Esta semana tenemos una buena noticia que refrenda y amplía la garantía de derechos de las infancias y adolescencias. Se ha aprobado la ampliación de la LOPIVI (ley de protección Integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia), que obligará a contar con la escucha —el testimonio— de la infancia y la adolescencia en los procesos judiciales y administrativos donde estén involucrados niños y adolescentes, independientemente de la edad que tengan.Una de las cuestiones centrales de esta ampliación es la prohibición absoluta de utilizar el concepto de síndrome de alienación parental (SAP) en los procesos judiciales. La SAP es una falsa síndrome inventada que describe la supuesta manipulación que practican las madres respecto a sus hijos con el objetivo de ponerlos en contra de sus padres en aquellos casos en que los padres han ejercido violencias contra ellos o contra sus madres. En definitiva, la utilización de esta falsa síndrome por parte del sistema judicial ha servido para deslegitimar los testimonios de niños y niñas que declaraban que no querían estar con sus padres por el daño que esta situación les generaba. A pesar de las reiteradas alertas de diversos colegios profesionales —especialmente el de psicología— de la falta de rigurosidad científica y de perspectiva de género de este concepto, así como las recomendaciones de no tenerlo en cuenta en el sistema judicial, el uso de la SAP y la falta de escucha a la infancia en procesos de violencia ha continuado siendo una práctica habitual tanto en Cataluña como en el estado español hasta hoy.Esta situación, denunciada por decenas de entidades que abordan la violencia machista y por las madres protectoras, ha vulnerado de forma persistente y sistemática los derechos de la infancia y la adolescencia. Como decíamos, esta modificación legislativa será un gran avance que afianzará la existencia de estas prácticas; al mismo tiempo, nos hace tomar conciencia —una vez más— que el sistema judicial no puede estar a merced de la ideología de los profesionales que lo encarnan. La pretendida objetividad de la judicatura queda en entredicho cuando se evidencia que las sentencias están teñidas de convicciones políticas y de un modelo social que en muchas ocasiones no responden a la complejidad o a los avances de la sociedad actual. Deberían quedar muy lejos los tiempos en que la familia era entendida como una jerarquía patriarcal donde los niños no podían contradecir a sus padres y madres y no se les daba credibilidad, en que el hombre era el cabeza de familia y tenía la última palabra sobre lo que pasaba dentro de la institución familiar. En definitiva, los niños eran una propiedad. Así mismo, deberían quedar muy lejos las épocas en que el estereotipo femenino prevalente se centraba en ver a las mujeres como seres manipuladores que, con sus malas artes, dañaban a los hombres. A pesar de que parezca que estoy haciendo arqueología social, estos son los valores conservadores y retrógrados que prevalecen detrás de una mirada judicial cuando esta no da voz a los niños y a sus necesidades, y que sigue sosteniendo —a veces— que hombres que han violentado a sus parejas pueden ser buenos padres independientemente de este hecho.Los avances sociales —y, por tanto, legislativos— deben ir siempre en la línea de garantizar libertades y derechos de todas las personas sin limitación de edad o situación. Las leyes deben estar siempre orientadas a proteger a quien es más vulnerable. Felicitémonos, pues, porque las reivindicaciones sociales respecto a las infancias comienzan a ser escuchadas.

Han tenido que pasar tres años para que la justicia le haya reconocido al gambiano Saynei Kanteh que, efectivamente, era menor de edad cuando la Fiscalía de menores dictó que ya había superado los dieciocho años y, por tanto, no tenía derecho a estar bajo la protección pública. Inmediatamente, dejó de estar tutelado por la Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA, reconvertida ahora en la DGPPIA) y fue expulsado del centro en el que vivía. "Yo sabía que no mentía, que tenía diecisiete años y confiaba en que tarde o temprano tendría los papeles", afirma.

La decisión de un juez de Navarra de archivar el caso por la supuesta venta de una niña de 14 años por forzarla a casarse con un hombre de Mollerussa de 21 años ha causado sorpresa entre las entidades que trabajan para la protección de la infancia. Advierten que los matrimonios de menores de edad son una práctica más habitual de lo que podría parecer a primera vista, pero que a menudo se queda entre las cuatro paredes de una casa, dejando a la criatura totalmente desprotegida. Las víctimas se ven muchas veces entre la disyuntiva de denunciar a los padres y hacer la suya o aceptar el orden para evitar más problemas.

Estrena la adolescencia y Amina S. sueña con poder entrar en la academia y ganar una plaza en los Mossos d'Esquadra o en la Policía Local. Antes, sin embargo, tendrá que conseguir "los papeles" e incluso adquirir la nacionalidad española. De momento con 17 años, después de cuatro en Catalunya, está a la espera de que se resuelva su expediente, una vez que su padre se ha regularizado y puede iniciar los trámites del llamado arraigo familiar de sus dos hijos, mientras que la madre debe seguir otro procedimiento por separado. "¡No tener papeles te hace sentir diferente, porque sientes tantas veces que hay una invasión de ilegales!", afirma esta joven que solo piensa "en el futuro" y que nunca ha podido volver a su país de origen, ni siquiera cuando murió una abuela. "No habríamos podido volver", apunta.

Con la maternidad, a Maia se le despertó una "inquietud" de llenar el vacío biográfico que va desde la concepción hasta el parto. Una vez en este mundo, la historia personal la ha hecho con la familia que hace 46 años fue a buscarla al Hospital Sant Joan de Déu recién nacida y la adoptó oficialmente. Desde siempre, la madre adoptiva, la madre, le explicó —sin prejuicios— que otra mujer le había llevado a la barriga pero que por alguna razón no se quedó con ella.

Estos días las familias buscan y barajan entre las ofertas de administraciones y entidades de cara a llenar de actividades y ocio parte de las vacaciones veraniegas de los más pequeños. Hay precios de todo tipo, en función de los días y las horas de asistencia, de si se pasa la noche fuera y del tipo de actividad que se realizará. Los precios oscilan aproximadamente entre los 100 euros por una semana de casales de ocho horas a unos 300 o 400 por cinco o seis días de colonias. Sin embargo, estos son los precios de actividades para niños que no necesitan ningún apoyo especializado. Por el contrario, para las que tienen una discapacidad importante las tarifas se disparan hasta multiplicarse por dos.

El gobierno español se da más días de margen para que las comunidades autónomas afinen los datos que han enviado sobre las plazas que tienen abiertas para acoger a los menores migrantes sin referentes familiares. Esta medianoche ha vencido el plazo fijado para que los gobiernos autonómicos trasladaran sus datos para redistribuir a las 6.000 criaturas que hoy están en centros sobreocupados de Canarias, Ceuta y Melilla y que deben reubicarse por la Península en función, por ejemplo, del esfuerzo previo de acogida que ha hecho cada territorio. Sólo Aragón se ha negado a aportar sus datos, mientras que la Comunidad de Madrid ha hecho llegar al ejecutivo central el total de menores de edad atendidos por el sistema durante el pasado año, en lugar de los datos que permiten tomar una fotografía de la situación actual. Según el acuerdo entre Junts y el PSOE, Cataluña tendrá que acoger entre 20 y 30 de estos menores porque es de las comunidades que más atienden, concretamente 2.242, según los datos que ha trasladado la conselleria de Derechos Sociales al ministerio.

Ajeno a la batalla política que se ha montado por la reubicación de los menores migrantes solos de Canarias, la vida en el centro de acogida del Vallès donde viven 22 de estos chicos tutelados por la Generalitat continúa con la actividad ordinaria. "Aquí hacemos una carrera contra la mayoría de edad, no podemos perder el tiempo", afirma Lluís Feliu, director de este servicio gestionado por la entidad ISOM. La carrera a contrarreloj se centra en que antes de los 18 años todos tengan su documentación (pasaporte y permiso de residencia con derecho a trabajar), conocimientos mínimos de catalán y castellano y estén encarrilados laboralmente.

Cuando Vladímir Putin ordenó la invasión a gran escala de Ucrania, hace un año, en el país había más de 105.000 criaturas internadas en orfanatos e instituciones porque sus padres no podían hacerse cargo de ellas. Herencia de la era soviética, esta es la cifra de criaturas acogidas en instituciones más alta de Europa, solo por detrás de Rusia. Estos niños y niñas, la mitad de los cuales tienen alguna enfermedad, han sufrido la guerra de manera “desoladora”: las residencias donde vivían en las ciudades en la línea de frente han sido atacadas, muchos han sido trasladados a la fuerza a Rusia y separados de sus familias, o han sufrido experiencias traumáticas de guerra y desplazamiento, según denuncia Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este lunes.

Francesco Pasetti es investigador senior del área de migraciones del Cidob de Barcelona.

Iqbal Masih, el joven activista paquistaní víctima de explotación infantil asesinado trágicamente en 1995 por denunciar la precariedad, el abuso y la insalubridad que centenares de miles de menores de aquel país estaban sufriendo, fue el testigo que permitió visibilizar el horror que se esconde en la esclavitud contemporánea y que se manifiesta en las más varias formas de execrables delitos que atentan contra la dignidad de los niños, las niñas y las adolescentes y frustran por siempre jamás su inocencia y sus ilusiones de futuro.