Hasta 1991 un ciudadano marroquí podía entrar en España sin visado. La situación económica de Marruecos era peor que la actual y no había ninguna crisis migratoria. La valla de Ceuta, que hoy se presenta como un mero accidente de la geografía, tiene menos años que muchos de los que intentan cruzarla. Conviene recordarlo ahora que se discute como si fuera eterna y no una construcción administrativa de cuatro décadas, el producto principal de la cual no es el orden, sino la creación de una categoría jurídica llamada migrante irregular: figura de todos los pánicos morales sobre la criminalidad, casi frontera de la misma humanidad. Este fantasma ha cobrado vida estos días como sueño húmedo de todos los que constantemente intentan asociar migraciones a caos y guerra. Por fin han conseguido las imágenes de la avalancha, del desorden que nos amenaza desde la frontera de Europa: las que legitiman el discurso de la invasión.

Si quieren entender mejor el mundo en el que hemos empezado a vivir desde hace no muchos meses, hay un par de noticias del día que son de mucha ayuda.Anteayer, Pedro Sánchez afirmó que Marruecos no instigó la entrada masiva de personas a Ceuta, que había sido cosa de Rusia e Israel, que habrían hecho correr por las redes en Marruecos que España estaba esperando trabajadores con los brazos abiertos, como quien dice. Putin en persona ha negado que Rusia tuviera algo que ver, y el gobierno de Israel también lo ha negado. Pero esta mañana, el digital El Español ha publicado que la policía española ha informado a la jueza de que la entrada masiva a Ceuta fue guiada por gendarmes de Marruecos a las órdenes de agentes de paisano con la finalidad de colapsar el sistema de control fronterizo y eliminar la capacidad de respuesta de España.

Ceuta. Es lo que ocupa ahora, según la Moncloa, buena parte de la tarea del ejecutivo español, y por eso la rueda de prensa del consejo de ministros de este martes ha estado centrada en las medidas económicas y sociales para responder a la crisis migratoria. El vicepresidente y titular de Economía, Carlos Cuerpo, ha prometido movilizar hasta 309 millones de euros para desembolsar en cuatro meses en la ciudad autónoma. Unas ayudas que irán dirigidas, ha dicho, a servicios esenciales, seguridad, acogida y apoyo a las empresas. "Supone el 16% del PIB de Ceuta", ha destacado Cuerpo, que ha asegurado que la movilización de recursos será "ágil".

Nosotros estamos contentos de reencontrarnos con todos ustedes al comenzar esta nueva temporada de análisis diarios en el ARA. Contentos y especialmente responsables, porque nos espera un curso 2026/27 que calificar de “apasionante” sería correcto pero frívolo. Porque será un curso grave. Solo hay que ver la crisis de Ceuta, el inicio de curso escolar con el mismo conflicto con el que acabó, la expectativa de que finalmente el Tribunal Supremo acabe aplicando la ley de amnistía y vuelva el president Puigdemont, la posibilidad de que Pedro Sánchez adelante las elecciones, la celebración de las elecciones municipales en mayo, que significarán una primera confirmación del apoyo que Aliança Catalana tiene en las encuestas y en las conversaciones, las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, y eso sin hablar de las guerras abiertas en Ucrania y en Irán. Y esto solo es lo que se entrevé, sin contar con aquello de Rubén Blades, “la vida te da sorpresas”.

Las imágenes de este jueves de jóvenes ceutíes blandiendo banderas españolas mientras bloqueaban el reparto de ayuda humanitaria llevado a cabo por la Cruz Roja y mientras asaltaban un campamento de inmigrantes en la playa Benítez y calaban fuego a sus (pocas) pertenencias no son una casualidad. Son producto, por un lado, de una gestión errática de la crisis por parte del gobierno español y, por otro, de la manipulación y los discursos de odio con que la extrema derecha ha inundado las redes desde el día 30 de julio. El lenguaje, en estos casos, lo es todo. El diputado del PP de Ceuta Javier Celay hizo ayer un llamamiento a la calma diciendo que "las escenas de violencia sitúan como víctimas a los invasores que entraron irregularmente, cuando las víctimas son los ceutíes". O sea que la violencia no está mal por sí misma, sino porque en este caso beneficia "a los invasores". Evidentemente, calificar de "invasores" a los inmigrantes tiene una connotación política muy clara, los deshumaniza y los convierte en enemigos, es decir, en personas que ponen en peligro la existencia de España. De ahí que los jóvenes ceutíes de las imágenes seguramente no se ven a ellos mismos como racistas y xenófobos, sino como salvadores de la patria.

"No es cierto". Con estas tres palabras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha contestado a todos los diputados que este viernes, durante su comparecencia en el Congreso, se han referido a avisos previos sobre una entrada de personas a Ceuta –Marlaska las ha cifrado en 72.000– el pasado 30 de julio. "No digan que alguien veía venir lo que pasaría el día 30 [de julio] porque no es cierto", ha sentenciado Marlaska, que ha arrancado su intervención haciendo una llamada a la calma en Ceuta y rechazando los discursos "partidistas" que "inciten al odio".

Si ha habido una cuestión que ha centrado la comparecencia del gobierno español de este jueves sobre la crisis de Ceuta ha sido el rol de Marruecos. Tras el choque dentro del ejecutivo por la información que transmitió el CNI, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha comparecido en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso, con el objetivo de dar cuenta de la gestión a raíz de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes el 30 de julio en la ciudad autónoma. ¿Qué pasó? Según Bolaños, se produjo a raíz de la "tergiversación" de una sentencia del Tribunal Supremo que rechazaba las devoluciones en caliente en caso de entrar nadando, ya que consideraba que en estos casos se debía abrir un proceso administrativo y una evaluación individualizada antes de un retorno inmediato. El ministro ha desvinculado a Marruecos de los hechos: "No hay ninguna evidencia de que haya impulsado la entrada masiva de inmigrantes", ha sentenciado ante las críticas de la oposición.

Veinte días después de la crisis migratoria de Ceuta, el gobierno español parece que empieza a tomar conciencia de que también tiene una crisis humanitaria que debe gestionar. Después de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, insistiera en un primer momento en que todas las personas que cruzaron la frontera aquel día volverían por su propio pie como por arte de magia, el paso de los días ha mostrado una realidad mucho más dramática. Casi tres semanas después de la entrada, no hay ni siquiera una cifra oficial de cuántos migrantes adultos y menores quedan en la ciudad. Se sabe, sin embargo, que son 2.168 criaturas las registradas en el sistema de protección, aunque los registros continúan. Las estimaciones de las oenegés y del gobierno de Ceuta son que quedan entre 5.000 y 8.000 migrantes en la ciudad autónoma. Los retornos, sin embargo, continúan a cuentagotas. Y, mientras tanto, todas estas personas, incluyendo a los menores, han pasado días y días sin ningún tipo de atención ni lugar donde alojarse, y se ha creado así una situación muy crítica en la ciudad.

Lo que se está viviendo en Ceuta es, ahora mismo, un drama humanitario. Lo que se está viviendo en Europa, a remolque de Ceuta, es una batalla ideológica entre quienes ven la inmigración como "un peligro invasor" y quienes quieren gestionarla sin ingenuidades buenistas, pero teniendo en cuenta los valores humanos básicos que, al menos sobre el papel, conforman el ideario europeo, y la realidad económica, con sectores relevantes reclamando mano de obra (¿por cierto, qué se ha hecho de la contratación en origen?).

El choque entre España e Italia por la crisis de Ceuta escala de forma peligrosa para los intereses de la Unión Europea. El Gobierno español ha anunciado que también impondrá controles fronterizos a los viajeros procedentes de territorio italiano, después de que el ejecutivo de Giorgia Meloni haya anunciado este viernes que mantendrá, como mínimo hasta el 15 de agosto, los controles con España impuestos a raíz de la llegada masiva de migrantes a Ceuta la semana pasada. Madrid había pedido la restitución de la libre circulación, pero ante la negativa de Roma, el ejecutivo socialista ya había advertido que tomaría "medidas" equivalentes. Y así ha sido.

El 8 de julio el Tribunal Supremo emitió una sentencia que confirmaba que las devoluciones en caliente de los migrantes que intentan llegar a España nadando son ilegales. El alto tribunal fijó su doctrina a partir del caso de un chico argelino que intentaba llegar nadando a Ceuta y fue entregado a las autoridades de Marruecos. Dieciocho días después de esta resolución judicial, el 30 de julio, cientos de personas hicieron el mismo recorrido y accedieron a la ciudad autónoma nadando desde Marruecos. Tras negociar el retorno de la gran mayoría de ellos al país de origen, el gobierno español ha instalado una barrera de boyas de 500 metros, cedida por el ejército, en la frontera marítima. Ahora Melilla ha anunciado que también lo hará.

El gobierno español prevé activar el artículo 35 de la ley de extranjería, que describe la acogida obligatoria y solidaria por parte del resto de comunidades autónomas cuando se declara una "contingencia migratoria extraordinaria". Ceuta se encuentra en esta situación y, por tanto, este será el siguiente paso que dará el gobierno español para afrontar la crisis que vive la ciudad desde la llegada masiva de migrantes la semana pasada. Hasta ahora, el PP había dejado en el aire su posición sobre este reparto, pero este miércoles la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha confirmado que las comunidades autónomas gobernadas por su partido acatarán la ley. Participarán, así, en el reparto de los cerca de 1.100 menores migrantes no acompañados –según los datos hechos públicos por el presidente de Ceuta– llegados a la ciudad autónoma, aunque ha reclamado que el proceso sea "justo" y "planificado". Lo ha dicho en una entrevista en Onda Cero, un día después de que Vox –socio de gobierno de los populares en cuatro comunidades– rechazara abiertamente acoger a estos menores.

En la nueva crisis migratoria europea a causa de los graves y dramáticos hechos de Ceuta, finalmente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha salido al rescate de Pedro Sánchez, a quien, bajo el liderazgo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la Europa de la ultraderecha y la derecha ha querido situar como un peligro para la política migratoria común de cierre de fronteras y, por tanto, para la seguridad del espacio Schengen. Las imágenes y las cifras de llegadas del primer día impactaron la opinión pública y las cancillerías continentales, y dieron pie a situar al gobierno español en una supuesta posición de tolerancia con la inmigración ilegal, sumando al paquete crítico la reciente regularización, a la que rápidamente se atribuyó un supuesto "efecto llamada". Este lunes mismo el PP español todavía insistía en ello.

Las imágenes de Ceuta repiten una escena conocida: cuerpos exhaustos que salen del agua, dispositivos policiales desbordados, titulares que hablan de “oleada” y de “emergencia”. Para quien solo mira la frontera cuando llega a las pantallas, puede parecer un episodio excepcional. Para quien conoce las trayectorias de las personas que llegan, es la expresión concentrada de un sistema estable: un régimen de movilidad que convierte el Mediterráneo y el Tarajal en un filtro de clase, origen y raza.La metáfora de la “ola” no es inocente. Presenta personas como un fenómeno natural amenazador –una masa que hay que contener– y borra rostros, biografías individuales y colectivas, y motivos. Una ola no tiene nombre ni proyecto; solo tiene volumen y dirección. Este lenguaje prepara una respuesta política determinada: si lo que llega es una fuerza despersonalizada y despolitizada, la respuesta imaginable ya no es la acogida ni la garantía de derechos, sino la excepción, la contención y el cierre. La violencia aparece, así, como una reacción casi natural.Pero en la frontera no hay fenómenos naturales: hay decisiones políticas. Hace décadas que se combina el cierre de vías legales y seguras, la externalización del control migratorio a países vecinos y unas desigualdades globales que facilitan la movilidad de unos e inmovilizan la de otros. Cuando se abre una rendija —un cambio en la vigilancia marroquí o una crisis diplomática—, un movimiento que ya existía se concentra y se hace visible. Entonces lo llamamos “crisis”.La frontera funciona como una válvula política. Se abre y se cierra según correlaciones de fuerza que raramente tienen que ver con las vidas concretas de las personas que llegan. En 2021, la presencia o ausencia de la policía marroquí en Ceuta no fue solo una cuestión técnica de vigilancia, sino también un instrumento de presión diplomática. Reducirlo todo a las “mafias” o al “efecto llamada” evita la pregunta esencial: ¿quién puede regular la porosidad de esta frontera, y con qué intereses?

Las imágenes sobre Ceuta se repiten una vez más. Muestran miles de jóvenes llegando por mar, exhaustos, pero también familias y, hasta, bebés. Vemos cómo la Guardia Civil es incapaz de hacer nada, paralizada ante lo que la mayoría de medios de comunicación no dudan en tildar de “avalancha”. Más allá de la playa, sabemos de centros de acogida desbordados y de cientos de personas durmiendo a la intemperie. Llegan también imágenes de tiendas cerradas, de una ciudad completamente paralizada.En este contexto, Ceuta pide la declaración de emergencia nacional mientras el gobierno español sigue elogiando la "ejemplar colaboración" marroquí y el gobierno marroquí calla. Todo ello un déjà-vu. Parece mentira cómo la escenificación del caos puede seguir una pauta tan precisa.Pero donde hay que poner la mirada es en las causas y las consecuencias de esta teatralización. Entre las causas, lo que lo hace posible es la disposición de miles de jóvenes a saltar al otro lado en cualquier momento. Muchos de ellos no avisan a sus familias más que cuando ya han llegado. Algunos vienen de lejos. Están dispuestos a dejarlo todo porque en el fondo sienten que no dejan nada. Una parte no trabajan ni estudian. Otra son jóvenes con estudios pero con pocas perspectivas de futuro.Sus demandas quedaron claras con las movilizaciones de la llamada “Gen Z” durante el otoño del 2025, que denunciaban el deterioro de los servicios públicos (especialmente la sanidad y la educación), el paro juvenil y la corrupción. Como recuerda el politólogo búlgaro Ivan Krastev, “cuando no puedes cambiar el gobierno, cambias de geografía”.

La derecha extrema europea, incluida la española, está siendo muy rápida y contundente a la hora de aprovechar el propagandístico y dramático gesto de presión migratoria marroquí sobre España en Ceuta para marcar distancias con el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la regularización. Tanto da que lo que Meloni, Abascal y cía. califican de "invasión", al final habrá sido un episodio de un día: la llegada masiva ha ido seguida de un retorno también masivo. Y tanto da que haya habido más de medio centenar de jóvenes muertos en el mar: de este drama humanitario no han hablado los dirigentes de la ultraderecha. De lo que se trata por parte de Italia y Finlandia es de reforzar la idea de la necesidad de fortificar Europa, una idea que no cuadra con la demanda de mano de obra y que va a remolque del discurso xenófobo de la"América primero que también han abrazado los Estados Unidos de Trump.

¿A qué público se dirigen las crudas imágenes sobre migración que Agnieszka Holland filma a Green border? ¿Los políticos? ¿La ciudadanía? ¿Cuál es su propósito, más allá de sacudir a los espectadores de la Europa del bienestar? Son muchas las preguntas que reabre el nuevo filme de la veterana cineasta polaca sobre la conveniencia de denunciar la violencia mostrando aún más violencia. Porque Green border es, lo adelantamos, una durísima ficción sobre el drama migratorio que, filmada en un riguroso blanco y negro, nos traslada a la frontera entre Polonia y Bielorrusia para seguir a los diferentes actores de la migración en Europa: familias de refugiados extracomunitarios, fuerzas de orden y activistas.

Desde el 2015 Europa vive atemorizada por la posibilidad de una nueva crisis migratoria. Entonces Angela Merkel pronunció su famoso “yes, we can”, refiriéndose a que Europa sí podía acoger a los refugiados. Pero inmediatamente después Europa dijo basta. Desde entonces vive obsesionada por que no se vuelva a repetir. Es el 11-S europeo, recuerda el politólogo búlgaro Ivan Krastev. Pese a ese miedo, la UE ha tardado ocho años en cerrar un nuevo pacto migratorio. El objetivo es doble: sellar las fronteras europeas y distribuir de forma más equitativa la responsabilidad entre los estados miembros. ¿Pero realmente hay acuerdo?

"Antes era más guapa. Ahora, una mitad de mí se ha ido con mi hijo", repite Souad mientras enseña las fotos de su hijo. Después de la revolución tunisiana, el 14 de marzo del 2011, Badreddine Mselmi cogió junto con otros jóvenes un barco rumbo a Europa. Hace diez años que dejó de enviar mensajes a su madre, cuando llegó a la frontera Italia-Francia: "Mi hijo ha llegado, pero no sabemos dónde está. Lo he buscado sin cesar todos estos años". Souad ha viajado a Italia con Imed Soltani, de la organización Terre Pour Tous, para saber qué ha pasado con su hijo, reclamar la verdad junto con otras madres y pedir responsabilidades por los hijos desaparecidos.

La Unión Europea ya hace tiempo que recula en la defensa de los derechos humanos, sobre todo cuando se habla de inmigración y, todavía más, cuando se trata de enfrentarse a las políticas xenófobas de los países del Este como Bulgaria o Polonia. Si la semana pasada anunció que destinaría unos 3,5 millones de euros para pagar el regreso a sus países de origen de los inmigrantes que se han quedado varados en Bielorrusia después del tour de force de Aleksandr Lukashenko, este miércoles abrió la puerta a Polonia, Letonia y Lituania –los países que han recibido la presión migratoria en sus fronteras por esta política– a recortar el derecho de asilo y saltarse las normas internacionales sobre protección de los refugiados. La situación es muy delicada porque, a pesar de que está claro que se trata de un problema complejo en el que el gobierno bielorruso ha utilizado la desesperación de los migrantes para presionar a la UE y evitar sanciones, el resultado es que, de cara a la opinión pública, parece que el dictador se ha salido con la suya.