La ley de amnistía ha quedado aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados, si bien aún le queda un periplo de dos meses en el Senado con el misterio de cómo lo aplicarán después los tribunales. Ahora bien, ya se divisan algunos beneficiados inmediatos en cuanto sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El artículo 4.a de la ley marca cuáles son los efectos prioritarios: "La inmediata puesta en libertad de quienes se encuentren en prisión" y "la inmediata retirada de cualquier medida cautelar". De momento, todavía no hay nuevos presos políticos vinculados al Proceso, pero dos activistas están a punto de pasar a serlo una vez el Tribunal Supremo ya ha confirmado las condenas de Dani Gallardo, en Madrid, y de Adrián Sas, en Barcelona.

La jueza de guardia de Solsona ha dejado en libertad provisional con cargos a los cuatro independentistas detenidos por intentar "boicotear" la Vuelta a su paso por Catalunya, tras pasar ante el juez este mediodía. Asimismo, ha dictaminado una orden de alejamiento de 500 metros respecto a las etapas del circuito ciclista que pasan por el Principado. Hacía 48 horas que la Policía Nacional les había detenido en el Solsonès y les había trasladado hasta la comisaría de la Verneda, en Barcelona. La causa contra los investigados quedó abierta por los delitos de desórdenes públicos, grupo criminal, contra la seguridad vial y contra el medio ambiente, según detalló en un comunicado el TSJC.

El juzgado penal número 16 de Barcelona ha condenado a un militante de Arran a un año y medio de prisión por un delito de atentado a la autoridad y a pagar una multa de 360 euros por causar lesiones a un mosso d'esquadra durante uno de los cortes en contra del encarcelamiento de los dirigentes independentistas en la Avinguda Meridiana de Barcelona. Además, el miembro de la organización juvenil independentista tendrá que compensar al agente con 1.350 euros por haberle provocado una lesión en un dedo al empujarlo y hacerlo caer, según recoge la sentencia. Arran y Alerta Solidària han criticado que la Generalitat ejerciera de acusación en el juicio, donde elevó la petición de indemnización a 4.609 euros. ERC y la CUP incluyeron que el Govern deje de acusar a manifestantes en el pacto para investir a Pere Aragonès, excepto cuando “haya lesiones a agentes acreditadas con certificado médico”, puntualiza el documento del acuerdo.