Un informe oficial recomienda igualar los criterios para nacionalizarse: "Benefician sobre todo a los latinoamericanos"
El Consejo Económico y Social pide que los menores no acompañados tengan una vía rápida para ser españoles a los 18 años
BarcelonaUna década para empezar a realizar los trámites para obtener la nacionalidad española es un período excesivo. Lo subraya el Consejo Económico y Social (CES), un órgano consultivo del gobierno español, quien en su informe sobre la realidad migratoria en España advierte que el sistema español de acceso a la nacionalidad por residencia es demasiado lento, desigual y poco transparente, y reclama reformas urgentes para garantizar la igualdad de trato y el respeto a los derechos humanos. También denuncia que los menores extranjeros no acompañados no tengan una vía especial por tener el pasaporte español una vez alcanzan la mayoría de edad, después de estar bajo la tutela de la administración.
El documento, que se ha presentado este miércoles en la sede del ministerio de Migraciones en Madrid, admite que en los últimos años ha habido un aumento de naturalizaciones registradas, pero sostiene que el proceso para conseguir la nacionalidad española "mantiene importantes debilidades estructurales", especialmente en lo que se refiere a la duración de los trámites, la falta de recursos y la desigualdad entre colectivos. Por ejemplo, España exige 10 años de residencia efectiva de los candidatos, el doble de tiempo que la mayoría de los países comunitarios, que sitúan la espera en una media de cinco años.
El CES destaca que la ley española favorece –discrimina positivamente– a las personas originarias de países latinoamericanos, teniendo en cuenta los vínculos históricos y culturales con España, ya que pueden empezar a pedir la nacionalidad a partir de los dos años de residencia en el Estado, aparte de beneficiarse de los supuestos reconocidos en la ley de memoria histórica directa. "[El sistema español de acceso a la nacionalidad] por residencia mantiene importantes diferencias por países o colectivos de procedencia. Así, la normativa beneficia especialmente a los países latinoamericanos", afirma el comunicado.
Por el contrario, los ciudadanos de origen africano o asiático chocan con una estructura burocrática llena de obstáculos que van desde la obligatoriedad de probar el conocimiento básico de la lengua (española, y en Cataluña también el catalán) a pasar un capítulo de integración sociocultural. Todos estos procesos implican costes económicos que pueden suponer un enorme esfuerzo para personas vulnerables o con pocos recursos.
En cuanto a los menores no acompañados acogidos en los centros, el CES considera "especialmente necesario" facilitarles el acceso automático a la nacionalidad por evitar que queden en la irregularidad administrativa, sobre todo a los que han estado años bajo la tutela del Estado, así como para las personas apátridas o en situación de vulnerabilidad, para proteger a estas criaturas. Para este órgano, la nacionalidad española no es un regalo, sino que no obtenerla "pone en riesgo el esfuerzo de integración social y educativa".
Un 14% de residentes extranjeros
En el informe, el CES afirma que la inmigración es imprescindible para sostener el crecimiento económico y el equilibrio demográfico de España, reclamando una política integral que combine seguridad, derechos e inclusión. Según el informe, el 14% de la población residente tiene nacionalidad extranjera y casi el 19% ha nacido en el extranjero, cifras que en 30 años sitúan a España entre los países más diversos de la Unión Europea. El estudio valora el papel fundamental de las mujeres migrantes, que representan un porcentaje muy elevado de la población extranjera y desarrollan tareas esenciales en sectores como cuidados, sanidad y servicio doméstico, que se caracterizan por una gran precariedad laboral y falta de reconocimiento.
En el ámbito económico, el CES constata que la inmigración ha sido determinante para la recuperación después de la pandemia y para cubrir puestos de trabajo en sectores con falta de mano de obra. Actualmente, las personas de origen migratorio representan cerca del 20% de la población activa y del empleo total. Sin embargo, el informe alerta de la persistencia de brechas laborales, como tasas de paro más altas, concentración en trabajos menos calificados y dificultades para homologar titulaciones. En cuanto a la convivencia, se afirma que la sociedad española mantiene, en general, una actitud positiva hacia la inmigración, pese al aumento de discursos de rechazo y desinformación, pero al mismo tiempo se reclama más acciones y políticas para combatir la xenofobia y preservar la cohesión social.
