Protestas contra el rey o a favor de Pablo Hasél: los otros casos que han quedado fuera de la amnistía

MadridEn los últimos días, la amnistía ha vuelto a la primera plana de la actualidad política a raíz de la aprobación del TJUE y de las seis aplicaciones de la ley que ha hecho el Tribunal Supremo. A pesar de ello, el perdón aún no ha llegado a todos. Más allá de los conocidos casos de los líderes del Procés, que continúan esperando el Tribunal Constitucional, hay otros independentistas que jueces tanto de Madrid como de Catalunya han dejado fuera del perímetro de la norma. A diferencia de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que han quedado excluidos por un intrincado argumento de Pablo Llarena y Manuel Marchena sobre la malversación, los otros casos no se han podido beneficiar porque la justicia ha considerado que no tenían relación con el independentismo.

Dos boicots a Societat Civil Catalana

Los últimos en quedar excluidos han sido ocho independentistas que hace veinte días fueron condenados por boicotear un acto de Societat Civil Catalana (SCC) de homenaje a Miguel de Cervantes en la Universitat de Barcelona en 2018. La sentencia alegó que la ideología y la motivación de la protesta eran “absolutamente irrelevantes”, a pesar de que sí apreció el agravante de discriminación ideológica.

Los condenados han presentado un recurso de apelación, al que ha tenido acceso el ARA, volviendo a reclamar la amnistía. Argumentan que SCC fue una entidad que nació para “dar respuesta” al Procés y que el “antagonismo ideológico” entre la entidad españolista y los independentistas es una “manifestación paradigmática” del “conflicto político de fondo” que la amnistía “quiere pacificar”.

Por otra parte, hace un año y medio la Audiencia de Barcelona confirmó que tampoco amnistiaba a un joven condenado por una protesta de marzo de 2017 contra la presencia de SCC en la Universitat Autònoma en la que se destrozó una carpa y se quemó una bandera de España. La sentencia destacaba que el objetivo era impedir de manera “arbitraria e injustificada” un “debate público libre”, a pesar de que sí admitía que SCC quería “exteriorizar sus ideas” sobre el Procés.

Protestas en Caldes de Malavella y Valls

Un juez de Santa Coloma de Farners rechazó aplicar la ley a cuatro investigados por las protestas de julio de 2023 en Caldes de Malavella contra la presencia de Felipe VI en los premios Fundación Princesa de Girona. El magistrado les negó la amnistía porque considera que era una “manifestación antimonárquica” que no tenía “ninguna conexión” con el independentismo. Su defensa justificó que no era por ser monarquía, sino por ser española, pero la Audiencia de Girona le cerró el paso justificando que el “rechazo” a la Familia Real “puede ser compartido” por gente que no sea independentista, “como comunistas o votantes de En Comú Podem”.

Y en diciembre de 2024, un juzgado de Tarragona denegó la amnistía al periodista Carles Heredia y a otra mujer acusados de atentado contra la autoridad y lesiones por la protesta contra la presencia de Vox en Valls durante la campaña de las elecciones de febrero de 2021.

Protestas por la detención de Pablo Hasél

También quedaron fuera de la amnistía cinco investigados por las protestas en Vic después de la detención de Pablo Hasél, que acabaron con el asalto y destrozo de la comisaría de los Mossos. La Audiencia de Girona justificó que la amnistía “no está pensada para dar cabida a todos los actos secundados por el independentismo”, sino que es necesaria una “profunda conexión” entre los hechos y el Procés.

Un manifestante encarcelado por la protesta contra Jusapol

Quién tampoco se ha podido beneficiar de la amnistía es Abel Mora, el joven anarquista que entró en prisión el mismo día que el Congreso aprobó definitivamente la ley. Fue condenado por la agresión a un asistente a el acto de Jusapol de noviembre de 2018 que homenajeó a los agentes del 1-O. Una vez en el metro de vuelta a casa, se encontró a un hombre que llevaba una bandera de España y la camiseta de un grupo de música neonazi. El acompañante de Abel Mora –que ha desaparecido– lo empujó por la espalda desde arriba de las escaleras y cayó rodando hasta el andén. Él fue condenado como coautor porque la sentencia sostiene que estaba vigilando la zona.

Eulàlia Reguant por no contestar a Vox

El Supremo no se ha negado solo a amnistiar la malversación. Hace dos años, el alto tribunal evitó aplicar la norma a Eulàlia Reguant, que fue condenada a 13.500 euros de multa por no haber respondido a Vox durante el juicio del Procés, alegando que su acto no sirvió para “mostrar apoyo” a la independencia, sino que fue una “desobediencia a las órdenes dadas por el tribunal”.

Laura Borràs para el Institut de les Lletres Catalanes

También excluyó a Laura Borràs en la condena por prevaricación y falsedad documental. Ella argumentó que tenía un “perfil intensamente independentista” y que había trabajado en un gobierno con “vocación netamente procesista”, pero el Supremo replicó que su conducta no “se enmarca en el contexto del Procés”. Hace diez días, el gobierno español le concedió un indulto parcial para evitar que tenga que entrar en prisión.

Santi Vila por los bienes de Sijena

Finalmente, Santi Vila, que fue conseller de Cultura con Carles Puigdemont y dimitió antes de la declaración de independencia, pidió la amnistía por el caso de los bienes de Sijena. La jueza de Barcelona lo descartó porque consideró que no concurrían “ni de manera concreta ni global” los requisitos de la ley.

Agentes de la policía española

Además de los activistas independentistas, también se ha denegado la amnistía a policías. El caso más relevante es el de los cuatro agentes de la Policía Nacional acusados de un delito de lesiones por haber vaciado un ojo a Roger Español con una pelota de goma. La Audiencia de Barcelona esgrimió que las cargas en la Escola Ramon Llull de Barcelona no están amparadas por la amnistía, que excluye “actos dolosos” que produjeran la “pérdida o inutilidad” de un órgano o un sentido. En aquel mismo momento, amnistió a Roger Español, que estaba acusado de un delito de atentado contra los agentes. El juicio comenzará dentro de un mes.

Así mismo, el pasado mes de octubre, Irídia comunicó que la Audiencia de Barcelona había revocado la amnistía en la causa que investiga la lesión de una persona que recibió el impacto de un proyectil de foam en la pierna el 18 de octubre de 2019 durante las protestas posteriores a la sentencia del Procés. El tribunal justificó que es necesario celebrar el juicio para determinar si hubo un trato degradante, que es una de las excepciones de la amnistía.