"Necesitamos que la dirección se alinee más con nosotros. A veces parece que estén en otro momento político". Esta frase, de un alcalde de Junts, resume el sentimiento de cargos territoriales sobre el rumbo del partido que pilotan Carles Puigdemont y Jordi Turull. El adiós del exconsejero Jaume Giró –que estaba bien conectado al territorio– y la tendencia a la baja de las encuestas, han sido las últimas gotas que han colmado el vaso: varias fuentes locales expresan "malestar", "inquietud" o "preocupación" porque consideran que el discurso público de la formación no recoge suficientemente su día municipios. Hasta el punto de que hay quien se plantea ir a ver a Puigdemont para exponerle. "Es un grito de auxilio", resume una fuente.

Los alcaldes son piezas clave en todos los partidos políticos. Pero ahora mismo si existe un poder territorial con influencia creciente en el discurso de su formación política, sobre todo en la cuestión de la inmigración, es el poder territorial de Junts. Es el lobi de los alcaldes y concejales de ciudades medias, con buena sintonía entre ellos, y que se han organizado para marcar el rumbo: se encuentran en el ecuador de su mandato, a dos años de las elecciones municipales, y ya se vislumbra que más allá de la competencia electoral habitual con ERC y el PSC se enfrentan también a un evento. En este sentido, se han conjurado para que el partido hable de "todo", también de temas que creen que hasta ahora se consideraban "tabú" y que, en cambio, sí están en la agenda de la extrema derecha. No afrontarlos, creen, le da alas.

"En el tema del padrón debe haber un cambio. No es lógico que puedas empadronar a una persona que dice que vive en el río". De este modo el secretario general de Junts, Jordi Turull, apostaba en una reciente entrevista en Europa Press por una revisión de la inscripción que hacen los municipios de las personas que viven en ella. Una propuesta que responde a una presión interna, que se ha intensificado en los últimos tiempos, de los alcaldes de Junts para endurecer las condiciones de empadronamiento y realizar una serie de reformas de las ayudas sociales ante el auge de la inmigración y también de las "ocupaciones", sostienen. Según fuentes conocedoras de este lobi interno, una serie de alcaldes se han hecho suyo un informe elaborado por uno de los asesores de Junts en la Diputación de Barcelona, ​​en el que se diagnostican, según ellos, los "problemas" que actualmente tiene el mundo local y en los que se proponen una serie de cambios legales que aspiran a que la dirección de Junts en pleno se haga suyos.

El pistoletazo de salida de un nuevo mandato municipal hace aflorar cada vez una cuestión polémica: los sueldos de los alcaldes y concejales. El Ayuntamiento de Barcelona ha subido los salarios un 4% y lo ha reivindicado porque "es una manera de valorar lo que hacemos: no queremos pedir perdón por trabajar en la política", en palabras de la teniente de alcaldía, Laia Bonet. También se han incrementado los sueldos en Badalona un 13% –aunque el del alcalde se ha mantenido igual– y en Sant Cugat un 17,2%. En cambio, otros municipios como Terrassa y Sabadell han decidido congelarlos y Girona ha optado por una rebaja del sueldo del alcalde, el cupero Lluc Salellas, de 14.000 euros. En Lleida se ha hecho una ligera actualización del sueldo del alcalde, pero con reducción del coste para el conjunto del ejecutivo.

Justo hoy hace un mes que, en una maniobra inesperada, ERC, Junts, los comunes y el PSC anunciaron un cambio en la ley de política lingüística para regular los aprendizajes de las lenguas en la escuela con el objetivo de evitar que sea el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el que acabe decretando automáticamente el 25% en castellano. El acuerdo político levantó mucha polvareda: la CUP acusó a los cuatro partidos de cargarse la inmersión, Junts se desdijo y lo puso en el “congelador” y un mes después, los partidos siguen encallados buscando un nuevo redactado que genere más consenso. En cambio, la alcaldesa de Hospitalet, Núria Marín, que es del PSC, fue de las primeras en defender públicamente el acuerdo: podría servir para reforzar el catalán en la segunda ciudad más grande del país, fundamentalmente castellanoparlante. “El castellano se habla en todas partes, lo que hace falta es garantizar el aprendizaje del catalán para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades que el resto. Es cuestión de sentido común”, dijo. 

“Una parte de la Molina está en el Ripollès, que tiene algunas de las montañas más altas de Catalunya. Decir que la comarca no es del Pirineo es ponerse una venda a los ojos y no ver la realidad”. Son las palabras del presidente del Consejo Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer (JxCat), que expresan el malestar y el enojo de los vecinos tanto de esta comarca como del Berguedà y el Solsonès. Las tres comarcas recibieron la semana pasada como una jarra de agua fría que el Govern los excluyera de la consulta sobre los Juegos Olímpicos de Invierno.

Seis comarcas tendrán en sus manos la candidatura de Barcelona-Pirineo 2030. El Govern se ha comprometido a respetar el resultado de la consulta que hará, a finales de primavera, en la Vall d'Aran, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Alta Ribagorça, el Alt Urgell y la Cerdanya. Entre los alcaldes de estos territorios hay disparidad de opiniones, pero ahora ganan claramente dos posicionamientos: o están a favor o requieren ver el proyecto para poder opinar. “Sería una gran oportunidad para que todo el mundo conociera el Pirineo y la Vall d'Aran”, defiende el alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela (Convergència Democràtica Aranesa). “Se tiene que tener información para poder opinar. No sabemos nada del proyecto, si se harán inversiones y cuáles serán. ¿Las podrá escoger el territorio?”, se pregunta el alcalde de Alp, Carles Adsera (Endavant Cerdanya). 

No son nuevos los lamentos de los alcaldes del entorno de Barcelona, pero ahora quieren ser escuchados. Lo plasman en dos manifiestos simultáneos que articulan un bloque de tres alcaldes de la conurbación barcelonesa enganchada al Besòs y otro que aglutina a nueve de la segunda corona que rodea el área metropolitana. La doble maniobra presiona para que la cercanía no quede relegada por la capital en las ayudas para rehacerse de la sacudida de la crisis del covid-19.