Las administraciones tendrán tres años para cubrir las plazas de interinos con personal fijo

MadridEl gobierno español prepara un cambio legal de gran envergadura para poner fin a la elevada tasa de temporalidad del sector público. El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha anunciado este jueves que el ejecutivo reformará el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para obligar a todas las administraciones públicas –incluidos los ayuntamientos– a cubrir con personal fijo en un plazo máximo de tres años las plazas que actualmente están ocupadas por interinos. El personal con contratos temporal se sitúa alrededor del 8% en el Estado y se dispara hasta el 30% en el caso de las comunidades autónomas. En la Generalitat, llega al 32%. Con la reforma, el gobierno central quiere que la temporalidad no supere el 8% en el conjunto de las administraciones públicas.

"El objetivo es desarrollar medidas objetivas para prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad, que se ponga el énfasis en su excepcionalidad y se delimite la duración máxima", ha explicado Iceta en una comparecencia en el Senado. El gobierno español apunta que en la educación y la sanidad se concentra gran parte del problema de la temporalidad. En estos dos sectores, el porcentaje de interinos se sitúa entre el 30% y el 40%.

El Estatuto Básico ya limita el interinato en las administraciones públicas, pero los sindicatos denuncian que no se cumple. Iceta ha admitido que existe el problema y lo ha atribuido, entre otros factores, a las políticas de austeridad de los últimos años que han agravado la temporalidad. El ministro, además, ha recordado que entre 2012 y 2015 -bajo el mandato de Mariano Rajoy- las tasas de reposición de plazas públicas fueron del 0%. "Las administraciones que tenían que seguir prestando los servicios se vieron obligadas a la contratación de personal interino", ha explicado. "Cierta temporalidad es aceptable e incluso necesaria en algunas circunstancias, pero si una persona realiza una tarea en la administración que es permanente, lo más normal es que la realice con un contrato fijo y no desde una temporalidad que precariza el empleo", ha subrayado.

Presión de la Comisión Europea

Bruselas hace años que presiona a España para que reduzca la tasa de interinos en el sector público. Es una de las recomendaciones recurrentes de la Comisión Europea en los informes económicos de España. Ahora el ejecutivo de Pedro Sánchez ha incluido los cambios del Estatuto Básico en la lista de reformas que incluye el plan de recuperación y resiliencia. En el documento que la Moncloa enviará a Bruselas, Sánchez se compromete a impulsar la reforma del sector público antes del 2022. Es un compromiso que adquiere a cambio de los 140.000 millones de euros que llegarán a España para impulsar la economía, muy tocada por la pandemia.

En el Senado, el titular de Función Pública ha asegurado que antes del verano tendría que haber un acuerdo entre las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los sindicatos sobre algunas cuestiones de la reforma. El gobierno español tiene previsto aprobar en septiembre el anteproyecto de la ley de función pública y un decreto para legislar sobre el teletrabajo en el sector público. También se aprobará en junio la Oferta de Empleo Público 2021.

La reforma irá más allá de la reducción de la temporalidad. El gobierno español quiere modernizar el sistema de empleo público para hacerlo más "productivo, eficaz y motivador". Entre los planes que tiene el ministerio está una nueva estrategia para reformar el acceso al empleo público y poner en marcha un plan de captación de talento.

Críticas de los funcionarios

Los sindicatos de trabajadores públicos llevan años denunciando un abuso de la temporalidad por parte de las administraciones, pero critican el anuncio de Iceta. Piden regularizar la situación de los interinos que llevan años trabajando y no convocar nuevas oposiciones que dejarán en la calle trabajadores públicos que llevan décadas como funcionarios. La portavoz de la Plataforma d'Interins/es a Catalunya (PIC), Cristina Gruas, asegura que "estamos ante una situación muy grave" porque la reforma "dejará en la calle a todo un colectivo de personas, muchas de ellas ¡de más de 50 años, que se encontrarán con una situación difícil en el mercado laboral". Según la PIC, en las administraciones catalanas hay 95.000 interinos.

Durante la comparecencia del ministro de Función Pública en el Senado, un grupo de funcionarios se han manifestado para reclamar que se ponga fin al elevado número de plazas interinas, a pesar de dejar claro que se oponen a la reforma que plantea el gobierno español.

Según datos del ministerio, en los próximos 10 años el 51% de los funcionarios del Estado se jubilarán. Actualmente, solo el 12% de los trabajadores públicos de las administraciones del Estado tienen menos de 40 años.