Cinco personas que vivían en la calle murieron en Badalona este año. Según ha confirmado al ARA la plataforma Badalona Acull, la última víctima ha sido un hombre sin hogar que, tal y como ha avanzado el Diario de Badalona, apareció sin vida el 15 de febrero en el interior del coche donde sobrevivía en el barrio de Puigfred. Se trata de un hombre vecino de Santa Coloma de Gramenet de 60 años.

Todavía le tiemblan las piernas cuando cuenta que ha pasado de verse en la calle con la camisa a sus espaldas a ser propietaria del piso. "Nos salvamos por la campana, sí", ilustra Anna Pujol (nombre ficticio) para relatar que, después de años de estar amenazada con desahucios, presionada para marcharse sin hacer ruido e intentos desesperados de quedarse, lo consiguió, el miércoles pasado, sólo las 48 horas antes de la comida presentaran para ejecutar el levantamiento. Dos días antes, llegó a un acuerdo con el fondo y firmó las arras para comprar la vivienda en la que ella y su madre habían vivido de alquiler desde hacía veinte años.

Pese a las buenas cifras de la economía y de un paro bajo, la pobreza ha crecido 0,8 puntos en el último año en Cataluña. Se rompe así la tendencia de una tímida reducción que arrancó en el 2021 gracias a la inyección de ayudas del escudo social aprobado a raíz de la crisis de la pandemia. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida, publicada este jueves por el Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat), el 24,8% de la población catalana es pobre y vive con privaciones materiales. El empeoramiento social no ha sorprendido a las entidades y ONGs, que llevan meses notando un aumento de la demanda, incluso entre las personas que tienen un trabajo. El umbral de la pobreza se fija en ingresos inferiores de 13.800 euros para una sola persona y de 29.100 para dos adultos y dos criaturas, y, de hecho, la precariedad se está cebando especialmente entre los menores de 16 años.

Con el invierno cerca y la anunciada bajada de las temperaturas, el sinhogarismo vuelve a situarnos ante una realidad incómoda que demasiado a menudo preferimos ignorar. Las personas que viven al raso no necesitan sólo mantas o comida caliente, necesitan que la sociedad deje de señalarlas con el dedo. Persistimos en prejuicios simplistas por aliviar conciencias, pero es hora de hacer pedagogía, escuchar antes de juzgar y ofrecer un voto de confianza para construir comunidades más solidarias e inclusivas.

A nivel macroeconómico, España va como un cohete. De hecho, hace unos meses, la OCDE señalaba al Estado como la economía avanzada que más crecerá este año, con una previsión de hasta el 2,6% de crecimiento. Pero mientras las grandes cifras brillan, para muchos niños y jóvenes el relato del crecimiento económico suena lejano, casi irreal. Su realidad es otra: la de la precariedad, la vivienda inaccesible y las oportunidades que se esfuman. Desde 2007, la exclusión social entre la población infantil y juvenil no ha dejado de crecer, y hoy se consolida como una auténtica brecha generacional. Así lo advierte el IX Informe Foessa, elaborado por Cáritas y presentado este miércoles.

"La iglesia no da más de sí, pero estamos donde Viqui quería". Cuando Peio Sánchez, el párroco de la parroquia Santa Ana del Raval, ha pronunciado esta primera frase, en la basílica barcelonesa todavía había decenas de personas intentando encontrar un pequeño agujero en el que ubicarse. "Hoy había que estar ahí", subrayaba una mujer mayor sentada en una silla plegable. Había que estar allí para despedir, como ella quería, Viqui Molins, la monja de la calle que traspasó el 20 de febrero después de dedicar su vida a ayudar a cientos de personas en situación de vulnerabilidad.

Las dificultades para encontrar una vivienda asequible y las condiciones laborales precarias son los dos ingredientes básicos para explicar el incremento de la pobreza y la polarización social creciente "entre quienes cada vez quieren más y quienes cada vez tienen mucho menos". El diagnóstico lo ha hecho este martes el presidente de Cáritas Catalunya, Francesc Roig, en la presentación del informe del pasado año en el que se advierte que la brecha de la desigualdad es cada vez más ancha, mientras se constata la ineficacia de medidas como el ingreso mínimo vital y la renta garantizada, que sólo llega al 10% de las 245.665 personas atendidas por la entidad. "No basta con trabajar para superar la pobreza", ha subrayado Roig.

Al menos 37 municipios de Catalunya ponen trabas a la hora de empadronar a ciudadanos que tienen problemas para presentar un contrato de alquiler o viven en una infravivienda o en la calle. Entre estas localidades se encuentran tres capitales, Tarragona, Lleida y Barcelona, ​​que este año entra en esta lista, así como el grueso de las ciudades metropolitanas. Pero también hay más pequeñas, como Alcanar, Ripoll, Tremp, Tortosa o Salt. En conjunto, estos municipios representan al 40% de la población de Cataluña. Las negativas afectan a personas adultas, inmigrantes y autóctonos, así como a menores de edad y extutelados por la Generalitat que, al no estar registrados en el padrón, se les dificulta el acceso a la educación, la sanidad, las prestaciones sociales o la renovación del permiso de residencia.

"Mamá, ¿cuándo tendré una habitación para mí sola?", pregunta Jasmina, de ocho años. Desde diciembre pasado, ella, junto a Samia, su madre; Redouan, el padre, y Tamara, su hermana, de tan sólo tres meses, viven en una habitación de un piso compartido de los servicios sociales de Barcelona. Sufrieron un desahucio. Esta familia marroquí subsiste, además, con una ayuda de 300 euros, mientras que Redouan, que está haciendo unos cursos, espera conseguir trabajo para aportar más dinero a casa. ¿Pero en qué hogar? Una vivienda en la que conviven con otras dos familias en la misma situación: todos en lista de espera para conseguir una vivienda que no llega. Jasmina, a la que le cuesta concentrarse en clase, aún recuerda el desconcierto del día del desalojo. "¿Por qué vienen estos hombres? ¿Por qué gritan?", preguntaba a sus padres, que sólo supieron responderle: "Nos cambiamos de casa, momentáneamente".

Todavía no ha dormido ni una noche entera en cama, aunque hace poco más de tres meses que le dieron las llaves del piso. Por el momento se encuentra más cómodo con el saco y la esterilla en el suelo. “Apenas empiezo a tumbarme a ratos, para acostumbrarme a ello”, relata José Luis Miralles, un hombre de 56 años que ha pasado los últimos 18 años sobreviviendo en la calle. A principios del mes de enero el equipo de la fundación Arrels que le acompañaba le comunicó que tenía un “regalo” para él. Del Paral·lel, donde se había instalado la última temporada, le llevaron en coche hasta un piso del barrio de la Torrassa, en L'Hospitalet. Se sorprendió mucho cuando le hicieron entrar y le dieron unas llaves: “No podía creerlo: un pasillo enorme y dos habitaciones para mí. ¡Si yo podría vivir en la cocina o en el baño!”, se exclama sentado en una de las sillas del comedor, donde nos explica que sus dos telas les ha dado alguna “de las buenas personas” que se ha encontrado por el camino y que, además, ya tiene apalabrado un sofá viejo para completar el mobiliario, todo nuevo de trinca.

Cae el sol en Vilanova y la Geltrú. Las puertas de la escuela Sant Jordi se abren para recibir a jóvenes de entre 16 y 23 años. La pista de cemento al aire libre brilla con los focos que hay en cada esquina y que se encienden para iluminar el entrenamiento de cada miércoles y viernes. Se prepara el Fútbol Sala Garbí Vida Festival, un equipo formado por quince chicos de distinta procedencia. Algunos han venido en camión. Otros, en avión. Con ilusiones y sueños varios pero una afición compartida: el fútbol.

A los vecinos del blog Venus del barrio de la Mina les irrita saber que sehan mejorado las condiciones económicas para expropiar sus viviendas. Hace 20 años que el edificio tiene una sentencia de derribo que por ahora no se sabe cuándo se ejecutará ni tampoco saben dónde irán a parar las 243 familias que resisten a la dejadez, la suciedad, las grietas de la fachada, los cortes de suministro y el tráfico de drogas en algunos de los pisos. "Son demasiados años de malvivir porque cuando la administración abandona un lugar todo se hace más difícil", explica Paqui Jiménez, una pequeña mujer que pone voz a las demandas y quejas de los vecinos y una de las que han liderado las movilizaciones populares y la lucha judicial por un mejor acuerdo. Ahora dice que "no puede haber satisfacción total" y avanza que una veintena de residentes mantendrán el contencioso administrativo para que se les reconozca en los años de abandono.

Ouafaa Elatari llegó a Cataluña en el 2010, en plena recesión económica, para buscar un sitio donde consolidar su vida y ampliar su carrera profesional. Joven, con la carrera de derecho bajo el brazo y con años de experiencia ejerciendo como abogada en Fez, llegó a Barcelona. Pero los cambios nunca son fáciles. Menos aún cuando no conoces el sistema laboral, educativo, sanitario y ninguno de los trámites administrativos básicos. Poco tiempo después de establecerse en Ciutat Vella, Elatari conoció a la Fundación de la Esperanza, a través de la cual ha seguido formándose y ahora, casi diez años después del primer contacto, son sus hijos los que siguen el vínculo con la entidad de La Caixa.

885.000 personas de la diócesis de Barcelona viven en situación de exclusión social, cosa que representa alrededor de un tercio (el 32%) del conjunto de la población de la zona. Es la alerta que ha dado este martes Cáritas, que, a través de un estudio hecho en colaboración con la Fundación Foessa, ha constatado que ahora hay 300.000 personas más en situación de precariedad que antes del estallido de la pandemia. La conclusión del informe es que por ahora uno de cada tres habitantes de la región de Barcelona tiene dificultades para acceder a derechos básicos como la vivienda, la alimentación o la calefacción. 

“¿Pago con las gracias?”, ríe Hassan Es-Sadi cuando llega al hospital de campaña Santa Anna de Barcelona y se encuentra, ahí mismo, a media docena de peluqueros dispuestos a cortar el pelo graits antes de la comida nocturna. Cortar y cenar. Son miembros de Tijeras Solidarias, una organización sin ánimo de lucro impulsada por el badalonés Saúl Sancho en 2016, cuando con poco más que unas tijeras y una máquina de cortar el pelo se plantó en la isla de Lesbos, apelado por otro badalonés ilustre, Òscar Camps, patrón de Open Arms y cliente de su barbería, para devolver “la dignidad” a aquellas personas que habían pasado tantas penurias.

En la vida de Paula Carrasco y sus dos hijas de 6 y 17 años el covid marca un antes y un después. El punto en el que se les rompe la vida y que tienen que recurrir a la ayuda asistencial para poder pagar el alquiler y llenar la nevera. “Nunca hasta ahora había necesitado ayuda de nadie pero me encontré con que no tenía ingresos y teníamos que vivir”. Son la cara de la caída en el pozo de muchas familias con hijos menores, un colectivo que Cáritas alerta que es el más vulnerable. El 40% de estos núcleos están ahora mismo en exclusión social, un porcentaje que crece hasta el 50% cuando se trata de familias monomarentales, como la de Carrasco, que "tienen dificultades para llegar a final de mes y no tienen ingresos para gastos imprevistos", explica Míriam Feu, responsable de análisis de Cáritas Barcelona.

A Juan (nombre ficticio) la vida le iba bastante bien hasta que el gobierno español le ha denegado el derecho a asilo y se ha convertido de un día para el otro en un inmigrante en situación irregular. Colombiano, llegó a Catalunya hace un par de años como solicitante de asilo y casi desde el principio trabajó en una empresa familiar con contrato y un sueldo que le ha permitido arraigarse. Hasta que ha recibido la noticia de que su demanda de asilo se ha rechazado. Ha perdido el trabajo y lo peor es que todavía no puede iniciar los trámites de regularización porque la ley exige una estancia de tres años de arraigo probado y, por lo tanto, le falta uno, y un contrato laboral de un año a jornada completa. Sin papeles, se queda a la intemperie, en la desprotección, y ni siquiera en los servicios sociales del municipio metropolitano donde reside le pueden dar una solución que no sea que espere un año.