¿Laura Borràs tendrá que entrar en prisión?
El Tribunal Supremo confirma la condena de cuatro años y medio de pena privativa de libertad por el caso de la Institució de les Lletres Catalanes y rechaza aplicarle la amnistía

BarcelonaEl Tribunal Supremo confirmó la condena a 4 años y medio de prisión, 13 de inhabilitación y 36.000 euros de multa para Laura Borràs por el fraccionamiento de contratos al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). El alto tribunal tumba por unanimidad el recurso presentado por la defensa de la expresidenta del Parlament contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y rechaza que se le pueda aplicar la amnistía: argumenta que la ley no es de aplicación en delitos de corrupción que no tienen relación con el Proceso. La sentencia, que ahora es ya firme, es por los delitos de prevaricación y falsedad documental.
Ahora bien, ¿quiere decir esto que Laura Borràs entrará en prisión de forma inmediata? Las fuentes jurídicas consultadas explican que no, ya que está pendiente de un indulto –que recomendó el propio Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en la sentencia– y lo que pueda decir el Tribunal Constitucional en un recurso de amparo, puesto que tendría la capacidad de suspender el ingreso en un centro penitenciario. El indulto apuntado por el TSJC sería por la mitad de la condena y la dejaría en los dos años de cárcel que, sin antecedentes penales, no debería entrar. El TSJC se mostraba partidario de la medida de gracia al entender que la ley castiga excesivamente por los delitos de prevaricación y falsedad documental. Ahora bien, la recomendación no es vinculante, la decisión es del gobierno español, que depende de Junts.
El calendario sería el siguiente: de entrada, es necesario que el Supremo remita la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, a su vez, convocará una vista con todas las partes para iniciar el proceso de ejecución de la resolución. Es en esta fase que se puede poner sobre la mesa el indulto. Laura Borràs dijo que no le reclamaría porque considera que la causa contra ella es "lawfare", mientras que la Fiscalía ya se mostró partidaria. También podría solicitarlo cualquier persona a título individual o el propio TSJC, aseguran fuentes del tribunal, si lo viera pertinente. Así lo prevé el artículo 4.3 del Código Penal: dice que el tribunal "acudirá al gobierno exponiendo lo que crea conveniente sobre la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar la sentencia, cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la ley resulte penada una acción u omisión que, en opinión del juez o del tribunal, no debería serlo". De no iniciarse el trámite del indulto, Borràs también podría en este punto procesal acudir al Tribunal Constitucional para tumbar la sentencia. En caso de que la vía del TC y la del indulto fracasaran, Borràs sí debería ingresar en prisión al tratarse de una condena superior a los 2 años.
La argumentación del Supremo
Los magistrados del Tribunal Supremo desestiman íntegramente el recurso de casación del exlíder de Junts, que cuestionaba la proporcionalidad de la pena y señalaba tanto el indulto parcial planteado por el TSJC en su sentencia como el voto particular de una de las magistradas. "Los hechos probados se enmarcan en una conducta insertada en la corrupción de un funcionario público que se sitúa al margen de la ley, la desobedece y vulnera los principios de la administración pública", le responde el Supremo.
Borràs también pedía que se le aplicara la amnistía por su perfil "netamente independentista" y porque desarrolló la dirección de la ILC "en el marco de un gobierno con vocación netamente procesista". Unos argumentos que también tumba al Supremo: "Ni el perfil, ni el desarrollo de una acción de gobierno, en la parcela administrativa que dirigía la recurrente, permiten considerar que la conducta por la que ha sido condenada se enmarca en un contexto del denominado proceso independentista catalán". La sala desestima también la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
La expresidenta del Parlament fue condenada por favorecer al empresario Isaías Herrero cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas, entre 2013 y 2018, con contratos que se elevaron a más de 300.000 euros. El TSJC consideró probado que ella, como máxima responsable de contratación de la institución, decidió "personalmente", "de forma directa" y "sin someterse" a las normas de contratación pública, que Herrero sería quien se encargaría del portal web y de otros encargos que fueron surgiendo con el tiempo.
Apoyo de Turull y Puigdemont
El hecho de que la sentencia sea firme también podría complicar el futuro de Borràs a Junts, donde fue elegida para presidir la fundación del partido. Más allá de los equilibrios internos existentes, el Gobierno alertó en un informe a finales de 2024 de que los inhabilitados por delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico o falsedad no pueden ser patrones de una fundación, condición sine qua non por presidir la entidad ligada al partido de Carles Puigdemont. El protectorado de las fundaciones, el órgano público administrativo dependiente de la Generalitat que se encarga de supervisarlas, podría poner trabas al nombramiento. Ahora bien, desde el entorno de la fundación también aseguran que podría encontrarse otro encaje: como directora académica o cualquier otra vía que no fuera el de patrona porque se pudiera incorporar a esta entidad destinada a pensar el futuro ideológico del partido.
Oficialmente, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reaccionado desde el Parlament a la resolución judicial. "La justicia española se va consolidando como el Guantánamo de la justicia europea, y este episodio lo confirma", ha insistido. Borràs también ha recibido el apoyo sin fisuras del expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, que ve en la decisión judicial un "ensañamiento" impropio de un órgano judicial independiente y con motivaciones políticas atrás. "La #TogaNuestra sigue impasible, desfilando al sonido de la partitura de la represión ordenada desde la magistratura más alta", ha escrito en X.
ERC lo ve desproporcionado
Hasta ahora Esquerra había evitado considerar lawfare el caso de Borràs –de hecho, le consideraban corrupción sin tapujos– y lo había desvinculado de todas las causas abiertas a los líderes del Proceso por su acción política. Ahora bien, ¿qué dice el partido y su nueva dirección ahora que la sentencia es ya firme? Fuentes republicanas consideran que la condena es "desproporcionada" y consideran que no es ajena al "papel político" de la expresidenta de Junts. Sin embargo, también recalcan que los hechos probados son reprobables y esquivan concretar si el gobierno español debería indultarlo o no. Nada más hacerse pública la sentencia, tanto el PP como Vox han salido a cargar contra Borràs desde el Parlament. "Corrupción pura y dura", ha dicho Vox. El PSC no se ha pronunciado.