuncia, y este lunes la ha ampliado -confirman desde la entidad- para pedir también que se investigue a los concejales Gerardo Pisarello y Eloi Badia y al diputado por Barcelona en el Congreso, Jaume Asens, como ha avanzado el Abc. Considera en su escrito, al que ha tenido acceso el ARA, que pueden haber cometido presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de capitales públicos y tráfico de influencias, y ahora añade, además, el delito de organización criminal. La Fiscalía tendrá que decidir ahora si amplía o no la investigación a partir de estos nuevos elementos que denuncia la asociación de abogados, relacionada con Sociedad Civil Catalana.

Por una política de vivienda social y asequible, medio millar de personas se han manifestado este sábado en Barcelona -a pesar de que hay diversas en todo el Estado - en protesta por el incumplimiento del gobierno español de regular el precio de los alquileres, según datos de la Guardia Urbana. Medio centenar de entidades, como Sindicat de Llogateres, el Observatori DESC o la PAH, han convocado una nueva movilización ante la delegación del gobierno español, en la calle Mallorca con Roger de Llúria, tan solo seis semanas después de protagonizar un acto de fuerza por la anulación del decreto de la Generalitat que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer vivienda social antes de desalojar familias vulnerables. El lema de la concentración: "La vivienda es un derecho, no un negocio", ilustra el espíritu de la convocatoria a favor de un aumento del parque público de viviendas y en contra de las grandes empresas que monopolizan el mercado a precios inalcanzables para una sociedad en crisis.