Buitres, desahuciados y oportunistas
BarcelonaLa partida política se está acelerando. No está claro que los actores sepan a dónde van, pero sí que está claro que están acelerando. De rebote, aceleramos todos probablemente hacia unas nuevas elecciones. La convocatoria dependerá del nuevo periodo de reflexión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que no había calculado que la precipitación con la que se han gestionado los decretos de vivienda podía cargarse la legislatura. ¿Cómo se ha llegado a una derrota parlamentaria que pone la legislatura contra las cuerdas? Con un cúmulo de irresponsabilidad, codicia, oportunismo, presiones y más voluntad de parchear que de resolver. De entrada, irresponsabilidad del PP madrileño, que ha actuado con crueldad y displicencia ante un caso que pedía empatía de la administración para evitar el desahucio de una persona de 87 años. Irresponsabilidad también de una izquierda que pretende hacer de oposición y de gobierno a la vez y que en lucha con su propia izquierda compite por ponerse al frente de la manifestación.
Los decretos del gobierno español eran lo que una fuente de primera línea llama “un golpe de manguera”. Es decir, una reacción rápida para intentar evitar que el incendio empeore. No se trataba de una operación política seria con voluntad transversal e inclusiva para resolver profundamente el problema más urgente y más grave de la economía española, sino de un decreto imperfecto, con medidas contrarias a favorecer la oferta de pisos de alquiler, pero con algunas medidas para evitar la cara más amarga de la falta de vivienda: los desahucios. Se trataba de intentar poner un parche al efecto más vergonzoso de la fragilidad social, y a Junts no le ha parecido suficiente. El jueves Junts se descolgó de un acuerdo del cual había estado muy cerca. Algunas fuentes hablan de haber recibido “presiones como nunca”.
En una cosa tenía razón la presidenta del grupo parlamentario juntero cuando decía que se está “trasladando el coste de una familia a otra familia”, poniendo en evidencia la falta de una política ambiciosa y determinada de construcción pública y privada de vivienda social. Ningún privado construirá vivienda asequible si no se incentiva desde el sector público y se facilita la relación con la burocracia, que todo lo ralentiza y aplaza.
De Isabel a Maricarmen
El caso es que la mayoría de la investidura de Sánchez ha demostrado una vez más que tiene suficientes votos para evitar determinadas políticas e impedir mayorías alternativas, pero no tiene un proyecto común con un programa constructivo de mínimos consensuado. La mayoría que hizo presidente a Sánchez ha llegado al final del camino, y lo hace con el cambio de rasante que significa, finalmente, la ley de amnistía. En las próximas semanas el expresidente Carles Puigdemont podrá volver a Cataluña y tendrá que decidir cómo: si pone el contador a cero o si comienza la revancha por los años de condena en el exterior. De entrada, en su partido comienzan a alzarse las voces –obviamente en privado– que piden una reorganización y un rearmamento ideológico para hacer política, y recuperar un perfil político de centroderecha que defienda a los pequeños propietarios y a la empresa catalana. Si los socialistas pensaban que Puigdemont les debe algo con la amnistía estaban muy equivocados. El líder de Junts no acostumbra a olvidar y, si la sociedad catalana ha avanzado desde 2017, su memoria política está fija en los hechos de octubre de aquel año, que marcan todos los acontecimientos posteriores, incluyendo la victoria de Illa en la Generalitat de Cataluña.
Sánchez se enfrenta ahora a un nuevo diagnóstico de una situación que no tenía prevista. Un nuevo periodo de reflexión que le ha de llevar a establecer un nuevo calendario electoral. A su alrededor son muchos los que le animan a aprovechar la ocasión. ¿Cuál? Pues aprovechar el escenario que la ministra de Vivienda definió como: “estar con la gente o con los buitres”. En otras palabras, convocar elecciones en un escenario construido a conciencia entre los partidarios del ático de Ayuso y los partidarios de evitar el desahucio de Maricarmen Abascal. Si hace unos meses el debate público estaba concentrado en los casos de corrupción de Ábalos o Cerdán, posteriormente puso el foco en las joyas de Zapatero y en la gravísima crisis migratoria y diplomática con Marruecos. Todos eran escenarios negativos para el PSOE. Hoy, la atención se ha desviado al tema de la vivienda con un clivaje ideológico claro de los socialistas y los socios de investidura (incluyendo al PNV) versus el PP, Vox y Junts. Para los de Puigdemont es una manera de distanciarse de la mayoría prosocialista y de empezar a reconstruir su espacio político, hoy amenazado por Alianza Catalana. Lo que no está claro es qué coste social tendrá que asumir en un momento de crispación y cuando son los hijos de la clase media los que no pueden acceder a una vivienda digna. Lo más honesto sería hablar de los orígenes de la situación, pero los partidos no están dispuestos a hablar de sueldos bajos, incompetencia en la construcción de vivienda social, el error de devolver al mercado la existente, un modelo económico demasiado dominado por el turismo, acceso al crédito cuando no se puede ahorrar y un crecimiento de la población que no sabemos cómo absorber. Sería demasiado pedir.
