La defensa de Laura Borràs pide la amnistía en el Tribunal Supremo

Madrid / BarcelonaLa hasta ahora presidenta de Junts, Laura Borràs, ha presentado un escrito al Tribunal Supremo para que se le aplique la amnistía en el marco de la causa de la Institución de las Letras Catalanas, según ha podido saber el AHORA. La expresidenta del Parlament fue condenada en marzo de 2023 a cuatro años y medio de prisión y trece de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental por su gestión al frente de esta entidad entre 2013 y 2018. que Borràs siempre defendió que era víctima de una persecución por ser independentista y se negoció si un caso como el suyo podía entrar en la ley de amnistía, el redactado final de la norma dejaba poco margen para incluirlo' allí, dado que no tiene que ver con el Proceso. Ahora bien, el abogado de la juntera, Gonzalo Boye, da el paso ante el Supremo, que debe resolver un recurso de casación en contra de la condena del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

¿Cómo lo argumenta? El escrito del 7 de agosto de 2024, al que ha tenido acceso este diario, dice lo siguiente: "Laura Borràs i Castanyer desarrolló su función como directora de la ILC con el fin de promover las letras catalanas, en el marco de un gobierno con vocación netamente procesista. De tal forma que en las elecciones del Parlamento del 2017 fue elegida diputada en el Parlamento y en mayo del 2018 nombrada consejera de Cultura. paralelo, se van produciendo en un proceso penal que se intensificó a medida que mi mandante fue asumiendo visibilidad y trascendencia política, con un perfil intensamente independentista, dentro de un partido político cuyo líder se encontraba entonces y se encuentra ahora en el exilio".

Por este motivo, el letrado considera que el caso de la ILC tiene cabida en el siguiente artículo de la ley de amnistía: "Se entenderán comprendidos los actos vinculados directa o indirectamente al denominado proceso independentista desarrollado en Cataluña oa los suyos líderes en el marco de este Proceso, y realizados por quienes, de forma manifiesta o constatada, hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables” de este episodio político. También subraya que la ley también identifica como actos amnistiables aquéllos que tuvieran como finalidad "divulgar el proyecto independentista", y es en lo que, según el abogado, "consistía la actividad desplegada por la Sra. Borràs i Castanyer al 'Institut de les Lletres Catalanes, porque para el proyecto independentista la lengua es uno de los pilares en los que se sustenta".

Añade que Borràs fue directora general de la ILC durante el período que comprende la norma, que ampara los actos desde noviembre de 2011 hasta noviembre de 2023. En el escrito, Boye subraya, además, que no existe ningún "enriquecimiento personal" en el caso de la ILC ni "tampoco en las arcas públicas". Motivo por el que, insiste, Borràs también merecería el indulto que ya pidió parcialmente el TSJC.

El escrito hace énfasis en que la norma tiene la finalidad de "normalizar" la situación política en Cataluña y que aplicarla también en Borràs permitirá "descongestionar los tribunales y reducir la carga procesal relacionada con los acontecimientos del proceso soberanista, permitiendo a los órganos judiciales y administrativos centrarse en asuntos de mayor relevancia para la sociedad en general, realmente delictivos".

Desde el entorno de Borràs aseguran que la expresidenta del Parlament no le pidió a su abogado que hiciera este escrito y que se trata de una decisión técnica de Boye. Dicen que es un paso "instrumental" para poder después acudir a todas las instancias, también europeas.

Fuentes del alto tribunal consultadas por el ARA confirman que tienen pendiente resolver esta petición. ¿Qué margen existe? Los magistrados deben evitar que los delitos por los que fue condenada no estén excluidos de la norma, tal y como ocurre con algunos supuestos de la malversación, el terrorismo, la tortura, la traición y actos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea y que sean coherentes con la ley de amnistía: básicamente, que pueda entenderse que a Borràs la condenaron por actos relacionados con el Proceso.

Antecedentes

En el movimiento soberanista su caso siempre ha generado división. Cuando era presidenta del Parlament, Esquerra y la CUP, junto con el PSC, avalaron su suspensión como diputada cuando se le abrió juicio oral, considerando que su caso estaba relacionado directamente con la corrupción. La sentencia del TSJC considera probado que ella, como máxima responsable de contratación de la ILC, decidió "personalmente", "de forma directa" y "sin someterse" a las normas de contratación pública, que el informático Isaías Herrero sería quien se encargaría del portal web y de otros encargos de la ILC que fueron surgiendo con el tiempo. En total, se le otorgaron contratos por valor aproximado de 300.000 euros. Boye, en su escrito, replica: "La propia sala entendió que el trabajo realizado por el coacusado Isaías Herrero para la ILC fue de completa satisfacción para la entidad".

Antes de que el acuerdo por la amnistía fuera realidad en octubre del año pasado, Junts había defendido públicamente una amnistía amplia que también beneficiara a Borràs. Así lo explicó la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, en una entrevista en el ACN, y la implicada se sumó. "Amnistía para todos los represaliados independentistas como punto de partida para solucionar el conflicto político. Y sí, lawfare = persecución política y represión", pió Borràs. Hace unos meses, cuando la amnistía vio la luz en el Congreso y entró en vigor, manifestó que era "secundario" si ella podía acogerse o no, y que dejaba la decisión en manos de su defensa. Sus abogados, finalmente, sí han hecho la solicitud en el Supremo.