El Estado cerró el 2025 con el déficit público más bajo desde el estallido de la crisis financiera del año 2008, gracias a un nuevo récord histórico de recaudación de impuestos, según ha informado este martes el ministerio de Hacienda.

En la política no todo deben ser proclamas y gestualidad. También hace falta pragmatismo. En resumen, ser prácticos para que los ciudadanos, los administrados, tengan la sensación de que no se les deja a un lado cuando van mal dados. Y ésta parece ser la vía que ha emprendido el gobierno español con el paquete de medidas destinado a paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. El conflicto, cuyo final se vislumbra lejano, ha disparado los precios del gas y del petróleo y, por tanto, de todo lo que se deriva, como los carburantes y las tarifas de la luz. Por eso las medidas anunciadas por Pedro Sánchez supondrán unos 5.000 millones de euros, lejos de los más de 20.000 millones movilizados en el 2022 a raíz de la invasión de Ucrania –pero todavía estamos en los inicios e ignoramos cuánto puede durar la guerra.

Visiblemente satisfecha con la propuesta de financiación autonómica presentada por la vicepresidenta española María Jesús Montero, pero consciente de que no se puede obtener el 100% de lo que se quiere, la consejera de Economía, Alícia Romero (Caldes d'Estrac, 1976) recibe el ARA en el Palau de la Generalitat convencida de que Catalunya sale. Y afirmando que no ve imposible que salga adelante.

Existe un motor que impide que la capacidad de gestión del gobierno español se paralice. Es la recaudación de impuestos, que hasta noviembre supera por primera vez los 300.000 millones de euros. Se trata de un nivel sin precedentes, a tan sólo un mes del cierre del ejercicio. Así pues, esta cifra anticipa que 2025 ha sido un nuevo año de ingresos récord.

La semana pasada leíamos que la inflación volvía al 2,9% por el encarecimiento de los precios de la energía. Sin duda, el precio de la electricidad y el de los combustibles son los principales factores de alza de precios en la economía doméstica, ya que no afectan sólo al bolsillo familiar sino también a los costes —y, por tanto, a los precios— de las empresas. Ahora bien, ¿se ha parado alguna vez a pensar qué pagamos en la factura de luz?

Que los ciudadanos más ricos no pagan demasiados impuestos es una conclusión a la que se llega echando un simple vistazo a la mayoría de estudios sobre fiscalidad en Catalunya, en España y en el mundo. Sin embargo, parece que la situación empieza a virar y que los gobiernos de todo el planeta dejan atrás las ideas de décadas pasadas que bajar la tributación era positivo, para centrarse en corregir unas desigualdades que en los últimos años han ido a más.

Estamos acostumbrados a que el diésel sea unos 10 céntimos por litro más económico que la gasolina. Sin embargo, a partir de 2025 esto dejará ser así, ya que el gobierno central ha decidido subir el impuesto de los hidrocarburos en 9,37 céntimos sólo en el diésel. De acuerdo con esta política, el precio de ambos combustibles prácticamente se equipara. La medida no es irrisoria, puesto que según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el 83% del consumo de la automoción en 2024 ha sido diésel. Ahora bien, cuando pagamos el combustible, ¿sabemos lo que estamos pagando?

El Tribunal Supremo ha establecido este lunes que es necesario aplicar un IVA superreducido a todos los tipos de panes, algo que no ocurría hasta ahora, porque se diferenciaban los panes especiales –normalmente los considerados de categoría gourmet–, que tenían un IVA del 21%, y el pan común, más básico, que sí tenía el tipo mínimo del 4%.

La rebaja del IVA sobre algunos alimentos dará un paso atrás este martes. En el decreto de medidas para hacer frente a la crisis energética y de precios aprobado en junio, el gobierno español prorrogó esta bonificación fiscal, pero con la particularidad de que se recuperarían de forma escalonada los tipos habituales.

Leemos en el ARA que “se mantiene hasta el 30 de septiembre la rebaja del IVA del 4% al 0% para los alimentos de primera necesidad”, que eran hasta ahora el pan, la leche, la harina, los huevos, frutas y verduras, legumbres y cereales. A partir de ahora se añade el aceite de oliva. La pasta y algunos aceites mantendrán un IVA del 5% también hasta finales de septiembre (el tipo normal es del 10%).

El gobierno español mantiene la máxima de no precipitarse a la hora de retirar las medidas desplegadas desde hace meses para ayudar a familias y empresas a afrontar las consecuencias económicas derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, que han dado alas a la crisis energética y de precios. Ahora bien, la normalización de ambos choques económicos, así como el retorno de una política fiscal más restrictiva marcada por la reactivación de las reglas fiscales, empuja al ejecutivo de Pedro Sánchez a mover ficha.

El gobierno español reducirá el IVA del aceite de oliva al 0% a partir del 1 de julio y lo incluirá en el grupo de bienes de primera necesidad a los que se les aplica el tipo superreducido. Según han informado este viernes fuentes del ejecutivo, el ministerio de Hacienda aprobará el próximo martes la reducción del impuesto. Actualmente, este producto básico de la dieta mediterránea ya gozaba de una rebaja del IVA al 5%. Con la reducción al cero, el aceite se une a otros productos básicos como el pan, huevos, frutas o verduras. Las mismas fuentes no han especificado durante cuánto tiempo se mantendrá esta rebaja, que será temporal. Después el IVA del aceite de oliva volverá a fijarse en el 4%.

¿Pagan suficientes impuestos los ricos? ¿Y las familias más pobres? ¿Y las empresas? ¿Hay que cambiar el modelo fiscal en España? Estas preguntas recurrentes son algunas de las que intentan responder a los técnicos del ministerio de Hacienda José María Mollinedo y Carlos Cruzado con un nuevo libro provocativamente titulado Los ricos no pagan IRPF (Capitán Swing).

El final de la rebaja del IVA sobre el recibo de la luz y el aumento del coste de los paquetes turísticos y otros servicios de ocio a causa de la Semana Santa hicieron repuntar la inflación en Catalunya en marzo, según las datos del índice de precios al consumo (IPC, el indicador que mide la evolución de los precios) publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En verano de 2021, y ante el incremento de los precios de la energía, el gobierno español decidió tocar la fiscalidad del recibo de la luz para aliviar su impacto. Lo que el ejecutivo de Pedro Sánchez no preveía era que meses después el estallido de la guerra en Ucrania sólo empeoraría la situación y se vería obligado a prorrogar una medida anunciada como "excepcional". Ahora, más de dos años después, parece haber llegado a su punto final, al menos en la rebaja del IVA de la factura de la luz.

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han acordado hoy una reforma de las normas del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que da más flexibilidad a los gobiernos para aplicar el impuesto reducido, excluye los productos perjudiciales para el medio ambiente y permite añadir otros productos considerados esenciales. La reforma ha costado tres años de negociaciones "maratonianas", en expresión del comisario de Economía, Paolo Gentiloni, que ha recordado que la propuesta de Bruselas llegó en 2018 y las negociaciones se han alargado hasta hoy.

Oxígeno económico para las comunidades autónomas, o así lo ha defendido el gobierno español después del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles. El ministerio de Hacienda ha comunicado a las comunidades que el importe de las entregas por anticipado o anticipos, es decir, los recursos del sistema de financiación que recibirán las comunidades en 2022, será de 112.213 millones de euros, un 6,3% más que el año anterior. De esta cantidad, según ha podido saber el ARA, Catalunya recibirá 21.057 millones, un incremento del 6,8% respecto a la última entrega.

Dieciséis meses y una pandemia después, las nuevas reglas del juego están a punto de activarse. A partir de este jueves, 1 de julio, los comercios electrónicos que vendan a otros países de la Unión Europea verán su tributación regulada con nuevos criterios. Bruselas se aproxima, así, a un objetivo doble: convertirse en un mercado único de verdad y blindarse ante el fraude y los problemas de competencia que generan las grandes plataformas extranjeras. Pero ¿qué supone este cambio, en la práctica, para los pequeños empresarios?