"Querían el autogobierno valenciano el día de la ruptura democrática". Esta inspiradora máxima, recogida en un atestado policial del año 1975 y recordada por el ex conseller valenciano Vicent Soler, ha ejemplificado la transfusión de orgullo y memoria que han recibido los dirigentes socialistas que este jueves han acudido a la celebración del aniversario de un episodio primordial para la restitución.

Antes de las elecciones del 23-J todo el mundo en el PSOE tenía claro que si querían cerrar el pase a la derecha necesitaban que Sumar, el partido situado a su izquierda, se situara en torno a los 30-35 escaños porque ellos difícilmente superarían los 120. Finalmente, Sumar sacó 31 (cinco de ellos de Podemos y se han escindido) y el PSOE 121. La guerra entre Yolanda Díaz y Podemos ha dejado el espacio de Sumar en una fragilidad absoluta, por lo que ahora el PSOE se lanza a ocupar este espacio con propuestas como la de la empresa pública de vivienda. El sueño de los socialistas sería recuperar ese amplio espacio ideológico que le permitió a José Luis Rodríguez Zapatero, verdadera guía espiritual de este PSOE, pasar de los 125 escaños de Joaquín Almunia en el 2000 a sus 164 (que en el 2008 serían 169). Lo que está claro es que han perdido la confianza en Díaz, tanto, que ya no le van a permitir colgarse medallas con tanta facilidad como en el pasado: ahora es todo para Sánchez.

Mientras Carlos Mazón se aferra a la presidencia de la Generalitat Valenciana pese a la creciente presión en la calle, la dirección estatal del PP hace equilibrios por no verse arrastrada por el descrédito de la gestión de la DANA. El presidente valenciano, determinado a no dimitir, pretende limitar los efectos políticos de la crisis a una remodelación de su ejecutivo. Al menos, a corto plazo. La situación es incómoda para Alberto Núñez Feijóo, quien intenta desmarcarse de la agonía de Mazón y limitar los daños a su partido, viendo que la situación se alarga. Asimismo, busca poner el foco en el gobierno español, pese a que se ha conjurado para evitar un tono agrio.

Ximo Puig (Morella, 1959) logró romper 20 años de gobiernos del PP en el País Valencià, y presidió la Generalitat entre el 2015 y el 2023, cuando perdió las elecciones contra todo pronóstico. Ahora se prepara para dejar la presidencia del Partido Socialista del País Valencià.

Veinte años seguidos de gobiernos del Partido Popular. Esta es la cifra que atormenta a muchos dirigentes de la izquierda valenciana desde el 28 de mayo, temerosos de que el regreso del PP al Palacio de la Generalitat Valenciana, ahora acompañado de Vox, instaure un reinado conservador como el que inició Eduardo Zaplana el año 1995 y que sólo la crisis económica y la corrupción liquidaron en 2015.

El expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig ha reclamado este lunes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que incorpore la denominación catalán-valenciano en la propuesta de permitir los idiomas oficiales en el Parlamento español con un objetivo declarado: acabar con "batallas que no aportan nada", como la polémica por el nombre de la lengua que ha hecho resurgir al gobierno valenciano del PP y Vox. "Valenciano es nuestra forma de visualizar nuestra lengua; creemos que la denominación catalán-valenciano es la correcta", ha dicho Puig tras reunirse con la dirección socialista en las Corts valencianas. De hecho, ha avanzado que Armengol está "alineada" con su posición en cuanto al nombre de la lengua.

La dimisión de Mónica Oltra la semana pasada no ha evitado que la investigación que pretende determinar si la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas dificultó la aclaración del abuso a una menor tutelada por parte del exmarido de Oltra Luis Eduardo Ramírez haya vuelto a protagonizar los parlamentos de la sesión de control al Gobierno valenciano y haya eclipsado así el estreno de la nueva número dos del Consell, Aitana Mas.

Hace tres años, en concreto, durante las negociaciones para reeditar el Gobierno valenciano entre PSPV, Compromís y Unidas Podemos. Esta fue la última vez que Ximo Puig y Mónica Oltra conversaron sobre la investigación que pretende determinar si la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas dificultó la aclaración del abuso a una menor tutelada por parte del exmarido de Oltra, Luis Eduardo Ramírez. Este dato, revelado por el ya ex número dos del Consejo durante el anuncio de su dimisión, ejemplifica la distancia que separa las formaciones que conforman el ejecutivo valenciano y que el adiós de Oltra no ha hecho sino hacer crecer, generando serias dudas sobre la viabilidad del bautizado como Gobierno del Botánico.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha mostrado su respeto y reconocimiento por la ya ex vicepresidenta del Consell Mónica Oltra, que ayer anunció su dimisión una vez fue imputada en el caso que investiga el posible encubrimiento de su departamento del abuso a una menor tutelada por parte de su exmarido Luis Eduardo Ramírez. Según Puig, ha sido una decisión adoptada “para proteger el Consell y beneficiar el interés general de la Comunidad Valenciana".

El frente judicial, protagonizado estos días por la imputación de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, pero también el desgaste de siete años de gestión, la posible recuperación del PP y el ascenso de Vox podrían hacer peligrar la continuidad del ciclo progresista iniciado en el País Valenciano en 2015.

El jefe del Consell, Ximo Puig, ha reclamado una "segunda Transición territorial de la España autonómica" para avanzar hacia un estado que descentralice instituciones, acabe con el "dúmping fiscal" y conceda a territorios como el valenciano una financiación "justa". Así lo ha dicho este sábado en la conclusión del acto institucional del Nou d'Octubre celebrado en el Palau de la Generalitat.

A pesar de la lengua y la cultura compartidas, las relaciones entre la Generalitat catalana y valenciana no siempre han sido fáciles. La interlocución entre gobiernos fue casi nula durante los años en los que mandaba el PP -no hubo encuentro entre presidentes durante dieciocho años- y después de la llegada al poder de los socialistas en 2015 la relación ha tenido altibajos. Puig se reunió en 2016 con el entonces presidente, Carles Puigdemont, y mantuvieron una reunión informal en otoño de 2017, pero la agenda independentista del Govern de Catalunya había incomodado hasta ahora al gobierno valenciano (también al balear). Esto ha empezado a cambiar este miércoles con la escenificación de la reanudación institucional entre el actual presidente del Govern, Pere Aragonès, y el mismo Ximo Puig. Después de tres años sin encontrarse -no se reunió con Quim Torra-, han comparecido de forma conjunta al Palau de la Generalitat Valenciana para proclamar un frente común para conseguir más recursos del Estado y defender intereses comunes en Madrid. Dejando fuera, eso sí, una de las principales reivindicaciones de Puig: la reforma del sistema de financiación.

Después de reunirse con el president, Pere Aragonès, el socialista y jefe del ejecutivo valenciano, Ximo Puig, ha defendido hacer un frente común para reclamar una financiación "justa" para las comunidades, más transferencias de los fondos europeos por parte del Estado y reclamar el corredor mediterráneo a Madrid y Europa.

Ha sido acusado de "madrileñofóbico" por el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, de victimista que quiere "disimular sus propios errores" por el portavoz del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ossorio, y de fomentar "agravios insensatos", según palabras de la misma presidenta madrileña. El presidente valenciano, Ximo Puig, se ha convertido en el nuevo gran enemigo del centralismo español, especialmente molesto por su propuesta de crear un impuesto específico –u otra "herramienta" equivalente– que grabe las rentas altas de la Comunidad de Madrid y que compense los beneficios que tiene la capitalidad respecto a otros territorios.

Si a Pedro Sánchez le debe de parecer difícil resolver el conflicto político catalán, que se prepare si algún día se decide a emprender la reforma del sistema de financiación autonómica, que lleva siete años caducado. Para hablar del segundo tema, el Cercle d'Economia ha sentado este jueves en el Hotel W de Barcelona a los presidentes de Galicia, Andalucía, el País Valenciano y las Baleares. El PP moderado y el PSOE federal de la España periférica, cara a cara para encontrar la fórmula mágica. Conclusión: será complicado.

Solo en 4 de las 17 comunidades autónomas del Estado gobierna un único partido. Las coaliciones incluso llegaron el año pasado por primera vez al gobierno español y acabaron con una anomalía histórica. En toda Europa el multipartidismo se impone y las mayorías absolutas desaparecen, de forma que priman los acuerdos pero se dificulta el día a día.