Ningún indicador explica toda la realidad: el PIB no resume el bienestar de un país; el paro no describe todo el mercado de trabajo. Pero nadie dejaría de medir el paro porque es una estadística imperfecta. El valor de un indicador no es ser perfecto, sino permitirnos ver si avanzamos o retrocedemos, y, a partir de aquí, decidir. Por eso, las herramientas que miden la realidad son una infraestructura de gobierno. Las pruebas PISA son una de ellas. Y esta semana hemos sabido que Cataluña ha perdido la posibilidad de comparar sus resultados de 2025 con los de otros países y los del pasado.PISA tiene limitaciones conocidas. Ni mide todo lo que importa en la escuela ni todo lo que mide depende exclusivamente de lo que saben los alumnos. Pero estas limitaciones no anulan el valor de la comparación. Precisamente porque se mantienen estables de una edición a otra, el valor de PISA no es la fotografía de un año, sino poder saber si un sistema educativo mejora o empeora con el paso del tiempo. Y una tendencia solo se puede interpretar si todas las fotografías se han hecho con el mismo criterio.Pues bien, esta vez la comparabilidad ha saltado por los aires. La OCDE permite excluir a algunos alumnos en situaciones muy concretas, como determinadas discapacidades o una incorporación muy reciente sin dominio de la lengua, pero fija un techo: como máximo, un 5%. En Cataluña se han excluido el 23%, casi cinco veces más. Pero la irregularidad no es excluir a nadie; lo que rompe la muestra es haberlo hecho masivamente y sin que nadie lo comprobara. No hace falta mala fe: basta con no vigilar. Y el resultado es que Cataluña ha perdido precisamente aquello que hacía valiosa la prueba: la posibilidad de compararse con rigor con su pasado y con los demás.
Y es aquí donde el error deja de ser una anécdota técnica. Cuando una muestra deja de ser representativa no pasa solo que la media salga un poco desviada; lo que pierdes es la capacidad de saber cuánto te equivocas. Una estadística bien hecha no da solo una cifra, sino también su margen de error. Rota la representatividad, este margen deja de ser fiable, y los datos dejan de servir para tomar decisiones. Pero el problema no es solo estadístico. Los alumnos que pueden quedar excluidos de la prueba por tener discapacidades o un dominio insuficiente de la lengua no son un corte aleatorio del aula: a menudo son los que afrontan más dificultades. Son, precisamente, los que el sistema debería acompañar mejor. Una media que sube porque los hemos sacado del cálculo no nos dice que la escuela vaya mejor; nos dice que hemos dejado de mirar una parte del problema que teníamos que resolver.Los datos no solo describen la realidad; también determinan qué realidad es visible para quien gobierna. Y gobernar una sociedad más compleja –con aulas más diversas y desigualdades más profundas– exige información fiable para saber qué funciona y qué no. El problema no es tanto haber perdido una edición de PISA: hay otras maneras de tomar el pulso al sistema educativo, y un solo ciclo difícilmente habría alterado ninguna tendencia. Un gobierno puede permitirse equivocarse en una política y corregirla al día siguiente. Pero no puede dañar los instrumentos que necesita para entender la realidad.
