La gran noticia de las elecciones en Castilla y León es que, por primera vez en mucho tiempo, no se han cumplido las expectativas que auguraban un salto adelante de Vox. De unas encuestas que pronosticaban una bajada del PP y un Vox disparado hasta los 19 escaños y superando el 20% de los votos, hemos pasado a un escenario que refuerza el bipartidismo y hace que tanto populares como socialistas crezcan más escaños (+2) que los de Abascal (+1). Por lo tanto, es legítimo preguntarse si la ola de extrema derecha está llegando a su máximo, sobre todo si tenemos en cuenta que la campaña ha coincidido con el desastroso papel de Donald Trump con la guerra de Irán.

La derecha continuará gobernando en Castilla y León, donde lo hace ininterrumpidamente desde 1987, cuando José María Aznar, antes de desembarcar en la Moncloa, desbancó al PSOE e inauguró cuatro décadas de hegemonía de los conservadores en esta comunidad. El presidente y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a ganar las elecciones y ha mejorado los resultados de las de 2022, pero se queda lejos de la mayoría absoluta y no podrá gobernar en solitario como pretendía. El dirigente castellanolleonés, que es la tercera vez que encabeza la lista de los populares, ha obtenido 33 escaños, dos más que hace cuatro años, cuando alcanzó 31, con una participación del 65,2%. El PSOE ha quedado segundo con 30 diputados, dos más que hace dos años, y Vox tercero con 14, uno más.

Que un PSOE que no sea primera fuerza en las elecciones en Castilla y León es un escenario más habitual que en Extremadura o Aragón. Mientras que en las dos comunidades donde ha comenzado este ciclo electoral los socialistas han gobernado durante más años que los populares, el territorio que les coge el testigo es un feudo histórico del PP. Los conservadores llevan gobernando ininterrumpidamente desde 1987, cuando José María Aznar desbancó al PSOE e inauguró cuatro décadas de hegemonía de la derecha. En la comunidad autónoma más extensa de España, los socialistas solo han ganado en dos ocasiones, en 1983 y 2019 –coincidiendo con la primera victoria de Pedro Sánchez en el Estado–, si bien hace siete años no les sirvió para que la izquierda llegara al ejecutivo regional. En la cita electoral de este domingo, con un Sánchez en su momento más complicado, todo apunta a que el PP será primera fuerza, pero volverá a depender de Vox.

Con Ciudadanos fuera de las instituciones, sus exdirigentes se han ido recolocando en el sector privado –en algunos casos de forma extraña como Albert Rivera–, o en partidos, especialmente en el PP. Todavía hay, sin embargo, un territorio donde Ciudadanos conserva sus derechos electorales y aspira –sin mucha confianza– a mantenerlos. Los naranjas se presentan a las elecciones de Castilla y León, ahora sí que previsiblemente su último baile electoral autonómico.

Tercera cita electoral autonómica en menos de tres meses. Castilla y León toma el relevo de Extremadura, y se convierte durante las próximas dos semanas en el campo de batalla de los principales partidos del Estado. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se someten de nuevo a examen el 15 de marzo en unos comicios que vuelven a tener una marcada lectura estatal. La reciente decisión de la dirección del PP de implicarse directamente en las negociaciones con Vox para conseguir investir a los candidatos –María Guardiola y Jorge Azcón– en las dos comunidades que le han precedido certifica que los líderes estatales se juegan mucho más que un gobierno territorial en plena carrera hacia las elecciones generales previstas para 2027. Hoy por hoy, las encuestas dibujan, a grandes rasgos, un escenario muy similar al extremeño y al aragonés.

La Fiscalía de Castilla y León investigará finalmente la cuestionada gestión de Alfonso Fernández Mañueco de los incendios de agosto, a raíz de la denuncia que ha presentado la Asociación Bierzo Aire Limpio contra el presidente de la Junta castellanoleonesa y también contra su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. La Fiscalía, según el escrito al que tuvo acceso la agencia Efe, abrió la investigación por los presuntos delitos de prevaricación por omisión, contra el medio ambiente, del deber de socorro y otros ilícitos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica.

Con decenas de bomberos exigiendo su dimisión a las puertas de las Cortes autonómicas, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha intentado defenderse este viernes de su gestión ante los incendios que han quemado miles de hectáreas en su comunidad. "Hubiera preferido comparecer con el balance completo. Lo que está ocurriendo es demasiado importante y real para realizar cálculos políticos", ha dicho el dirigente territorial del PP dirigiéndose a la bancada del PSOE, que es quien ha promovido su comparecencia en el Parlament esta mañana y quien, junto a varios partidos, le ha pedido la dimisión. Mañueco situó en 141.000 las hectáreas afectadas por los incendios, que sobre todo se cebaron con las provincias de León y Zamora, tras 348 incendios en 23 días y tres víctimas mortales; el pleno ha hecho un minuto de silencio en su recuerdo.

En España se está cociendo un nuevo Procés, pero a la castellanoleonesa. Este miércoles, el pleno de la Diputación Provincial de León aprobó una moción a favor de la autonomía leonesa con el objetivo de solicitar a la Junta de Castilla y León, con los votos a favor del PSOE y de Unió del Pueblo Leonés, y la oposición del PP y de Vox, iniciar los trámites para segregarse de Castilla. Los defensores de pedir constituir una nueva comunidad autónoma creen que tienen motivos culturales, identitarios, económicos e incluso lingüísticos que diferencian a la provincia de León, pero también a Salamanca y Zamora, de Castilla. El proceso para conseguirlo, pese a que no implica tener que cambiar la Constitución, hace complicado que se acabe llevando a cabo.

El Mundo entrevista este jueves el portavoz del PP en la Diputación de León, David Fernández Blanco, que defiende abiertamente la creación de una nueva autonomía leonesa separada de Castilla y León, aunque su partido votó en el pleno en contra de una moción del PSOE y la Unión del Pueblo Leonés que reclamaba lo mismo. Sus argumentos son, desde un punto de vista histórico, inapelables: "Somos un reino histórico y un cuarto del escudo de España". La diferencia con el PSOE y UPL, su anterior partido, es que él circunscribe la posible futura comunidad autónoma a la actual provincia de León y no incluye a Salamanca y Zamora, que históricamente también formaron parte del Reino de León. Lo cierto es que el sentimiento leonesista es solo fuerte en la provincia de León, donde la mayoría de ayuntamientos han aprobado mociones a favor de la separación.

Castilla y León está en el foco mediático por un cambio legislativo de Vox y el PP, que gobiernan en coalición en la comunidad. En este caso, la problemática salpica al campo y, particularmente, al sector vacuno. La crisis ha abierto una nueva guerra con el gobierno español y ha dejado imágenes de ganaderos de la zona asaltando un edificio de la junta de Castilla y León, disturbios que han acabado con un detenido y una docena de policías heridos. El motivo de fondo: la flexibilización del control de la tuberculosis en el sector vacuno.

En el juego de equilibrios para no desautorizar a uno de sus presidentes autonómicos y a la vez desmarcarse de cualquier alianza con Vox, Alberto Núñez Feijóo ha decidido dejar solo este martes al ya presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en su toma de posesión –tampoco estuvo en el debate de investidura de la semana pasada–. Ha querido evitar, así, la imagen sentado junto al líder de Vox, Santiago Abascal, y ha hecho que la fotografía fuera para su número dos, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Feijóo, eso sí, ha enviado su "apoyo total" a Mañueco desde la sede de los populares en Madrid, donde durante todo este martes se ha puesto en la agenda una batería de reuniones con agentes económicos y sociales: esta mañana han desfilado representantes de la patronal –la CEOE y Cepyme avalan la rebaja de impuestos que defiende el PP– y esta tarde lo harán los sindicatos, con quienes el nuevo líder popular se reúne para presentarles su propuesta económica para hacer frente a la crisis derivada de la guerra en Ucrania.

Preocupación en Europa por el auge de la extrema derecha francesa. Ayer, apenas saberse que pasaba a la segunda vuelta de las presidenciales, los partidos perdedores llamaron a votar a Emmanuel Macron o, en todo caso, a no votar bajo ninguna circunstancia a Marine Le Pen. El cordón republicano, a pesar de que desgastado, todavía se mantiene, y a pesar del auge en votos y apoyo popular de Le Pen hay consenso entre las fuerzas tradicionales de que se tiene que evitar como sea que ponga un pie en el Elíseo. Ya veremos qué pasa, pero, en todo caso, no será porque desde el entorno mediático y político francés en general no haya un llamamiento claro a dejarla sin aire. En España, en cambio, ayer vimos cómo Santiago Abascal se sentaba satisfecho junto a la vicepresidenta del Congreso de Diputados, la popular Ana Pastor, para asistir a la votación del gobierno de coalición entre el PP y Vox en Castilla y León. El líder ultra español explicó claramente que era un primer paso, un ensayo, de cara a lo que pueda pasar pronto en Andalucía, donde podría haber elecciones este verano, y seguramente también en el gobierno español, si es que los dos partidos consiguen mayoría.

Ni 24 horas ha tardado el presidente in pectore del PP, Alberto Núñez Feijóo, en chocar con la realidad. Mientras ayer por la tarde defendía que la presidencia de las Cortes de Castilla y León tenía que corresponder al PP y pedía ayuda al PSOE para no depender de la extrema derecha, esta mañana se ha hecho público el acuerdo entre populares y Vox para repartirse el gobierno de la comunidad autónoma y también la mesa de las Cortes, donde los ultras ostentarán la presidencia y una secretaría tercera. Este último punto es importante porque supone una desautorización directa de Feijóo justo cuando empieza a caminar como nuevo líder del PP. La paradoja es que un supuestamente moderado Feijóo tiene que hacer suya una decisión, la de aceptar a Vox en un gobierno autonómico, que la anterior dirección de Pablo Casado y Teodoro García Egea había vetado.

"Que cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García-Gallardo", decía el presidente de Vox, Santiago Abascal, la misma noche electoral del 13-F. La extrema derecha fue la gran triunfadora de unas elecciones que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, había avanzado por la mala relación con su socio de gobierno, Ciudadanos, y siguiendo las encuestas que le llegaban desde Madrid, que pronosticaban una mayoría absoluta del PP. Nada más lejos de la realidad. Los populares acabaron la noche salvando los muebles con una victoria ajustada ante el PSOE, pero quedaron atados de pies y manos a Vox. Por primera vez, la extrema derecha exigía entrar en un gobierno después de su crecida exponencial. Después de semanas de negociaciones, este jueves ha acabado siendo una realidad: Mañueco ha aceptado todas y cada una de las condiciones que había puesto Vox sobre la mesa y ha abierto las puertas del primer gobierno autonómico para la extrema derecha.

Érase una vez un chico de 17 años de un pequeño pueblo de la comarca del Bierzo, en León, que decidió que construiría una marca propia con su cara como logo y su apellido, Prada, como insignia. No hablamos de la conocidísima marca de bolsos de lujo, sino de un auténtico emprendedor. Tanto, que primero hizo la marca, Prada A Tope, y después fue construyendo un pequeño imperio que incluye un hotel, un restaurante, una bodega y multitud de productos naturales del Bierzo que él ha sabido vender como nadie. Cuando te lo encuentras cara a cara enseguida ves que se trata de un personaje muy especial.

Por primera vez en la historia, unas elecciones en Castilla y León adquieren interés estatal. La campaña electoral se ha nacionalizado y los resultados surgidos de las urnas tienen repercusión más allá de la propia comunidad. El propio Pablo Casado ha apostado por tener una intensa presencia –no muy exitosa en términos de comunicación política– y ha aparecido día sí día también en un pueblo o granja del territorio castellanoleonés. Pero, paradójicamente, y aunque los medios no se hayan hecho mucho eco de ello, en estas elecciones también se ha hablado de los problemas y las necesidades del territorio, de las provincias olvidadas. Y se ha hecho con un lenguaje y una aproximación diferentes de los de los grandes partidos, con una mirada empoderada desde la proximidad. No en balde la fragmentación en el legislativo es la más alta de la historia: hay hasta 8 candidaturas.

Puede que ante la incertidumbre de las encuestas Pablo Casado hubiera firmado ayer el resultado de las elecciones, con la dependencia de Vox como mal menor. Pero si analizamos los motivos de la repetición electoral, la maniobra ha resultado ser un absoluto fracaso y deja al PP en manos de Santiago Abascal. Alfonso Fernández Mañueco buscaba repetir el efecto Ayuso, es decir, absorber a Ciudadanos y obtener una amplia mayoría que le permitiera negociar desde una posición de fuerza con Vox. Pero nada de esto ha pasado. Los votos de Cs han ido todos hacia Vox salvo una pequeña minoría urbana de Valladolid que todavía ha confiado en la figura del centrista Francisco Igea. Fuera del entorno urbano, Cs ha desaparecido del mapa succionada por la extrema derecha nacionalista.

Las elecciones que se celebran este domingo en Castilla y León poco tienen que ver con la realidad del territorio y mucho con los cálculos partidistas de Pablo Casado y del candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco. El primero ha situado estas elecciones como la primera piedra para construir su camino hacia la Moncloa (si la jugada sale bien en junio se podrían adelantar las andaluzas), mientras que el segundo sueña con repetir el éxito de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y poder gobernar en solitario después de haber tenido que compartir ejecutivo con Ciudadanos. Sin embargo, las encuestas no garantizan una victoria estallante del PP, que lleva 35 años gobernando en la comunidad, y podría dejarlo completamente en manos de Vox. Esto supondría un grave problema para Casado, que debería decidir si abre la puerta a compartir gobierno con la extrema derecha, algo que hasta ahora no ha hecho y que insiste que no va a hacer.

Este domingo hay elecciones autonómicas en Castilla y León, unos comicios que están teniendo mucho protagonismo mediático por lo que pueden suponer en el cambio de equilibrios en el conjunto del Estado. Pero, más allá de la disputa política, ¿qué sabemos de Castilla y León? Es un territorio tan extenso y variado que no se puede realizar una valoración conjunta. Se debe visitar sobre el terreno y explicar sus diferentes realidades, la de un este rico e industrial, con Burgos al frente, y un oeste empobrecido y con sentimiento de agravio. Y esto es lo que han hecho David Miró y Francesc Melcion, un recorrido por las diferentes zonas hablando con la gente que vive allí de sus inquietudes y anhelos de futuro.

De camino a Burgos los tonos cromáticos cambian. El amarillo y el marrón oscuro dejan paso a un verde y marrón más arcilloso, una paleta más cercana a los paisajes cantábricos y vascos. Atravesamos Palencia, donde también hay una fábrica de Renault, y llegamos a la ciudad que Vox eligió para realizar el acto inicial de campaña, a los pies de la famosa estatua ecuestre del Cid. Burgos es la provincia catalana de Castilla y León, cuya renta per cápita es de 30.000 euros. Su secreto es el elevado peso de la industria, que representa más de un 30% del PIB (en Catalunya no llega al 20%). Destacan empresas del sector de la industria auxiliar del automóvil como el grupo Antolín, que ya es una multinacional presente en 26 países, y del sector aeronáutico, como Aciturri, situada en Miranda de Ebro, junto al País Vasco.