30 en Cataluña y más de 700 en Madrid: así se repartirán los menores migrantes con el pacto PSOE-Juntos
La distribución se ejecutará una vez el Congreso convalide el decreto ley del gobierno español
Madrid / BarcelonaHace un año, Junts impidió la reforma de la ley de inmigración para hacer obligatoria a los gobiernos autonómicos la acogida de los migrantes menores no acompañados que llegan mayoritariamente a Canarias. El gobierno español, que ya ha cerrado un acuerdo con Junts para delegar competencias en inmigración a la Generalitat, sabía a quién iba a convencer y este martes se ha evidenciado con el real decreto aprobado en el consejo de ministros después días de negociaciones. Juntos ha anunciado el acuerdo antes de que la Moncloa y ha destacado que el esfuerzo con la acogida que algunas autonomías ya han hecho hasta ahora se tendría en cuenta: Catalunya, una de las que más menores ha recibido, tendrá que acoger ahora entre 20 y 30 y, en cambio, llegarán a Madrid más de 700.
Tal y como ha avanzado Eldiario.es y han confirmado al ARA fuentes del ejecutivo español, de acuerdo con datos de finales de 2023 el reparto quedaría de la siguiente manera: Madrid sería la comunidad que más migrantes debería acoger, hasta 806, seguida de Andalucía (795) y Comunidad Valenciana (478). Por el contrario, entre los territorios que deberían acoger menos estaría Euskadi (88), Baleares (59) y Catalunya (27), que se situaría en la cola de la lista. Desde el ejecutivo español remarcan, sin embargo, que los datos no son definitivos y que están sujetos a revisión en función de la nueva información que faciliten las comunidades autónomas.
El acuerdo se ha aprobado este martes en consejo de ministros a través de un decreto ley que reforma la ley de extranjería y, según el partido catalán, introducirá unos criterios "justos y equitativos" para el reparto. Con Junts validándolo, el decreto se convalidará casi con toda seguridad en un mes y será entonces cuando se hará el reparto. La oposición de la derecha española y catalana es lo que hasta ahora había bloqueado la reforma legal, que se tumbó en la cámara baja en julio del pasado año.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha explicado en rueda de prensa que los criterios de distribución son "transparentes" y que son los mismos parámetros que han guiado a la conferencia sectorial de infancia y adolescencia en los últimos años cuando se ha decidido repartir a las comunidades menores no acompañados. Entre otros factores, influye la población (50%), la tasa de paro (15%), el PIB (13%) y el esfuerzo económico de la comunidad en la acogida (6%), dimensionamiento del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%). Ahora mismo se calcula que hay unas 4.400 personas que deben distribuirse entre los territorios. Los junteros calcularon que en Catalunya deberían llegar "entre 20 y 30, mientras que en Madrid serían más de 700". La Moncloa no confirma estas cifras porque subraya que hasta el 31 de marzo las comunidades deben enviar un informe certificado con el número de menores migrantes que acogen por ahora para tomar la fotografía real.
La distribución entre comunidades se hará cuando se declare una situación de "contingencia migratoria", que, según el decreto, se producirá cuando un territorio tenga un número de menores migrantes tres veces superior a la capacidad ordinaria. Se calculará de la siguiente forma: se dividirá la población total en el Estado entre el número total de menores migrantes a acoger. La cifra resultante se dividiría con la población total de una comunidad. Cuando se produzca una situación de contingencia migratoria —es lo que ocurre ahora en Canarias y en Ceuta—, se activarán los mecanismos para distribuir personas a las demás comunidades. Cuando haya alguna comunidad que acoja a más personas que plazas en principio tiene, recibirá financiación del gobierno español. El real decreto que este martes se aprueba contempla una bolsa de 100 millones de euros para este ejercicio.
Junts ha destacado esta "compensación económica adecuada" que prevé el acuerdo para las comunidades autónomas que "han estado por encima de la media de plazas estructurales que deben tener", como es el caso de Catalunya. La Generalitat tiene ahora tutelados a unos 2.400 menores migrantes no acompañados y es la tercera que más acoge, por detrás de Andalucía (2.600) y Canarias (5.790). El Gobierno de la Generalitat, como la Moncloa, ha evitado poner cifras en el reparto, si bien ha garantizado que desplegará los recursos necesarios para acoger e integrar la cuota de jóvenes que lleguen a Catalunya fruto del reparto. "Más allá de datos y números, hablemos de personas", ha advertido la portavoz, Sílvia Paneque. En este sentido, ha garantizado que el Govern abordará la cuestión con "visión humanista" y no "mercantilista", de acuerdo con la tradición de Catalunya como tierra "de valores solidarios".
El pacto llega después de que, hace algunas semanas, PSOE y Junts también acordaran la delegación de competencias en inmigración en Catalunya y que ahora tendrá que superar las reticencias que ha expresado una parte de la mayoría plurinacional en el Congreso (empezando por Podemos). Juntos defiende que esta ley debe permitir que el catalán sea "imprescindible" para los migrantes que llegan al país y decidir sobre los CIE. El gobierno español lo rebaja y, además, recalca que las decisiones sobre los flujos irregulares migratorios seguirán dependiendo del Estado.
¿Reparto obligatorio?
En principio, las comunidades están obligadas a facilitar la información sobre su situación actual y, posteriormente, a aceptar el reparto (si no quieren incumplir la ley). De entrada, algunos presidentes del PP ya han expresado su oposición, empezando por Carlos Mazón. El presidente valenciano se ha comprometido con Vox a no aceptar a más menores migrantes a cambio de sus votos en los presupuestos con los que intenta salvarse políticamente, a pesar del desastre de la gestión de la DANA. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avanzó que este "lamentable acuerdo" entre Juntos y el PSOE "se llevará a los tribunales ya la UE" y denunció que "no se puede fomentar la inmigración irregular masiva". Fuentes del PP trasladaron que las comunidades autónomas se opondrán a la acogida de los menores migrantes si no va acompañada de recursos económicos del gobierno español, si bien su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, destacó que su partido no incumplirá la ley.
De hecho, la posición del PP en el reparto de los menores migrantes fue lo que motivó, en verano, la salida de Vox de los ejecutivos autonómicos que compartía con los populares. La extrema derecha consideraba que la posición de Alberto Núñez Feijóo era demasiado blanda. Este martes el líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ya se ha encargado de dejar claro que no avalan el nuevo pacto entre Junts y el PSOE: "Repartir ilegales en lugar de repatriarlos con sus familias agravará el colapso asistencial y la inseguridad".
