Cambios en el sistema de oposiciones para los docentes. El consejo de ministros de este martes ha aprobado un real decreto que concreta cómo afectará la nueva ley de estabilidad del sector público al ámbito educativo. Habrá tres vías para acceder a una plaza de docente en el sistema público de educación: a través de un concurso de méritos, por la vía mixta de un concurso de méritos y de oposición, y por la vía tradicional de un examen de oposiciones. Los dos primeros caminos son los que emanan de la ley que promovió el exministro de Función Pública Miquel Iceta, y son para plazas de interinos estructurales. La tercera vía es la que hasta ahora todavía no se conocía y va dirigida a las plazas de reposición (es decir, de jubilación) y de nueva creación. En total, en todo el Estado hay 116.000 docentes interinos.

Dani se ha estrenado en un aula de primaria hace tres semanas y, desde entonces, ha dado clase en tres centros diferentes. Montserrat ha empezado su carrera docente sustituyendo a una maestra contagiada y con toda la clase confinada. Nieves acababa su breve contrato el día 17 pero el covid hizo estragos en el claustro y diez días después todavía encadenaba sustituciones en la misma escuela. En los centros educativos, este mes de enero ha sido el de los sustitutos: desde que ha empezado el segundo trimestre, el departamento de Educación ha hecho más de 12.000 nombramientos en la escuela pública, y se tendrían que sumar los 4.000 contratos de sustituciones que se han hecho en la escuela concertada. En muchos casos, son docentes que se han incorporado de nuevo al sector educativo. Una primera experiencia laboral marcada por los confinamientos de alumnos, los brevísimos contratos temporales (de dos o tres días), la dificultad de adaptación con tan pocos días y la soledad de entrar en un centro con muchos maestros también sustitutos.

La ley para la reducción de la temporalidad del sector público encara la recta final antes de su aprobación definitiva. Este jueves, el gobierno español, formado por el PSOE y Unidas Podemos, llegó a un acuerdo con ERC y el PNB para introducir dos nuevas disposiciones que prevén que las administraciones públicas convoquen con carácter excepcional un concurso de méritos para "hacer aflorar y consolidar" los puestos de trabajo públicos temporales ocupados durante como mínimo seis años por interinos o, dicho de otro modo, que las plazas temporales que haga más de seis años que están ocupadas de forma ininterrumpida pasen a ser definitivas sin que hagan falta oposiciones. Ahora bien, hay letra pequeña:

El gobierno español ha acordado con ERC y el PNV que los interinos que lleven cinco años en una misma plaza de forma ininterrumpida puedan acceder al puesto de trabajo sin opositar y por "concurso de méritos", según ha avanzado El Periódico y ha podido confirmar el ARA. En concreto, el acuerdo entre los partidos incluye añadir dos disposiciones nuevas en la futura ley de estabilización de la función pública -puesta en marcha por Miquel Iceta y ahora en manos de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero-, y unificar enmiendas de cara a su votación en la cámara baja española.

"Confío que sí", comentaba la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, justo antes de entrar en el pleno del Congreso de los Diputados y defender el decreto ley que busca acabar con la temporalidad de los interinos. Y así ha sido, pero con emoción: el Congreso ha ratificado in extremis la normativa y lo ha hecho como proyecto de ley y tramitación acelerada, es decir, que todavía se puede modificar si los partidos presentan enmiendas a alguno de los artículos. El acuerdo que ha encabezado el hasta ahora ministro de Función Pública, Miquel Iceta, con los sindicatos mayoritarios, pero con la oposición otros sindicatos públicos minoritarios que denuncian que la reforma dejará sin trabajo muchos trabajadores, ha sido ratificado en segunda vuelta -se ha empatado en la primera votación- con mayoría simple gracias a los votos de los partidos del gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos), ERC, Compromís y otros socios minoritarios.

El gobierno español, las comunidades autónomas y los sindicatos han cerrado este lunes un acuerdo sobre el plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas. El ministerio presidido por Miquel Iceta se ha comprometido con Bruselas a reducir en un plazo de tres años hasta un máximo del 8% el elevado volumen de interinos que hay en los ayuntamientos, las diputaciones o los gobiernos autonómicos, incluidos la educación y la sanidad. Las administraciones tendrán la obligación de convertir en fijas unas 300.000 plazas a través de oposiciones. Después de semanas de negociaciones, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha conseguido un acuerdo que "incluye reivindicaciones fundamentales con suficientes garantías", según subraya Comisiones Obreras (CCOO).

Primera victoria de los interinos que trabajan en la administración pública. El Tribunal Supremo ha acordado que un funcionario interino se convierta en indefinido no fijo si su vacante dura más de tres años. Con esta decisión el Supremo rectifica su propia doctrina en relación a la duración del contrato de interinidad después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) declarara contraria al derecho europeo la normativa española que permite renovar contratos temporales en el sector público a la espera de procesos selectivos para los que no existe un plazo concreto fijado.

El gobierno español prepara un cambio legal de gran envergadura para poner fin a la elevada tasa de temporalidad del sector público. El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha anunciado este jueves que el ejecutivo reformará el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para obligar a todas las administraciones públicas –incluidos los ayuntamientos– a cubrir con personal fijo en un plazo máximo de tres años las plazas que actualmente están ocupadas por interinos. El personal con contratos temporal se sitúa alrededor del 8% en el Estado y se dispara hasta el 30% en el caso de las comunidades autónomas. En la Generalitat, llega al 32%. Con la reforma, el gobierno central quiere que la temporalidad no supere el 8% en el conjunto de las administraciones públicas.