El excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo compareció este martes ante la justicia andorrana para testificar en el marco de la investigación contra el expresidente español Mariano Rajoy por la operación Catalunya. En su declaración, el excomisario se ratificó en su versión de los hechos y aseguró que el exdirigente popular forzó la operación para intervenir la Banca Privada de Andorra (BPA) como represalia porque la entidad financiera no quiso colaborar con él para hundir a los líderes del Proceso. Precisamente, la juez andorrana quiere aclarar si Rajoy y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz presionaron a directivos de la BPA para que facilitaran información de políticos independentistas a la policía patriótica, en el marco de la operación Cataluña.

La retahíla de audios publicados en los últimos días sobre la operación Catalunya acorralan a María Dolores de Cospedal. La ex secretaria general del PP, que el lunes compareció en la comisión del Congreso que investiga la guerra sucia contra el independentismo, volverá a ser citada en la Cámara Baja con el apoyo de la mayoría de partidos. El PSOE ha confirmado que votará a favor tras las últimas grabaciones difundidas por RAC1, en las que la también exministra de Defensa implica a Mariano Rajoy en la trama Kitchen. Los votos de los socialistas se sumarán a los de ERC, Junts, Sumar, Podemos y Bildu y forzarán a Cospedal a un nuevo interrogatorio en sede parlamentaria.

Uno de los agentes arrepentidos de haber participado en la operación Catalunya confirma pagos con fondos reservados para actuar contra Banca Privada de Andorra (BPA) para detectar dinero de la familia Pujol y en la detención del director de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco, entre otras acciones. Según publica La Vanguardia, el propio Francisco Marco, que forma parte de la acusación contra el excomisario José Manuel Villarejo en caso de que investiga el juzgado de instrucción 1 de Barcelona, ​​habría aportado una declaración testifical del agente reconociendo estos pagos.

El BBVA y su expresidente, Francisco González, tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados ​​por el caso Villarejo. Siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, y en plena opa hostil en el Banc Sabadell, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha decidido imputar al BBVA como persona jurídica penalmente responsable; también quien fue presidente de la entidad entre los años 2000 y 2018, Francisco González, así como otras doce personas entre altos directivos de la entidad y cargos policiales por delitos de cohecho en grado de continuidad y delitos de revelación de descubrimiento y revelación de secretos. Por el contrario, el juez acuerda el sobreseimiento de los autos para once de los investigados.

El fiscal Alejandro Cabaleiro ha pedido investigar al BBVA por espionaje, cohecho y revelación de secretos relacionados con el caso Villarejo, según publica este sábado Bloomberg. La decisión de la Fiscalía llega cuando el banco que preside Carlos Torres ha planteado una opa hostil para conseguir el Banc Sabadell.

Ya advertimos que el proceso para aprobar la ley de amnistía sería tortuoso, y el capítulo de la presentación de las enmiendas así lo demuestra. Por último, Junts ha aceptado la tesis de que era mejor retirar de la ley la excepción de los delitos de terrorismo, tanto para proteger a los CDR que pueden acabar siendo condenados por este delito como porque podía ser la excusa para declarar la norma inconstitucional. Pero el PSOE, que ya había pactado el grueso del redactado, no ve claro ese punto y se ha negado a ello. Eso sí, en enmiendas pactadas con ERC y con otros grupos, los socialistas se abren a introducir cambios menores de carácter técnico. Pero sólo eso.

De vez en cuando aparecen nuevas informaciones sobre la operación Cataluña que demuestran que no fue algo de cuatro locos sino un operativo de largo alcance, con múltiples instituciones involucradas (Policía, CNI, etc.) y que llegó a convertirse en una forma de actuar tan normalizada en el ministerio del Interior que se ampliaron sus objetivos, por ejemplo actuando contra Podemos (caso Neurona) y entorpeciendo las investigaciones sobre la corrupción del PP (operación Kitchen). Pero en el caso catalán, tanto por la amplitud de los objetivos (políticos, empresarios, periodistas, etc.) como por los recursos desplegados, resulta inverosímil que todavía no se haya iniciado ninguna investigación judicial seria. Estamos, sin duda, ante el mayor escándalo de la democracia española, con permiso de los GAL, en los que al menos un ministro –el del Interior, Jorge Fernández Díaz– utilizó a la policía para perseguir la disidencia política (con el excusa de defender la unidad de España) saltándose todos los límites de la ley.

Hasta ahora se conocía la química que surgía en los pasillos de los institutos, de los hospitales o de las cámaras del Parlamento Europeo, pero nada se sabía de las relaciones que nacían en la Audiencia Nacional. Este domingo, Baltasar Garzón, de 68 años, y Dolores Delgado, de 61, se darán el "sí, quiero" después de años manteniendo una relación discreta. La unión de los letrados se realizará en la misma casa donde viven en las afueras de Madrid, que compraron tras divorciarse de sus respectivas parejas.

Hay un tema de Sabina que romantiza a tipos como Villarejo. Seguramente ustedes lo conocen; se llama El caso de la rubia platino. La canción tiene estrofas memorables: Yo era un huelebraguetas sin licencia / Quemado en la secreta por tenencia / Extorsión y líos de faldas / Estaba, como buen ex-policía / A sueldo de un pez gordo, que sabía / Cubrirse las espaldas.

"Somos optimistas", expresaba el abogado Jacinto Lara este viernes a las nueve y media de la mañana ante las puertas del juzgado de la plaza Castilla de Madrid. Él es quien lleva la defensa de Julio Pacheco, quien presentó una iniciativa contra cuatro policías de la Brigada Político-social, entre ellos el excomisario José Manuel Villarejo, por "un supuesto delito de crímenes de lesa humanidad y torturas" durante el franquismo. Esta vez, no iba mal encaminado.

Las pornográficas grabaciones que hemos oído y que diría que continuaremos oyendo han dejado muy malparados, además del excomisario José Manuel Villarejo, a una pandilla de políticos, policías y también a algún juez. Y a los periodistas que se prestaban a publicar mentiras contra, por ejemplo, el exalcalde Xavier Trias o Pablo Iglesias. Uno de los señalados por las grabaciones de Villarejo es Antonio García Ferreras, de La Sexta, que admitía en una cinta haber difundido una grave información contra el líder de Podemos a pesar de sospechar que era mentira (“es demasiado burdo”). 

“Ayer hablé con Santiago Pedraz, el decano de la Audiencia Nacional, que me dijo: «No te preocupes, que, en cualquier caso, si no cae a uno de los cuatro que ya están tocados abiertamente, a quienes le caiga el reparto le diré que ante todo hable con vosotros»”. Esto explicaba el excomisario José Manuel Villarejo al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz cuando, en una conversación en diciembre de 2012, publicada hace unas semanas en El País, tramaban la denuncia contra el hijo grande de Jordi Pujol. “Eloy [Velasco, titular del juzgado de instrucción 6 en aquel momento] está... ha sido tocado. Javier Zaragoza [fiscal jefe de la Audiencia Nacional], muy sutilmente”, añadía. En otro momento de la conversación, Fernández Díaz preguntaba si se llevaría la denuncia al juez Fernando Andreu, en aquel momento titular del juzgado de instrucción 4, pero Villarejo advertía que quien estaba de guardia era Pablo Ruz, del 5. “Ruz no es el mejor, ¿no?”, replicaba el exministro.

El lunes a media mañana empezaba Al rojo vivo en La Sexta. La tertulia comandada por Antonio García Ferreras generaba una expectación añadida porque había que ver cómo el presentador reaccionaba a la filtración de las nuevas grabaciones del excomisario Villarejo que lo tenían a él como protagonista. En los audios, del 2016 y 2017, García Ferreras ponía en entredicho la veracidad de una información sobre Pablo Iglesias que había publicado OK Diario y a la cual él había dado repercusión en su programa. Nada más arrancar anunciaba a la audiencia: “Vamos a hablar también sobre los audios del excomisario Villarejo. Aquí no tenemos nada que ocultar”. El presentador aseguraba que él nunca había dado una información falsa sabiendo que lo era y se excusaba argumentando que aquellos audios eran posteriores a la noticia.

El expresident Artur Mas (Barcelona, 1956) atiende al ARA después de la publicación de audios del excomisario José Manuel Villarejo que evidencian la fabricación de noticias falsas para perjudicarlo en 2012.

El Defensor del Pueblo, una de las vías que el gobierno español ofreció para aclarar el escándalo Pegasus, ha cerrado este miércoles su investigación sin resolver ninguno de los interrogantes que quedan. Ángel Gabilondo, nombrado por el PSOE, se limita a consignar que las interlocutorias judiciales que justifican el espionaje a 18 independentistas catalanes están argumentadas de manera satisfactoria y que, por lo tanto, no hay ninguna irregularidad. Como mucho, se atreve a sugerir que la ley que regula el aval judicial a las escuchas, que data del 2002, ha quedado desfasada y quizás se tendría que actualizar, puesto que los mecanismos actuales de espionaje no tienen nada que ver con los que había hace 20 años.

En plena campaña electoral de las elecciones catalanas del 25 de noviembre del 2012, el diario El Mundo publicó el siguiente titular: "La policía vincula cuentas en Suiza de Pujol y Mas con la corrupción de CiU". Aquella información no se demostró nunca, pero ahora sabemos, gracias a los audios del excomisario José Villarejo publicados por el diario El País, que aquello fue un montaje auspiciado por el ministerio del Interior, encabezado por Jorge Fernández Díaz, para perjudicar al independentismo en unas elecciones clave.

El nombre del comisario José Manuel Villarejo vuelve a resonar, esta vez como implicado en la investigación que envió a prisión al expresidente del Barça Sandro Rosell. Según una información publicada por El Periódico, que ha tenido acceso a documentos, testimonios y grabaciones, hay pruebas de que el comisario Villarejo fue quién puso en marcha la investigación contra Rosell de manera irregular. En el marco de la operación Catalunya, las cloacas del Estado, en aquel momento liderado por Mariano Rajoy, conspiraron en 2014 para abrir una investigación sin control judicial con Rosell como objetivo. A raíz de este entramado, tres años después, en mayo del 2017, detuvieron a Rosell, que estuvo en prisión preventiva durante casi dos años, hasta que fue absuelto en un juicio celebrado en la Audiencia Nacional. Rosell fue acusado de haber puesto el club azulgrana al servicio del independentismo catalán.

 A finales de mayo de 2021, el juez Manuel García-Castellón se encaminaba a cerrar la instrucción del caso Kitchen cuando el excomisario José Manuel Villarejo se disponía a comparecer en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Al escuchar la afirmación de Villarejo, el 27 de mayo de 2021, sobre su presunto intercambio de mensajes por teléfono con Mariano Rajoy en relación con la operación de espionaje al extesorero nacional del Partido Popular, Luis Bárcenas, el juez, según dijeron fuentes judiciales al ARA, exclamó que si era necesario estaba dispuesto a citar a Rajoy. Lo que hizo el juez el 28 de mayo, al día siguiente de la mdencionada comparecencia, fue citar a Villarejo para declarar el 2 de junio. Pero, ese fin de semana, el juez reflexionó después de intercambiar opiniones, y el lunes 1 de junio por la noche filtró a los medios de comunicación que pensaba aplazar la declaración hasta que acabaran las comparecencias en la comisión parlamentaria en el Congreso.