El consejo de ministros ha dado luz verde este martes al decreto que implementa la enseñanza por competencias en el bachillerato y que permitirá la obtención del título con un suspenso si así lo autorizan los equipos docentes. Esta normativa actualiza la ley orgánica de modificación de la Loe (Lomloe), también conocida como ley Celaá, y los cambios se implementarán a partir del curso próximo (2022-2023) en primero de bachillerato y el curso siguiente (2023-2024) en segundo. Los principales cambios son los siguientes:

Si el futuro currículum de la ESO y el bachillerato sale adelante tal como el departamento de Educación lo ha redactado, las diferencias entre alumnos y centros "serán todavía más graves": se devaluará la calidad del conocimiento, se diluirá la figura del profesor como especialista y se crearán "dos redes paralelas" de institutos de primera y de segunda. Todo esto lo cree un grupo de profesores catalanes que no pertenecen a ningún sindicato y que han escrito un manifiesto en el que avisan de que la educación se verá resentida si se aprueban lo que ahora son solo borradores. A pesar de que el manifiesto ha sido redactado por un pequeño grupo de cinco o seis personas que se han coordinado a través de las redes sociales, el texto ha recibido ya cerca de 200 apoyos en pocas horas y, a partir de este lunes, se colgará en Change.org para recoger más firmas.

La comunidad educativa está en ebullición y el próximo curso vendrá con grandes cambios: la respuesta a la sentencia del 25% en castellano, un nuevo calendario escolar que no ha sido consensuado y la aplicación de los nuevos currículums a los cursos impares de primaria, ESO y bachillerato. Estos últimos son unos documentos de mucha trascendencia en las escuelas, porque fijan qué y cómo deben aprender los alumnos y cómo evaluarlos. Ahora toca cambiarlos porque el 50% viene determinado por el gobierno español y, dado que se ha aprobado una nueva ley de educación estatal –la llamada ley Celaá, que entierra la ley Wert–, hay que concretar a la práctica lo que dice la normativa en vigor: el ministerio de Educación plantea dejar atrás la división por asignaturas y avanzar hacia un aprendizaje competencial. Esto en Catalunya hace ya muchos años que se aplica (en función del centro); de hecho, en los currículums actuales, aprobados en 2015, ya dice que a parte de adquirir los conocimientos, los alumnos deben saber explicarlos y aplicarlos para resolver problemas nuevos y reales, que, de forma muy resumida, es lo que plantea el aprendizaje competencial.

Hace unas semanas, los debates sobre la LOMLOE (la Ley Celaá) en el Congreso reavivaron el debate sobre las lenguas del Estado en la educación. A la polémica se suma ahora una decisión del TSJC que anula los proyectos educativos de dos escuelas públicas por no garantizar el papel vehicular del castellano.

El departamento de Educación cree que la inmersión lingüística en las aulas es "un debate 100% pedagógico y educativo" y que tendría que quedar al margen de las decisiones judiciales. Al día siguiente de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) hiciese públicas dos sentencias en las que anulaba los proyectos lingüísticos de dos escuelas públicas (Bogatell, de Barcelona, y Josefina Ibáñez, de Abrera) porque no hacen el 25% de clases en castellano y avisase de que la nueva ley Celaá "no cambia las cosas" en este sentido, la conselleria que encabeza Josep Bargalló ha rebatido que era "difícil de entender" que los jueces del TSJC "vayan mucho más allá de las funciones legislativas que les son atribuidas" y entren en un debate que, según el Govern, no es político sino educativo.

El PP ha hecho efectiva este lunes la promesa de recurrir al Tribunal Constitucional la nueva ley educativa, conocida como ley Celaá –por el nombre de la ministra–. Continúan así con la estrategia de judicializar todas las normas de calado del ejecutivo de Pedro Sánchez. Nueve son los motivos principales que ha dado el jefe de la oposición, Pablo Casado, para presentar el recurso ante el alto tribunal durante la presentación del texto en un colegio concertado de Madrid, el Internacional J.H. Newman. Desde la aprobación en el Congreso y en el Senado de la ley, la mayoría de colegios concertados de Madrid están rodeados de lazos naranjas para rechazar lo que consideran una norma "discriminatoria".