Ser inmigrante multiplica por tres el riesgo de ser pobre

BarcelonaSi existe un factor que marca las probabilidades de ser pobre en Cataluña es el del origen. Haber nacido fuera de los límites de la Unión Europea casi multiplica por tres el riesgo de exclusión social, el término con el que la sociología define una vida marginal y con privaciones de necesidades básicas: el 52,7% de los extranjeros no comunitarios son pobres, frente al 20,7% de los nacidos en España, según el informe de los indicadores sociales Insocat, elaborado por la federación ECAS. Y si al lugar de nacimiento se le añade el factor del género, la fotografía de la pobreza tiene nombre de mujer, de mujer migrante.

María Elena Velásques tiene 48 años y hace seis que aterrizó de Honduras para ganar una vida "tranquila" para sus dos hijas. "En mi país trabajaba de secretaria, pero no sabía si el día que cobraba llegaría a casa con el sueldo o si me matarían por el camino", explica. Está esperando a que, finalmente, este mes le llegue la autorización de residencia, el esperado NIE, que ha conseguido gracias a un contrato para trabajar en una empresa de limpieza.

Cuando llegó a Barcelona no tenía ni idea de que el camino para poder tener un trabajo con el que sacar adelante a la familia fuera tan sumamente complicado. La ley española de extranjería obliga –esa es la palabra– a residir ininterrumpidamente por lo menos tres años en situación de irregularidad administrativa, es decir, a no ser considerado ciudadano con plenos derechos y vivir en los márgenes. Esto supone que no se les permite trabajar y, por tanto, se les aboca, en el mejor de los casos, a trabajos informales, sin cotizar a la Seguridad Social y cobrando con B.

Muro tras muro

Sanae El Makrini, abogada especializada en inmigración en Cáritas, habla de los “muros” que deben superar los migrantes a cada paso: lo que deben atravesar para salir de su país en muchos casos invirtiendo los ahorros familiares; el de las dificultades de empadronarse; el de alquilar un piso; el deabrir una cuenta corriente; o el de poder trabajar legalmente. Son muros que se mantienen altos porque deben "seguir cumpliendo los requisitos legales para poder renovar los permisos".

Makrini llegó a los 14 años desde Marruecos por el reagrupamiento familiar que pudo realizar su padre después de haber sido irregular los tres años perceptivos. "Son los invisibles de la sociedad, los que la administración pública no puede atender por ley y debe derivar a las entidades sociales", dice María Jiménez, técnica de inmigración en los servicios básicos. Sin ningún censo oficial, se calcula que hay 100.000 migrantes irregulares en Cataluña, que, aunque seguramente tienen unos ingresos mucho más bajos que la media catalana y tienen carencias en la vivienda o en el acceso a una alimentación sana, tienen la puerta cerrada en el sistema de protección social público. Las ayudas sociales –la renta garantizada de ciudadanía, el ingreso mínimo vital o las pensiones– que conceden los Ayuntamientos o la Generalitat excluyen a la población migrada sin la autorización de residencia. En este sentido, Jiménez insiste en que las prestaciones económicas se dan "siguiendo criterios de renta y vulnerabilidad, no por pasaporte ni por nacionalidad". Fuera de esta realidad, afirma la profesional, sólo hay “mentiras, xenofobia y rumores”.

Durante todos estos años sin papeles, Velásques ha sobrevivido limpiando una casa aquí, una oficina allá, o cuidando a una persona mayor por la noche. A veces encadena tres o cuatro trabajos al día, pero, sin embargo, no llega a fin de mes, y muchas veces debe tirar de los alimentos que le proporciona una entidad o de la ayuda de “amigas compatriotas” que le dan un paquete de arroz o 20 euros. Ahora, aunque tiene una nómina “decente” y ya no depende de la asistencia social, sigue compartiendo piso con otras mujeres migradas como ella, porque si no debería destinar casi tres cuartas partes de su sueldo para pagar un alquiler. “De lo que gano, una parte lo envío a mi familia a Honduras, y también quiero ahorrar”, dice, así que, a la postre, la bolsa no da ni para vacaciones, ni entradas de cine, ni ninguna extra.

Desde su oficina, Jiménez dirige a los migrantes irregulares que viven en el municipio a hacer cursos de catalán y les anima a participar en actividades que organiza el propio Ayuntamiento para poder realizar la regularización por arraigo social. "Son irregulares para la administración que, al mismo tiempo, les exige que demuestren que viven aquí desde hace tres años para que puedan plantearse regularizar su situación", afirma la técnica. Para la abogada de Cáritas, esta dinámica "no tiene ningún sentido, salvo que se busque mano de obra barata".

Antes de conseguir los papeles, Aisha M. estuvo también en la irregularidad trabajando en una academia de música privada sin contrato, pese a los esfuerzos de la directora del centro por hacer entender al funcionario de turno que la quería a su plantilla. No hubo forma. Pasados ​​los tres años, la academia le hizo una oferta laboral de 26 horas semanales. También le denegaron. El reglamento de extranjería liga residencia a un contrato laboral de un año y jornada completa, condiciones que El Makrini afirma que son hoy en día “muy difíciles incluso para autóctonos”. Finalmente Aisha encontró la ayuda entre las vecinas del barrio –de ahí la importancia de hacer red social–, que se conjuraron para hacerle tres contratos como mujer de trabajos que sumaban 40 horas. Todo era una farsa. El acuerdo era que Aisha se pagaba la Seguridad Social a escondidas hasta que, pasados ​​unos meses, ya dio el salto a la academia. La incongruencia del sistema es que “obliga a hacer trampas” incluso en este caso, en el que el sueldo era mayor como profesora a tiempo parcial que limpiando todo el día. La mujer vive en un piso pequeño con su hija de tres años y también se queja de que su nombre, acento y fisonomía han sido suficientes para que las inmobiliarias la rechazaran antes de demostrar que tiene una nómina solvente.

La ineficacia del sistema

Tanto los informes Insocat como el de Foessa, impulsado desde Cáritas, confirman que la pobreza se ceba sobre esta población migrante que, sin una red familiar sólida, se ve más expuesta a la inestabilidad laboral, al encarecimiento de los precios de la vivienda oa ser estafados. Las tres últimas crisis desde el 2008 han tenido un impacto enorme entre este colectivo, que incluso cuando cumplen los requisitos para estar bajo el escudo social les cuesta más alejarse de la línea de la exclusión. Lo dicen los datos de la Mesa del Tercer Sector: la pobreza extrema entre los autóctonos se reduce a la mitad una vez reciben prestaciones económicas, mientras que entre los migrantes apenas hay diferencia. De hecho, Cáritas y Cruz Roja, así como las entidades más pequeñas, alertan de que el sistema social, a diferencia del educativo o sanitario, no es suficientemente eficiente para reducir la tasa de pobreza, en parte porque se dan “ayudas puntuales, que tienen disparidad de criterios”.

Y, de nuevo, por la rigidez de la ley de extranjería, que para la abogada de Cáritas “es un freno” para que los migrantes salgan adelante y para Laia Costa, de la fundación Ficat, “una norma injusta e inhumana que no permite a los migrantes equivocarse” con los mismos errores que comete un autóctono. Olvidarse de acudir a una cita para renovar el permiso o tener antecedentes policiales es suficiente para pasar de nuevo a la irregularidad. O, como señala El Makrini, estar sin trabajo en el momento que toca la renovación del permiso. Y cuando una persona pierde el NIE, pierde también el derecho a seguir cobrando la prestación social, incluso la del paro aunque tenga derecho, hasta que no vuelva a la legalidad.

El senegalés Max Diatta llegó del Senegal hace dos décadas con un visado de estudios "sin permiso de trabajo", y en cada renovación ha tenido que cumplir los requisitos exigidos. Ahora está a la espera de que le llegue la resolución y se queja de los problemas que tienen para conseguir una cita en las oficinas de extranjería para realizar los trámites. Subraya que muchas veces tardan tanto en que “los papeles llegan a punto de caducarse”. Para el primer permiso de residencia, es necesario pedir los antecedentes penales en el país de origen y presentar el pasaporte o el carné de identidad, documentos que no siempre son fáciles de obtener por la complejidad de las administraciones o la pérdida o robo.